El auto de la Corte Constitucional sobre el glifosato hizo varias aclaraciones sobre los requisitos que había establecido para volver a fumigar con el herbicida, y las evidencias que se deben tener en cuenta sobre los efectos de ese químico en la salud y en el medioambiente. Estos son los tres puntos más importantes:
La decisión de fumigar es del Consejo Nacional de EstupefacientesEl Consejo Nacional de Estupefacientes tendría la última palabra sobre el regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato. Ese mismo Consejo fue el que en mayo de 2015 aprobó la suspensión de la aspersión.
En todo caso, esa instancia, cuya Secretaría Técnica está en el Ministerio de Justicia, tendrá que acatar las seis condiciones establecidas por la Corte Constitucional en su fallo del 2017.
Por eso la posibilidad de reanudar el glifosato no será inmediata, ya que el Gobierno tiene que garantizar que cumplió con las seis exigencias que le hizo el alto tribunal.
En el Consejo tienen asiento entre otros los ministerios de Salud, Educación, Agricultura, el Procurador General y la Policía.
El Consejo de Estupefacientes tendrá que tener en cuenta la aclaración que estableció la Corte en su decisión de hoy.
Este es uno de los puntos más importantes del auto expedido este jueves pues la resolución sobre el tema que haga el Consejo de estupefacientes ya no deberá fundarse “en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”.
Y en cambio debe tener en cuenta que esto “no equivale a demostrar, por una parte, que exista certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia del daño”. Además señala que esto tampoco equivales a “establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto”.
Aunque los magistrados aseguran que no se flexibilizaron los requisitos, esto en la práctica supone hacer más fácil el cumplimiento de la exigencia que existía frente a las evidencias sobre los riesgos y el daño del glifosato, que algunos han asociado con enfermedades como el cáncer.
Los magistrados señalaron que cualquier decisión que se tome debe garantizar el respeto por el punto cuarto del acuerdo.
Según ese punto firmado en La Habana el Gobierno priorizará la erradicación voluntaria de los cultivos ilegales pero no renuncia a la fumigación. De hecho el acuerdo señala que cuando no haya acuerdo con las comunidades se procederá a la erradicación manual y luego a otros “instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión”.
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