Cada año, el país pierde en promedio 194.000 hectáreas de bosque

Cada año, el país pierde en promedio 194.000 hectáreas de bosque

Contraloría dice que las áreas de reserva forestal se han reducido en un 23 por ciento.

Deforestación Amazonia

Frontera entre los PNN Tinigua y Picachos. La ganadería es una de las actividades que más acorrala.

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FCDS

Por: MILENA SARRALDE DUQUE
25 de agosto 2018 , 01:30 a.m.

Hace 59 años en el país se declararon siete grandes reservas forestales para el desarrollo de la economía de los bosques, la protección de suelos y de la vida silvestre. Esas reservas tenían 63 millones de hectáreas, comprendiendo la mayoría de selva en el país.

Aunque se trata de territorios claves para el medioambiente de Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, las reservas forestales han perdido un 23 por ciento de territorio desde el año 1962.

Así lo reveló un informe de la Contraloría General que muestra cómo se han sustraído 14,7 millones de hectáreas (lo que equivale a 83 veces el área de Bogotá, o casi toda el área de bosques que tiene Chile), por lo que la zona de reserva hoy cuenta con 48 millones de hectáreas, que cubren el 68 por ciento de bosques de Colombia.

Con esas cifras, la Contraloría asegura que cada año se pierden 194.000 hectáreas de bosque en zonas de reserva, por lo que la entidad afirma que “el país podría quedarse sin bosques de continuar con esa tendencia de pérdida de cobertura forestal”. Esa cifra es superior a la meta de 90.000 hectáreas anuales de deforestación planteada por el Gobierno.

La zona protegida que más ha perdido terreno es la Amazonia, que al inicio de su protección tenía 40,7 millones de hectáreas y hoy tiene 5,8 millones menos, con lo que perdió el 14 por ciento. Según cifras del 2016, allí se talaron 40.000 hectáreas de bosque.

También preocupa la zona del río Magdalena, que tenía 6,3 millones de hectáreas salvaguardadas y hoy solo cuenta con 2,1 millones;
o el Pacífico que pasó de 12 millones de hectáreas a 8,5. 

La depredación preocupa por varias razones: la primera, dice la Contraloría, es que el 84 por ciento de áreas extraídas (unos 12,5 millones) se han usado en reformas agrarias y titulación de baldíos de las que se cuestiona su efectividad para resolver los problemas de inequidad, acceso a la propiedad, pobreza y conflictos en tenencia de la tierra.

El organismo de control afirma que el Ministerio de Ambiente aún no ha saldado su deuda de explicar si “esas zonas solicitadas para sustracciones con fines de reforma agraria correspondieron a zonas aptas para ese propósito, y si fueron o no otorgadas”.

Además, “cabe la duda de que todos los baldíos ocupados hayan cumplido con el plan de manejo de reglamento”. Por ejemplo, se encontró que la titulación de baldíos ha generado incentivos perversos como la ocupación y explotación para la ganadería, lo que ha mantenido la degradación.

Además, el extinto Incoder (reemplazado por la Agencia de Tierras) logró que se aprobaran en el 2012 la sustracción de 28.453 hectáreas en 11 municipios, pero es poco lo que se ha avanzado en la formalización.

El país podría quedarse sin bosques de continuar con esa tendencia de pérdida de cobertura forestal

Otro problema identificado por la investigación es que el 10 por ciento de lo sustraído (1,4 millones de hectáreas) se destinó a la minería. Esa situación se agrava teniendo en cuenta que en las zonas que todavía son de reserva se han identificado además 500 títulos mineros que abarcan un área de 466.141 hectáreas, lo que corresponde a un 3,31 por ciento de lo que se pretendió proteger en 1959.

La zona de reserva forestal del Pacífico es donde hay más actividades de este tipo (119 títulos con una extensión de 211.165 hectáreas), y la Central (160 títulos con 75.612 hectáreas).

El informe critica que no existan acciones específicas “para hacer frente al problema de la minería ilegal en las zonas de reserva forestal”. Así, aunque se han expedido normas para evitar los daños de esa actividad, y se han creado espacios como la Mesa Minera del Chocó para tomar medidas en la región Pacífico, “la magnitud de los daños que se producen a los ecosistemas hace que las acciones que se tomen deban ser inmediatas”.

Desorden en la clasificación

Una explicación de que zonas de reservas se estén usando en minería es que de los 48 millones de hectáreas protegidas que aún quedan, las autoridades solo han cumplido con la zonificación de 14 millones. La zonificación es clave porque es la que permite determinar en qué se pueden usar estas regiones: mantenimiento de procesos ecológicos como la regulación hídrica y climática; intervención en pastos y gestión de la biodiversidad; o actividades productivas en zonas agrícolas o ganaderas.

