La Contraloría General determinó que la comercializadora La Nueva Esperanza, que se encargó de vender productos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, está registrada en la Cámara de Comercio de esa ciudad como una ferretería que, lejos de tener un énfasis en los productos alimenticios, se encarga de distribuir pintura y productos de vidrio.
Pero esa no es la única irregularidad que ronda a esta comercializadora que aparece en las facturas vendiendo una pechuga de pollo a 40.000 pesos, sobrecosto que indignó al país por tratarse del dinero con el que se alimenta a los niños más pobres.
La Contraloría también determinó que, según información de la Dirección de Impuestos Nacionales (Dian), "no aparecen reportes de declaraciones de IVA" por parte de esta comercializadora.
Esto significa que a pesar de que la comercializadora deducía el IVA en sus facturas, no lo reportaba ni lo retribuía a la Dian.
"Revisada la obligación financiera, se pudo establecer que no aparecen reportes de declaraciones de IVA presentadas por el contribuyente Comercializadora La Nueva Esperanza en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2016", dice la comunicación de la DIAN a la Contraloría.
En las facturas que presentó la empresa contratista del PAE Consorcio Proescolares, encargada de ejecutar el contrato -incluso en las que le cobró a la alcaldía por las pechugas a 40.000 pesos-, se deduce el valor del IVA que nunca fue retribuido.
Además, la Contraloría también aseguró que hay dudas por la relación de primer grado que habría entre el representante legal de la Comercializadora La Nueva Esperanza y el antiguo dueño de la empresa contratista que se quedó con el negocio del PAE.
Otra irregularidad consiste en que mientras el contratista le presentó unos precios a la Fiducia, que estaban ajustados a los costos reales de los alimentos en el mercado, fueron otros los que le presentó y cobró a la administración distrital.
El Consorcio Proescolares obtuvo el contrato por un valor de 15.831 millones de pesos el 5 de agosto del año pasado. Luego, el 26 de diciembre de ese año, logró que se aprobaran vigencias futuras para ampliar el contrato 28 días por 7.886 millones de pesos.
En ese punto la Contraloría determinó, por ejemplo, que para legalizar el anticipo el consorcio le presentó a la fiduciaria Servitrust GNB (que tenía los recursos) facturas en donde se veían los costos reales de los alimentos.
Allí se evidencia, por ejemplo, que la pechuga de pollo le había costado 7.000 pesos, el kilo de carne, 11.000 pesos, el kilo de carne molida, 10.000 pesos, y el kilo de bofe, 9.000 pesos.
Sin embargo, cuando le cobró al Distrito de Cartagena el contrato se ve cómo se incrementaron los precios ostensiblemente. Entonces la pechuga pasó a costar 40.000 pesos, el kilo de carne pasó a 25.000 pesos, la carne molida a 38.000 pesos y el kilo de bofe a 15.000 pesos.
En los siguientes documentos se ve la relación de facturas en donde aparecen los precios cobrados a la Fiducia, y el documento que muestra cómo la Comercializadora no ha venido reportando IVA y su objeto es la distribución de productos de ferretería.
Una de las razones por las que el contratista pudo presentarle unos costos a la Fiducia y otros a la Alcaldía es que, según la Contraloría, la Fiducia también debe verificar la debida inversión de los recursos públicos que se destinan a los anticipos, por lo que "el contratista le presentó facturas con valores ajustados al mercado, más no hizo lo mismo para soportar los pagos realizados por el Distrito".
Por eso la Contraloría criticó que la alcaldía de Cartagena, que estaba en cabeza del suspendido alcalde Manuel Vicente Duque Vásquez, no haya cuidado los recursos públicos de la alimentación de los niños.
"Era obligación de dicha administración verificar el gasto que realizaba el contratista para soportar los pagos que se realizaran", dice la Contraloría.
La comercializadora que no está reportando el IVA fue creada en el 2012, según el registro de matrícula mercantil. Su representante legal, según los registros de la Cámara de Comercio de Cartagena, es Óscar Esteban de Oro Benitez.
A la fecha sus activos son de 1.093 millones de pesos, según un registro de marzo del 2016 pues "no ha cumplido con el deber legal de renovar su matrícula".
JUSTICIA
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