Siete meses después de que la Fiscalía General solicitó en extradición al reconocido empresario del sector de vehículos Carlos Mattos, la Audiencia Nacional de España avaló su envío a Colombia.
Mattos, quien por años fue el representante exclusivo de la marca coreana de carros Hyundai, en Colombia- salió del país en un vuelo comercial el 8 de abril del 2018, y desde entonces se encuentra en Europa.
La Fiscalía lo investiga porque presuntamente habría pagado dineros a funcionarios judiciales para manipular a su favor un proceso judicial con el fin de que se le permitiera mantener el monopolio de la venta de coches Hyundai en el país. Estas son las claves de su caso.
Hyundai terminó la alianza con MattosA finales del 2015 la casa matriz de Hyundai dio por terminada la alianza que tenía con Carlos Mattos, negocio con el que el empresario controlaba en el país la venta de carros de la coreana, y dárselo a un consorcio ecuatoriano denominado Neocorp.
Esto llevó a que el empresario, que tenía una inversión en su negocio de 500 millones de dólares, había abierto 58 concesionarios y 75 vitrinas en todo el país, iniciara una batalla legal para mantener el control de la marca.
Así fue como una demanda civil de Mattos llegó al juzgado sexto del circuito de Bogotá, Reinaldo Huertas, cuyo despacho en abril del 2016 decidió tomar a favor del empresario unas medidas cautelares para permitirle ser el único vendedor de coches Hyundai en Colombia.
El juez le prohibió a Hyundai Motor Company distribuir sus vehículos con empresas distintas a la de Mattos.
Cinco meses después de que Mattos logró las medidas cautelares, la Fiscalía General aseguró que había evidencias de que en el reparto de la demanda civil el sistema judicial había sido manipulado, con el fin de que el caso se le direccionara al juez que favoreció a Mattos.
Tras las investigaciones y hacer seguimientos a los equipos del sistema de reparto de Bogotá, la Fiscalía ordenó varias capturas de funcionarios judiciales que participaron en los hechos.
En el proceso de investigación funcionarios judiciales como Ramón Orlando Ramírez Fuentes, Carlos Arturo López Lara, Wilmer Andrey Patiño Rodríguez, Wilmar Andrey Casas Mendoza, Luis David Durán Acuña, Edwin Fabián Macías Castañeda y Dagoberto Rodríguez Niño aceptaron los cargos en las audiencias de imputación.
El expediente asegura que Mattos tenía interés de que el caso llegara a juez Reinaldo Huertas porque ya había acordado con él, y con su oficial mayor, Dagoberto Rodríguez Niño, que les pagaría coimas a cambio de que el juzgado decretara una medida cautelar para favorecer los intereses económicos de Mattos.
El acuerdo se gestó en octubre del 2015, cuando, dice el expediente, Mattos y su abogado Luis David Durán, contactaron a Dagoberto Rodríguez para ofrecerle a él y al juez el soborno. Rodríguez fue el enlace a través del que llegaron al juez Huertas.
Según la investigación, en una reunión que se hizo en el apartamento de Mattos, el empresario le ofreció al juez y al oficial mayor 700 millones de pesos que se dividirían en un 60 por ciento para Huertas, y el otro 40 por ciento para Rodríguez.
Además, pagaron una prima de éxito que consistía una remuneración adicional para que se decretara dicha medida cautelar en el transcurso de un año, por la que se ofrecieron 1.000 millones de pesos más para cada uno.
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