Un año después del atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander –el peor ataque terrorista contra una unidad de la Fuerza Pública en una gran urbe– persisten varios de los interrogantes que dejó esa acción criminal del Eln, así como sus consecuencias políticas y diplomáticas.
Desde un primer momento, la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad de esa guerrilla en la explosión del carro bomba contra la escuela de formación de los cadetes de la Policía, ubicada en el sur de Bogotá.
El hombre que conducía el carro, un veterano ‘eleno’ conocido con el alias de El Mocho –había perdido una mano manipulando explosivos en la zona de frontera con Venezuela– murió en el sitio.
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Sus antecedentes criminales y su plena identidad (se llamaba José Aldemar Rojas) fueron confirmadas con las huellas dactilares recuperadas de su mano izquierda, la cual fue encontrada a más de 15 metros del lugar donde explotó el viejo campero Nissan que llevaba al menos 80 kilos de pentolita.
Sus restos fueron depositados en una fosa común. Un año después, nadie ha aparecido en Medicina Legal para reclamarlos. Sus familiares aseguran que no tenían noticias de él desde hace casi 20 años. Había nacido en Puerto Boyacá, pero su sitio de residencia era una vereda de Cubará, Boyacá, en límites con Arauca y con Venezuela.
Y alrededor de este oscuro hombre, quien tenía 56 años en el momento de su muerte, gira uno de los grandes enigmas del caso: ¿protagonizó el ‘Mocho’ el primer ataque terrorista suicida en la historia de Colombia? La investigación de la Fiscalía sigue cuatro líneas y esa es una de las prioritarias.
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La hipótesis del terrorista suicida es fuerte. Aunque la versión de que tenía una enfermedad terminal no pudo ser determinada por los destrozos en el cuerpo, en varias comunicaciones interceptadas a ‘Pablito’ y otros mandos ‘elenos’ en la frontera aparecieron menciones a la enfermedad del ‘Mocho’. Y la manera como se activó la carga explosiva refuerza la posibilidad de que se hubiera volado por decisión propia.
Rojas condujo el vehículo hasta la Escuela de Cadetes, entró por una portería auxiliar, se adentró en las instalaciones por más de 100 metros y luego inició una embestida mortal que lo llevó a atropellar a varios uniformados y, finalmente, a su muerte en la misma explosión que cobró la vida de 22 jóvenes que empezaban su carrera como oficiales de la Policía.
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La investigación encontró que la carga tenía dos mecanismos de activación: un temporizador y un detonador manual. En los dos casos, Rojas, quien además era un experto explosivista, tenía o conocimiento o control sobre el momento cuando se produciría la detonación. Aunque en el lugar se hallaron pedazos de celulares, lo que creen los investigadores es que pertenecían a los jóvenes cadetes y no al victimario.
Uno de los estudiantes, sobreviviente, confirmó que el atacante no pareció pensar nunca en salir del complejo policial: “Vi un carro que giró y se llevó dos conos de seguridad. El conductor empezó a zigzaguear y atropelló a mis compañeros, los que iban adelante (...). En un segundo veo que la camioneta queda frente a mí y acelera a fondo: yo me puse las manos en la cara como intentado protegerme y al tiempo sentí una gran explosión”.
En todo caso, no se ha descartado de plano que Rojas hubiera planeado inicialmente abandonar el carro y huir en la moto de un segundo terrorista que acompañó la ruta del carro bomba desde una bodega del barrio Santa Librada hasta la Escuela. Ese hombre, el cual aún no ha sido capturado, pero sobre el que hay varias pistas, tiene respuestas que el país espera.
Bandera izada a media asta en el Monumento a los Héroes Caídos en Acción de las Fuerzas Armadas, ubicado en la calle 26, en Bogotá.
Abel Cárdenas. EL TIEMPO
El fácil acceso que tuvo el terrorista al que se suponía era uno de los sitios más custodiados de Bogotá, aprovechando -al parecer- dos ceremonias que se realizaban ese día, es el eje de la segunda línea de investigación de la Fiscalía y otra zona oscura en el caso. La Procuraduría, por su parte, abrió un proceso disciplinario, por omisión, contra dos generales.
Los fiscales no han descartado que los terroristas hubieran logrado infiltrarse en la Policía, y en lo que hay coincidencia es en que aprovecharon los vacíos en los controles de entrada a la Escuela, empezando por la precariedad del sistema de vigilancia con cámaras.
