Colombia tiene Mindefensa 'ad hoc' para temas de seguridad privada

Colombia tiene Mindefensa 'ad hoc' para temas de seguridad privada

Por impedimentos de Guillermo Botero, parte de estos temas quedaron en la órbita de Alicia Arango.

Alicia Arango

Ministra de Trabajo Alicia Arango.

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EL TIEMPO

Por: UNIDAD INVESTIGATIVA
27 de febrero 2019 , 06:26 a.m.

El Ministerio del Trabajo acaba de ser facultado por la Casa de Nariño no solo para designar al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, sino también para ejecutar la reglamentación de la llamada Ley del Vigilante, una normatividad que impacta en el desempeño de los 235.000 guardas que hay en el país, 185.000 de ellos armados.

La decisión se tomó luego de que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se declaró impedido para conocer de estos asuntos, debido –entre otras cosas– a las posturas que sostuvo como Presidente de Fenalco en torno a este sector. Una de las que más polémica levantó en su momento fue la de permitir capital extranjero en la vigilancia privada colombiana.

El Consejo de Ministros, liderado por el presidente Iván Duque, abordó los impedimentos del Ministro en dos ocasiones. La primera, en noviembre del año pasado cuando los aceptó (decreto 2151 de 2018); y, la segunda, la semana pasada cuando amplió las facultades de Alicia Arango –jefa de la cartera de Trabajo– como ministra de Defensa ad hoc en reemplazo de Botero (decreto 263 de 2019).

Con esa decisión, Arango quedó habilitada para nombrar al Superintendente que reemplazará a Fernando Martínez Bravo –quien presentó su renuncia en diciembre pasado–, un cargo que vigila, controla y diseña todas las políticas públicas que afectan a la seguridad privada que, entre otras cosas, también controla 1’500.000 cámaras de vigilancia en todo el país.

Eso se traduce en que el despacho de quien fuera la secretaria privada del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, quedó la potestad de designar a una persona que, además, manejará una entidad con un presupuesto cercano a los 26.000 millones de pesos anuales.

Además, frente a la potestad de liderar la discusión y aprobación del desarrollo legal de la Ley del Vigilante, la Ministra ad hoc podrá influir en la reglamentación del llamado examen de aptitud de los guardas y, entre otras cosas, en los beneficios por contratar a personas discapacitadas.

Dudas del gremio

No obstante, la más reciente reunión para este tema se realizó el lunes 25 de febrero en el Ministerio de Defensa, cuatro días después de que vía decreto se facultara a la ministra de Trabajo para liderar esta discusión. Y de ahí que algunos de los asistentes a la cita manifestaran su sorpresa.

Me estoy enterando por EL TIEMPO que esta reglamentación quedó en manos de la ministra Arango, por lo que creo que por lo menos la última reunión pudo ser más bien infructuosa. Vamos a pedir una cita inmediata con las personas que ahora tienen las facultades”, aseguró José Saavedra, de Empresas Colombinas de Seguridad (Ecos).

Sin embargo, desde la Confederación del Gremio de Vigilancia y Seguridad Privada (Confevip) no hubo la misma sorpresa. Su presidente, Miguel Ángel Díaz, reconoció que “con la doctora Alicia Arango tenemos una trayectoria y una relación de varios años, por lo que recibimos con beneplácito su designación en este campo”.

EL TIEMPO se comunicó con el superintendente Martínez Bravo para despejar la duda en torno a si los gremios ya estaban o no informados, pero hizo saber que se mantendrá al margen del debate hasta tanto no se defina su situación, pues su renuncia no ha sido aceptada y tampoco hay certeza sobre si va a ser o no ratificado en el cargo.

Claro que es en el Congreso donde más debate hay por las facultades que ahora reviste Alicia Arango. El principal tema es su cercanía al senador Uribe, quien desde hace semanas viene abogado por una eventual flexibilización del porte de armas. Y si bien el Centro Democrático –partido de Uribe y de Arango– y el Gobierno defienden la idoneidad de la Ministra de Trabajo para manejar temas de seguridad privada, desde la oposición hubo rechazo a una decisión que había pasado inadvertida para la opinión pública.

Antonio Sanguino, senador de Alianza Verde, afirmó que “genera mucha suspicacia y preocupación que la persona a quien le delegan esa competencia y responsabilidad sea quien haya sido secretaria privada del expresidente Uribe, cuando fue precisamente él una de las personas más comprometidas en lo que pasó con las llamadas Convivir”.

‘Actuaré conforme a derecho’

Esta misma postura la manifestó el senador del Polo Iván Cepeda. “Podemos estar ante un conflicto de intereses de la ministra Arango, por lo que hay que ver los alcances de las funciones que se le asignaron y la relación que guardan con la enunciación de las políticas del Gobierno. Esa mezcla de seguridad privada y políticas de seguridad no ha resultado bien en el pasado”, advirtió.

EL TIEMPO buscó a la ministra Arango para conocer su postura sobre esta polémica y advirtió, a través de un cuestionario que aceptó responder en medio de una incapacidad médica, que “no es cierto que haya sido designada para todos los asuntos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”.

Según ella, su trabajo se circunscribe a lo relacionado con las “situaciones administrativas de personal” relacionadas con la designación de Superintendente y de quien oficiará como su jefe de control interno. Y también a lo referente al “trámite y expedición de actos administrativos de carácter reglamentario” de la llamada ‘Ley del Vigilante’.

“No he tenido contacto alguno con las agremiaciones. Y no avizoro causales de impedimento en este momento; en el momento de evidenciar cualquier conflicto de interés actuaré conforme a derecho como lo he hecho a lo largo de mi vida pública y privada”, enfatizó la ahora Ministra de Defensa ad hoc.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com@UInvestigativaET

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