¿Universidades son territorios ‘prohibidos’ para la Fuerza Pública?

¿Universidades son territorios ‘prohibidos’ para la Fuerza Pública? 

En ningún lado está escrito que el Estado tenga territorios prohibidos para proteger a ciudadanos.

Disturbios en la Universidad Pedagógica

En Bogotá, solo con autorización de los rectores de las instituciones, la policía puede ingresar a los campus.

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Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Por: Jhon Torres
24 de febrero 2020 , 05:14 p.m.

En el país, por cuenta de las protestas que empezaron desde el 21 de noviembre, está encendido el debate sobre la conveniencia o no de permitir el ingreso de la policía, concretamente del Esmad, a los campus de las universidades públicas afectadas por la violencia de los vándalos.

Argumentos a favor y en contra hay por montones. Unos, como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, están por una acción más decidida de la Fuerza Pública, especialmente frente a los casos evidentes de uso y manipulación de explosivos en los centros educativos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y otros mandatarios van en una línea menos dura, pero que igual no descarta que –tras petición de los rectores y de la comunidad educativa, para proteger el principio constitucional de autonomía universitaria– la policía pueda ingresar excepcionalmente a los campus.

(Le puede interesar: La fuerte polémica por entrada del Esmad a la Universidad de Antioquia)

Se trata de una polémica compleja que, sin duda, no tiene respuestas en blanco y negro. Y esas respuestas pasan por entender, y enderezar, el camino que nos ha llevado a que no solo en las universidades públicas, sino en los territorios de comunidades negras e indígenas, entre otros, se siga viendo a los que legítimamente portan las armas del Estado –es decir, a quienes nosotros mismos como ciudadanos les hemos dado esa misión– como una especie de fuerza no solo invasiva, sino agresora.

En ninguna parte de la Constitución ni en la ley está escrito que, cuando hay graves alteraciones del orden público o situaciones de conflicto, el Estado y sus armas tengan territorios prohibidos para cumplir su misión de proteger a todos los colombianos. Pero décadas de abusos y no pocos crímenes de agentes oficiales probados y condenados por la justicia han alimentado la percepción, equivocada y peligrosa, de que los ciudadanos estamos en la mitad y que no deberíamos tomar partido entre los violentos y las autoridades.

Lo que nos muestra la historia es que los ilegales no respetan autonomías ni territorios de paz

Pero no. Lo que nos muestra la historia es que los ilegales no respetan autonomías ni territorios de paz. Y la oposición radical a la presencia o entrada de la Fuerza Pública a esas zonas suele ser capitalizada por los violentos, a los que no espantan ni escándalos ni denuncias. Pasó y sigue pasando en los territorios indígenas del Cauca, y pasa en varias universidades públicas donde las protestas legítimas siguen viéndose contaminadas con las papas bomba de los encapuchados de siempre.

En tiempos de posconflicto, no son concebibles territorios vedados para las autoridades legítimas, menos en situaciones excepcionales, de claro riesgo para la vida de los ciudadanos. Lo que no impide reconocer que el Estado tiene por delante una enorme tarea por garantizar la legitimidad y transparencia en todos sus actos, incluidos los de fuerza, de tal manera que incluso los que sistemáticamente desconfían de sus acciones sepan que, frente a la violencia, el único lado posible es el de la ley.

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

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