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Colombia y la ‘guerra fría’ con el Sistema Interamericano
CIDH y vicepresidencia

Reunión de la CIDH con el Gobierno Nacional en el Palacio de San Carlos.

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Cancillería

Colombia y la ‘guerra fría’ con el Sistema Interamericano

Reunión de la CIDH con el Gobierno Nacional en el Palacio de San Carlos.

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A nuestros gobiernos les tocará liderar los cambios necesarios para blindar el sistema. Opinión.

Además de la vieja lista de problemas sin salida que aquejan a nuestra justicia –inoperancia de la Comisión de Acusación, corrupción del Inpec, impunidad–, en los últimos años ha venido cobrando fuerza uno incluso más apremiante, como que trasciende el ámbito nacional: la conflictiva relación del país con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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No hay que llamarse a equívocos: la Comisión y la Corte Interamericana, más allá de sus recientes polémicas, han contribuido de forma clave a la materialización y al avance de los derechos humanos en el continente. Así, pues, no se trata de buscar salidas para tratar de abstraerse (como lo han hecho los regímenes de Maduro y Ortega, los impresentables del vecindario) de su alcance.

Siendo esto así, incluso los más beligerantes defensores del Sistema no podrían negar que hace rato llegó el momento de modernizar sus procedimientos y adecuarlos a una realidad más compleja de la que se vivía a mediados del siglo pasado, cuando nacieron esas instituciones y cuando nuestras democracias (y ni hablar de los sistemas de pesos y contrapesos de poder) estaban en obra negra.

La Convención Americana de Derechos Humanos incluye figuras anacrónicas que, como en las constituciones políticas, pueden dar lugar a injusticias y situaciones de impunidad. Lo que muestra la experiencia es que tanto la Corte como la Comisión en unos casos se apegan literalmente a los artículos de la carta, y en otros los interpretan y traen a la luz de los nuevos desarrollos tecnológicos y jurisprudenciales. Y hay poca claridad sobre los elementos de juicio que las llevan a escoger un camino u otro.

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Promover ante la OEA una actualización de la Convención es una posibilidad, pero difícilmente alcanzable y, en todo caso, riesgosa por las puertas que pueden abrirse. Suena entonces más lógico buscar una reforma de los reglamentos de la Comisión y de la Corte. No para reducir los derechos de las personas, sino para garantizar procesos serios e imparciales que, de paso, son su mejor blindaje frente a sus muchos, algunos fundados, críticos. Hoy, por ejemplo, el Sistema no garantiza el derecho a la doble instancia (o sea, la posibilidad de apelar una condena) para los Estados. Paradójico si se tiene en cuenta que a países como Colombia los ha condenado por la no existencia de esa revisión de fallo en casos con otras garantías procesales especiales, como los de los aforados.

Al país no le sirve la ‘guerra fría’ con la Comisión y la Corte IDH. Por eso a nuestros gobiernos les tocará, más temprano que tarde, darse el lapo de liderar –en el Sistema, no por fuera– los cambios que se necesitan para blindarlo de los ruidos políticos.

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

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