Los pagos millonarios que algunos presos hacen a funcionarios del Inpec para entrar teléfonos celulares a las cárceles son el comienzo de las redes de extorsión que se arman dentro de los centro penitenciarios.Según el Gaula, las ganancias para los presos involucrados en ese delito pueden llegar a los 2.000 millones de pesos al año.
Precisamente por estar vinculados a casos de extorsión o secuestro planeados desde las cárceles, 15 funcionarios del Inpec fueron capturados entre el 2015 y el 2018.
Ellos se habían aliado con presos que, utilizando los celulares, se han especializado en extorsionar a comerciantes o ciudadanos del común. Siempre cuentan con la complicidad de personas en el exterior que hacen seguimientos a las víctimas para obtener información, con la cual los delincuentes presos las amedrentan durante las llamadas para pedir el dinero.
Los cómplices en el exterior ubican, por ejemplo, datos de la familia, cuentas bancarias y movimientos de los hijos. Mientras más información obtienen, más grande es la suma que exigen quienes hacen las llamadas desde las cárceles. Otros delincuentes ubican a sus víctimas a través de las redes sociales.
Para recibir el dinero de las extorsiones, los delincuentes suelen usar empresas de giros. Les piden a los extorsionados que envíen el dinero a través de estas agencias a nombre de determinadas personas, que luego se presentan a recoger el dinero con cédulas falsas.
Dentro de las cárceles también han sido identificadas redes que se dedican a ‘arrendar’ los celulares a cambio de un porcentaje por cada extorsión que se concrete.
“Desde un solo celular se pueden hacer 250 llamadas extorsivas al día. Y cambian de SIM card para que los números no puedan ser identificados con facilidad”, le dijo a EL TIEMPO el director del Gaula de la Policía, general Fernando Murillo.
Desde un solo celular se pueden hacer 250 llamadas extorsivas al día. Y cambian de SIM card para que los números no puedan ser identificados con facilidad
Una de las estrategias contra los extorsionistas de las cárceles ha sido infiltrar agentes en los patios.
Así se ha obtenido información que ha permitido judicializar a presos que se dedican a la extorsión y a funcionarios corruptos del Inpec que los han apoyado.
Entre el 2015 y el 2018 fueron identificados 417 internos que hacían extorsiones telefónicas, de los cuales 172 fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad por ser reincidentes.
La propuesta de instalar inhibidores para llamadas de celular desde las cárceles sigue sin prosperar porque no se ha encontrado la manera de evitar que se bloqueen también los teléfonos móviles de quienes viven o tienen sus actividades laborales ordinarias cerca de los centros penitenciarios.
Participaron en la realización de este informe especial: Marisol Gómez Giraldo, Editora de la sección Justicia y Paz; Saír Buitrago, Subeditor de la sección, y los redactores Michel Quiñones, Juan Camilo Pedraza, Alicia Méndez y María Isabel Ortiz.
En Twitter: @PazYJusticiaET
Comentar