En esta última forma de zonificación se encontró que de un millón de hectáreas solo el 19 por ciento tiene bosques, pues la mayoría están siendo usadas en ganadería, en un 64 por ciento.

La Contraloría afirma que si bien el Gobierno ha dicho que el 7 por ciento del PIB viene de la ganadería, hay que tener en cuenta que “entes conservacionistas promueven el cierre de la frontera agropecuaria con el fin de evitar la depredación forestal”.

Por ejemplo, en la zona de reserva forestal de los Motilones, en Cesar, se observa “el aumento de ganadería dedicada a la industria láctea”. En el municipio de Manaure se encontró que casi la totalidad de la cobertura boscosa (un 90 por ciento) ha sido eliminada por acción del hombre, y solo sobrevive la que está en las pendientes.

Pero más preocupante aún es que en zonas de reserva forestal como la del Pacífico, específicamente en municipios como Argelia y El Plateado (Cauca), “un gran porcentaje del bosque ha desaparecido y ha sido reemplazado por cultivos ilícitos, especialmente coca”. Lo mismo se evidenció en El Tambo, en donde en una visita en octubre del 2017 la Contraloría detectó que se estaban iniciando procesos de tala para poner viviendas y cultivos ilícitos.

Y en la Amazonia, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Chiribiquete, la Contraloría detectó que hay una “alarmante situación de incremento y expansión de la deforestación”.

Asegura que, pese a que desde que las Farc dejaron sus territorios se ha aumentado la deforestación ilegal, es poco lo que han hecho las autoridades para contenerla. En este momento, grupos armados disidentes de las Farc “están repartiendo tierras y fomentando la colonización de zonas antes inaccesibles en áreas no mayores a 100 hectáreas”, dice el estudio.

En la zona de reserva forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta se encontró, además de la ganadería extensiva, que la depredación forestal se había acelerado por los cultivos ilícitos que se han disminuido desde la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, es poco lo que a nivel general se ha avanzado en la sustitución en zonas resguardadas.

Incertidumbre por protección de bosques en el posconflicto

La reforma rural integral que se pactó con las Farc en la firma del acuerdo de paz, y que fue avalada por la Corte Constitucional, también es clave para el futuro de las zonas de reserva forestal.

En la reforma se pactó que parte de las zonas protegidas irán al Banco de Tierras. La Contraloría dice que, ante las problemáticas que afrontan estas zonas por la degradación, “se suscitan serias dudas sobre si el Estado colombiano está realmente en capacidad de revertir las condiciones adversas actuales y, además, potenciar estas zonas para cumplir con la doble finalidad de darles un uso sostenible en el tiempo”, para cumplir con lo pactado.

A esto se suma que la Contraloría ha dicho que la reforma rural tendría un costo de 110,6 billones de pesos, el 85 por ciento de lo que costarán en total los acuerdos con las Farc, por lo que es indispensable buscar fuentes de financiación y asegurar que las zonas de reserva forestal puedan ayudar a cumplir con esa propuesta para mejorar el campo y bajar la concentración de la tierra.

El informe asegura que el Ministerio de Ambiente aún no tiene certeza sobre qué cantidad de hectáreas de zonas de reserva forestal irán al Fondo de Tierras; sin embargo, se ha proyectado que podrían ingresar 1,2 millones de hectáreas adjudicables.

Pero es poco lo que se ha avanzado en determinar cuál será el papel que tendrán las zonas de reserva en el posconflicto. Tampoco –dice la Contraloría–se ha determinado cuál podría ser el impacto ambiental de una ocupación de esa magnitud ni se han creado instrumentos para un manejo sostenible de los bosques.

Por eso, la Contraloría cuestionó cuál ha sido el uso que el Gobierno les ha dado a los recursos que vienen de cooperación internacional y que debían ser usados en esa materia. El ente investigador dice que es “incomprensible”, además, que mientras el Ministerio de Ambiente asegura que la deforestación en las zonas de reserva por parte de los cultivos ilegales es baja, y que la mayoría viene por la praderización y potrerización, “no se contemplen estrategias de lucha contra la deforestación”.

Además, asegura que “la política de sustitución de cultivos de uso ilícito en zonas de reserva carecen de los suficientes incentivos económicos y educativos para que se haga de forma consensuada entre Gobierno y cultivadores”.

MILENA SARRALDE DUQUE
JUSTICIA@Msarralde

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