Este jueves se destapó el escándalo de seis médicos que se vieron envueltos presuntamente en la falsificación de títulos provenientes de universidades en Brasil.
Los implicados son Francisco José Sales Puccini, Carlos Elías Sales Puccini, Jorge Nempeque Domínguez, Ronald Ricardo Ramos Daza, Juan Pablo Robles Álvarez y Óscar Javier Sandoval Estupiñán, quien fue presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica.
Deberán responder por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, cargos que ninguno aceptó. Por ahora, el juzgado 67 suspendió provisionalmente las resoluciones que convalidan sus especializaciones. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, que se resolverá el próximo martes.
Todo inició con una denuncia que presentó Mario Antonio Aurea el 13 de mayo del 2016, en la que informaba que había problemas en la búsqueda de prácticas en el exterior del país.
Fue por esto que, el año pasado, el Ministerio de Educación suspendió durante un mes convalidaciones en trámite de posgrados en cirugía plástica, debido a irregularidades de horas cursadas, otorgados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de la Plata (Argentina) y la Universidad Veiga de Almeida (Brasil).
El fiscal del caso explicó durante la audiencia de imputación que muchos médicos durante ese periodo "compraban estos títulos para poder graduarse", sin haber cursado las horas requeridas para una especialización. Es por esto que hay 37 médicos más que estarían involucrados en el mismo caso.
Mientras en Colombia son 4 años de especialización requeridos, en Brasil son 2.216 horas anuales durante 5 años, más la validación de estas por parte de la Asociación Médica Brasilera (AMB) y la Comisión Nacional de Residencia Médica en Brasil.
Sin embargo, antes de que el entramado se destapara, el primer médico que, según la Fiscalía, inició con el trámite de falsificación de títulos fue Óscar Sandoval Estupiñan, quien envió el 18 de marzo de 2017 al Ministerio de Educación la solicitud de convalidación de un diplomado en cirugía plástica y estética. Aunque este inicialmente no fue aceptado, el 11 de septiembre del mismo año obtuvo la validación deseada.
La investigación de la Fiscalía, evidencia que Sandoval Estupiñan presentó los siguientes certificados al Ministerio:
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En la Universidad Veiga de Almeida, un diplomado de 4 años cuya duración fue del 14 de abril del año 2012 al 28 de septiembre del siguiente año, certificando 2.616 horas de las cuales, según la Fiscalía, solamente cumplió con 540.
"Estuvo 54 días en Brasil, si contamos un máximo de 10 horas por día, no llegaría a cumplir las que dijo haber realizado", indicó el ente acusador. -
Un curso de cirugía general en la que dijo que estuvo del 21 de abril del año 2012 al 16 de marzo del 2014, cruzándose con el diplomado anterior.
La Fiscalía confirmó con la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica que estos dos cursos no son compatibles y no se pueden realizar paralelamente.
En lo que respecta a las prácticas, que también fueron certificadas mediante el Ministerio de Educación, el médico Sandoval Estupiñán presentó:
1. Del Hospital Ribeirao Prieto, en el que al parecer cumplió con dos prácticas durante los periodos 1 al 31 de octubre del año 2012 y del 4 al 10 de noviembre del mismo año. En este fueron 180 horas las certificadas, las cuales al parecer fueron las únicas que pudo haber cumplido.
2. Del Hospital Beneficiaria Portuguesa, en el que le acreditaron 1.870 horas de las que únicamente, según el fiscal, pudo estar 9 días ya que se cruzaban con otros cursos y tampoco concuerda con su permanencia en el país vecino.
3. De la Clínica Eduardo Considera, en la que hizo dos cursos: uno de cirugía estética corporal y otro de cirugía estética facial, realizados presuntamente del 1 de octubre del 2012 al 3 de marzo del 2013. Allí, le certificaron 180 horas por curso. En total realizó 360, de las cuales no asistió a ninguna porque el tiempo que estuvo en Brasil, según informes de emigración que presentó la Fiscalía, lo empleó en los demás cursos.
4. De la Sociedad de Cirugía Plástica y Estética, cuyo lapso de estudios era del 1 de abril del 2013 al 26 de septiembre del mismo año. En este le certificaron 480 horas, de las cuales estuvo 0 horas porque, según el ente acusador, no "tenía capacidad física" para ir a tantos cursos paralelamente.
Bajo este mismo modus operandi, los otros cinco médicos también imputados presentaron papeles certificando estudios y prácticas que no realizaron.
Además, según la Fiscalía, con ayuda de Sandoval Estupiñán y de su esposa, Maria del Pilar Leyva, radicaron todos sus certificados ante el Ministerio de Educación.
El fiscal afirmó que el Ministerio de Educación fue engañado, ya que esta entidad pública actuó bajo buena fe, recibiendo los certificados como un estudio integral para completar las horas, pensando además que los cursos se habían hecho de manera presencial, como lo requiere la ley.
Después de una larga imputación y antes de la solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía le solicitó al juzgado que suspendiera las resoluciones que convalidaban las especializaciones de cirugía plástica, estética y constructiva.
El fiscal afirmó que “es un peligro que esos certificados sigan vigentes”, ya que nuevos pacientes podrían caer en las manos de estos médicos cuyos estudios están siendo objeto de debate.
Sin embargo, la defensa dijo que no deberían suspenderse estos títulos ya que en la audiencia deberían estar todos los que participaron en estas certificaciones, incluido el representante del Ministerio de Educación.
Adicionalmente, dijo que no se puede decir que está probada la materialidad de la conducta y por tanto sería una sentencia anticipada llegar a suspender las resoluciones vulnerando el derecho de los imputados al debido proceso.
Frente a estos argumentos, la juez confirmó que la Fiscalía efectivamente había citado al representante del Ministerio de Educación, pero que este previamente avisó que se encontraba en Montería y le era imposible llegar a la diligencia.
No obstante, afirmó que no era necesario la presencia del representante, ya que la Fiscalía se encuentra en toda la facultad de llevar a cabo la audiencia porque precisamente el primer garante del derecho de las víctimas es el ente acusador.
Finalmente, la juez aclaró que no haría un juicio de responsabilidad penal de los imputados, pero que sí tendría en cuenta que los requisitos que se presentaron para convalidar los títulos no correspondían a los que se piden para realizar estos procedimiento tanto en Colombia como en Brasil.
Ya que lo que está en tela de juicio son las especializaciones en cirugía plástica, estética y constructiva, la Fiscalía cumplió con la suspensión de los estudios presentados.
JUSTICIA
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