Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), indicó que Colombia no buscará conciliar con la multinacional brasilera Odebrecht la demanda que esta avisó que pondría contra el país en agosto pasado argumentando que el escándalo de corrupción que salpica a la empresa -por sobornos para conseguir jugosos contratos de infraestructura- los afectó.
Las pretensiones de esa demanda llegan a 3,6 billones de pesos, casi tres veces lo que terminará costando el Túnel de la Línea (según Anif $ 1,4 billones) y equivalente a todo el presupuesto del sector Vivienda en 2018 en Colombia.
"El proceso está apenas iniciando, Odebrecht presentó el aviso de inicio de controversia, luego hay un plazo de 6 meses, que se vence en enero o febrero, para ver si ellos presentan finalmente la demanda. Esta etapa de 6 meses busca conciliar y desde luego no habrá conciliación en este tema", aseguró Gómez, quien agregó que el litigio se resolverá en el tribunal de arbitraje.
Por otro lado, el director de la ANDJE indicó que la reciente decisión del Tribunal Adminsitrativo de Cundinamarca, que inhabilitó a la empresa por 10 años para contratar con el Estado y les impuso una multa de más de 800.000 millones de pesos, "tiene argumentos que se esgrimirán dentro del litigio internacional que ha planteado Odebrecht en arbitraje de inversión".
En el pasado la ANDJE indicó que el proceso para resolver la demanda de Odebrecht costaría entre 4 y 5 millones.
En su aviso de inicio de pleito, Odebrecht había dicho que el escándalo en Colombia había dañado su reputación y que el Gobierno había buscado "expropiarlos ilegalmente" de sus intereses locales, donde hacían parte de la concesionaria Ruta del Sol, de la cual tuvo que salir en octubre del 2017 por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La multinacional basa su demanda en el tratado de protección de inversiones entre Colombia y España, suscrito hace unos 10 años, argumentando que si bien hubo sobornos, fueron solo de algunos directivos y que, en cambio, entidades como la Procuraduría, la Agencia Nacional de Infraestructura y las superintendencias de Industria, Sociedades y Puertos buscaron expropiarlos indirectamente.
En su momento y tras darse a conocer su demanda, Odebrecht expidió un comunicado diciendo que no estaban "pretendiendo una indemnización, aspiramos legítimamente a que nos respeten los derechos como inversores extranjeros y nos permitan recuperar nuestra inversión que está reflejada en 500 kilómetros de carretera que hoy están en uso por la población”.
Este dinero sería, según la empresa, para atender obligaciones con trabajadores, bancos, contratistas e inversionistas.
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