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El carro entró por una puerta auxiliar con poca vigilancia, y que además tenía dañada la reja, sobre las 9:29 de la mañana de ese jueves de enero. Por casi un minuto nadie pareció ocuparse del desvencijado campero, que logró avanzar hasta la avenida Santander, la vía interna más importante del campus. Tras la primera alerta, el terrorista inició una acelerada carrera en la que atropelló a varios uniformados y que terminó, poco después, con la mortal explosión en una plazoleta ubicada en las inmediaciones de los dormitorios femeninos. Allí los cadetes que hacían parte de la guardia de honor de la escuela se preparaban para acompañar las honras fúnebres de un general retirado.
Para identificar a la mayoría de las víctimas fueron necesarias pruebas de ADN, debido a los destrozos provocados por los explosivos. La dolorosa tragedia pudo ser peor, porque en ese momento había cerca de mil cadetes en la Escuela y el carro bomba pasó frente a varias concentraciones de muchachos.
Hasta el momento, la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ha capturado a tres personas. El 18 de enero del 2019, un día después del ataque, fue detenido en Bogotá Ricardo Andrés Carvajal Salgar, quien -según interceptaciones telefónicas- reconoció haber participado en el atentado y tenía en su casa un ‘manual del combatiente primera fase de instrucción’ y uniformes militares.
Además, según el proceso, él pagó el arriendo de la bodega del sur de Bogotá –la cual había alquilado alias Mocho–, donde se instaló la carga explosiva en el carro. Su defensa y su familia dicen que es inocente, y por ahora está en una celda de La Picota esperando juicio por terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio, daño en bien ajeno y uso ilegal de material privativo de las Fuerzas Armadas, en calidad de cómplice.
Frente a la entrada de la Escuela de Cadetes General Santander, civiles, familiares y compañeros de los cadetes asesinados dejaron flores en memoria de los 22 muertos.
AFP
La segunda captura del caso ocurrió el 29 de enero del año pasado en la vereda La Primavera, de Arauquita (Arauca). A Wilson Arévalo Hernández le imputaron los delitos de rebelión, financiamiento del terrorismo, terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Él y el tercer capturado, Álvaro José Mateus Vargas, son señalados por la Fiscalía como testaferros del frente ‘Domingo Laín’ del Eln. Arévalo, según la Fiscalía, llevó de Arauca a Bogotá el Nissan.
Su defensa asegura que él es inocente y que de hecho su nombre no aparece en organigramas del Eln que lo puedan vinccular con esa organización.
El 20 de mayo del 2019 fue capturado Mateus Vargas. Dueño de una empresa de lácteos, está señalado de manejar la plata de alias Pablito, el miembro del Comando Central (Coce), del Eln, el cual ordenó el atentado.
La Fiscalía dice que dio la plata para la compra del carro y le inició procesos de extinción de dominio sobre bienes avaluados en 12.000 millones de pesos que están en varios municipios de Arauca y en Bogotá. “El material probatorio recopilado permitió conocer que Álvaro José Mateus Vargas, alias Quesero, quien aceptó cargos y está pendiente de condena, habría aportado dinero para diferentes actuaciones ilegales. Los dineros habrían salido de la empresa de lácteos El Arauqueño S.A.S., la cual serviría de fachada para lavar activos ilícitos y sus vehículos de carga, al parecer, eran usados para transportar droga y dinero a Bogotá, a cambio de armamento, explosivos y material logístico que llegaban a las estructuras del frente de guerra Oriental del Eln”, dice un informe reservado de la Fiscalía.
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Mateus es, a su vez, la línea directa con Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, ‘Pablito’, del Eln, quien desde el otro lado de la frontera con Venezuela ha comandado la escalada violenta de esa guerrilla en los últimos años.
En poco más de un mes, el 28 de febrero, la Fiscalía intentará imputar cargos por homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y destrucción de institución educativa a los miembros del Comando Central del Eln (Coce) y su dirección nacional.
Entre ellos están ‘Pablito’ y los jefes guerrilleros que están refugiados en Cuba: ‘Gabino’, ‘Pablo Beltrán’ y ‘Antonio García’. Precisamente, entre los daños colaterales del atentado se cuentan las relaciones diplomáticas con La Habana.
Cuba, que fue clave en el proceso de paz con las Farc, también estaba jugando su papel en los fracasados diálogos con el Eln. Doce meses después, la cúpula ‘elena’ sigue gozando de la hospitalidad del gobierno de Miguel Díaz-Canel y las relaciones diplomáticas con Bogotá se mantienen en el limbo.
JHON TORRES (EDITOR DE MESA CENTRAL) Y JUSTICIA
EL TIEMPO
Este artículo hace parte del especial 'Tributo a 22 héroes: Un año del ataque del terrorismo al corazón de la Policía', que informa sobre el estado actual de la investigación y cómo están las familias de las víctimas mortales del ataque en el aniversario de los hechos.
