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Investigación

Los puntos que controvirtió el Gobierno sobre informe de la CIDH

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El ejecutivo manifestó sus diferencias frente a varias recomendaciones de la Comisión.

En un documento de 48 páginas, que generó una fuerte reacción del Gobierno Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo púbicas sus observaciones y 41 recomendaciones tras la visita hecha al país a comienzos de junio en el marco del paro.
Los comisionados llamaron al Estado a garantizar el derecho a la protesta pacífica y a restringir al máximo el uso de la fuerza en el control de las protestas. Y además hizo una serie de recomendaciones que generaron la reacción del Ejecutivo, dos de ellas la separación de la Policía del Ministerio de Defensa y que el Gobierno atendiera su deber de “tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta”, refiriéndose a los bloqueos que la Comisión llama cortes de ruta.
El presidente Iván Duque respondió; “aquí tenemos que ser claros (...) nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad, nosotros hemos sido un Gobierno y un país respetuoso de la protesta pacífica”. Y añadió que los bloqueos han atentado contra los derechos colectivos.
Y frente a la salida de la Policía del Mindefensa señaló que no es un capricho y que se ha buscado evitar su politización y garantizar una “coordinación armónica con todas las fuerzas, pero también para cumplir labores de carácter humanitario y de protección”.
El informe marca un nuevo capítulo en las diferencias entre Colombia y el sistema interamericano que han llegado incluso a que los representantes del Estado se quejen de un supuesto tratamiento asimétrico y poco objetivo. A los pronunciamientos del presidente Duque y la Cancillería se sumó Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien señaló que el informe “desde el punto de vista estrictamente jurídico no es vinculante”.
Gómez indicó: “Colombia tiene una institucionalidad fuerte y sólida, me parece que eso pesa, porque la Comisión es un órgano subsidiario, por eso por el momento no tiene ningún carácter jurídico ni obligatorio”.
Edward Pérez, abogado experto en derecho internacional, dijo que si bien las recomendaciones no son vinculantes “lo que sí vincula es la fuente de las recomendaciones que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las obligaciones internacionales del país”.

Siete puntos que los separan

Mecanismo de seguimiento
La CIDH afirmó que mantendrá el monitoreo de las protestas y anunció la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos “que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”. La Cancillería rechazó ese mecanismo y dijo que “Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos”. Además insistió en que la Comisión actúa de forma subsidiaria.
Uso de la Fuerza
La Comisión dijo que constató que en reiteradas ocasiones, y en varias zonas, la respuesta del Estado “se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”. Y añadió que se deben aplicar criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El Gobierno afirmó que se han atendido esos principios y que los casos han sido excepcionales. Dijo que en las últimas 8 semanas se han realizado 14.390 actos de protesta y en solo 1.725 de ellos se requirió presencia de la Fuerza Pública.
El Comité del Paro llevó un informe ante la CIDH.

El Comité del Paro llevó un informe ante la CIDH.

Foto:Twitter: @cutcolombia

Violencia contra etnias
En su informe la CIDH habló de violencia basada en discriminación étnico-racial en el marco de la protesta y señaló que en algunas de las zonas en las que se registró mayor tensión hay presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes.
La Cancillería dijo que rechaza, “con preocupación, la sugerencia del presunto uso de la fuerza contra poblaciones específicas, así como una supuesta estigmatización estructural” y dijo que el Estado garantiza la protección de los derechos de grupos étnicos, población LGBTI y personas en estado de vulnerabilidad.
Denuncia por traslados
La Comisión indicó que el Estado les habló de 7.020 detenciones de personas realizadas bajo la figura de 'Traslado por protección' y que se denunció que la detención se habría extendido, en algunos casos, más allá del plazo permitido, en lugares no habilitados y que se estaría utilizando para amedrentar a manifestantes.
El Gobierno respondió que esa figura es legítima y que como está concebida no hay lugar a que se utilice para desapariciones y tratos crueles o inhumanos. Dijo que si se dieron irregularidades, habría sanciones.
Investigación y sanción
En una de sus 40 recomendaciones la CIDH señaló que se deben “investigar, juzgar y sancionar a los responsables de delitos cometidos en el marco de las protestas”, a lo que el Ejecutivo señaló que el presidente Iván Duque, en cabeza del Gobierno, “ha condenado de manera enérgica y categórica todo acto de violencia durante las manifestaciones y que la Fiscalía General avanza –desde su autonomía– en las investigaciones de cada uno de estos delitos, que comprenden los actos de la Fuerza Pública”, así como los de los civiles vinculados a violencia y vandalismo.
Diferencia de cifras y versiones
La Comisión hizo relación de las cifras del Gobierno y de las ONG y manifestó su preocupación por las diferencias y la disparidad en lo reportado por el Ejecutivo y hechos documentados por la sociedad civil, principalmente en relación con víctimas fatales y con personas desaparecidas.
El Estado dijo que advierte con extrañeza que algunas de las cifras del informe carecen de contrastación y se pone en duda la información entregada por las víctimas hasta el punto que dice que en la muerte de dos bebés en los bloqueos se dijo que “presuntamente” se debió a la falta de atención médica.
Incluyó otros temas
El informe de la CIDH incluyó temas como el acuerdo de paz con las Farc y la adecuación que había ordenado hacer en cuanto a la sanción de funcionarios de elección popular a propósito del fallo por la sanción al senador Gustavo Petro.
El Gobierno dijo que “observa, con preocupación” que se mencionen temas que no corresponden al objeto de la visita, “y cuya discusión tiene que ver con escenarios distintos”. Añadió que la CIDH no tiene competencia sobre el acuerdo y que en el país “hay una clara separación de poderes” y el sistema judicial y los órganos de control son independientes.

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