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Investigación

Colpensiones es la entidad que más demandan los colombianos

Ahora Colpensiones se encargará de asegurar, a través de los cobros coactivos, los pagos no realizados por empleadores.

Ahora Colpensiones se encargará de asegurar, a través de los cobros coactivos, los pagos no realizados por empleadores.

Foto:David Sánchez / Archivo EL TIEMPO.

Así lo dice un balance de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ¿De qué se trata?

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado señaló que con corte a 30 de septiembre de este año hay 326.025 procesos judiciales en curso con pretensiones por 494 billones de pesos, que se suman a otros 35 de arbitraje por 3,5 billones de pesos; 12 de controversias internacionales de inversión por 11,1 billones; y otros 1937 expedientes interadministrativos por 6,1 billones de pesos.
A estos se suman 866 procesos que cursan en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de ese total, solo este año, fueron admitidos por la justicia para revisión 64.100 nuevas demandas.
Según la entidad, el Estado se ha ahorrado 69,9 billones de pesos, desde 2018, teniendo en cuenta fallos que han sido fallados favorablemente a la Nación, resaltando que la cifra por fallos perdidos es de 6,3 billones.
Las entidades más demandadas son Colpensiones con el 30 por ciento con 98.238 casos, seguido del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (15,3 por ciento); la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (8,1 por ciento), el Ministerio de Defensa (7,4 por ciento), la Policía Nacional (6.5 por ciento), la UGPP y la Fiscalía General (6,2 por ciento cada una), seguida de la Dian, la Previsora y el Ministerio de Hacienda.
Pero por pretensiones, las demandas contra la Policía son las más altas con 143,4 billones, seguido de las presentadas contra el Ministerio de Defensa con 78,8 billones, el de Minas con 75,2 billones, el de Ambiente con 56,9 billones y del Transporte por 56,7 billones de pesos, entre otros.
Las demandas que no tienen que ver con temas laborales se presentaron principalmente por la privación injusta de la libertad, incumplimiento de sentencias, lesiones accidentales, en contra de decisiones disciplinarias y por fallas en la prestación de servicios de salud.
Y, por cuantía, lo más demandado son los daños derivados de actos administrativos ilícitos, por desplazamiento forzado, por omisión en las funciones de vigilancia y control y daño ambiental por erradicación de cultivos o por el sector de hidrocarburos.

Se buscará reducir retrasos en pagos de condenas

Martha Lucía Zamora, directora Agecia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Martha Lucía Zamora, directora Agecia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Foto:Andje

La directora de la ANDJE, Martha Lucía Zamora, dijo que desde la firma del Acuerdo de Paz se registró una reducción significativa de las demandas contra la Nación relacionadas con el conflicto armado.
Específicamente, una reducción del 90,6 por ciento se vio en los casos de lesión a civiles por actos terroristas, otra de 55,2 por ciento de procesos admitidos en relación con las lesiones a civil por explosión de mina antipersonal y una del 65, 6 por ciento en los procesos admitidos por desplazamiento forzado.
Zamora dijo que el Gobierno trabajará para lograr que se reduzca la mora que hay en el pago de las condenas que han sido emitidas por los jueces en Colombia.
“Esto es un deber del Estado. Son órdenes que vienen de nuestra judicatura y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en donde hay que reconocer unas indemnizaciones a las víctimas. Esto a veces sobrepasa cualquier presupuesto, pero es una reflexión que se ha hecho sobre la importancia de lograr saldar esa deuda con las víctimas”, dijo.
Según explicó Zamora, el tema fue discutido en una reunión con todas las oficinas jurídicas de entidades del Estado, en la que estuvo la del Ministerio de Hacienda.
“El ministerio de Hacienda lo sabe muy bien, que esta es una recomendación del Presidente en cumplimiento de unas sentencias. Él mismo lo ha advertido: tenemos que hacerlo porque se convertiría en una revictimización y en un desconocimiento a un mandato judicial y, de otro lado, las victimas esperan que también sean reparados de tanto daño”, agregó.
justicia@eltiempo.com
@JusticiaET

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