La audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade se aplazó en una oportunidad; la de medida de aseguramiento fue cancelada tres veces y la de acusación, suspendida en una ocasión. Entre la primera fecha que se fijó para la imputación y la acusación pasaron nueve meses, que en teoría deberían ser tres.
El lunes de la semana pasada, la audiencia de preparación de juicio contra Juan Carlos Ortiz por el caso de Interbolsa fue aplazada porque la defensa pidió más tiempo para la revisión de las pruebas. Con ese mismo argumento, el exdirectivo del Fondo Premium había logrado frenar la diligencia el 15 de enero y el 23 de marzo. En la más reciente audiencia, pese a que la juez aceptó la solicitud de aplazamiento, recordó que el proceso lleva un año y cuatro meses sin avances.
Sobre este caso, el fiscal general Néstor Humberto Martínez ha insistido en que en mayo vencen los términos para que la justicia decida. De hecho, como respuesta a la alerta, la Judicatura le pidió a la juez priorizar el caso y le dejó solo unos cuantos procesos de relevancia para quitarle carga laboral.
Estos son dos ejemplos de la extendida práctica de cancelar y suspender diligencias judiciales que, de lejos, es uno de los grandes problemas de la justicia, pues no solo afecta el desarrollo del proceso mismo que se aplaza, sino que les quita la oportunidad a otros casos de tener decisiones ante la justicia.
La extendida práctica de cancelar y suspender diligencias judiciales es, de lejos, uno de los grandes problemas de la justicia en Colombia.
Martín García / Archivo
Según datos del Consejo Superior de la Judicatura, el año pasado se cancelaron 427.458 audiencias, que equivalen al 38,2 por ciento de las diligencias programadas.
La primera causa de las cancelaciones recae sobre la defensa, que fue la responsable del 51 por ciento de las cancelaciones; es decir, de 216.051 audiencias.
Si bien es cierto que existen normas para castigar las estrategias dilatorias, no son muchos los abogados que terminan sancionados. De acuerdo con un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia, es necesario que los jueces asuman no solo el poder sino el deber de sancionar a los defensores. La corporación describe casos en los que se han permitido dilaciones de hasta tres años para realizar una diligencia sin que se haya abierto ningún proceso disciplinario contra los abogados.
Es necesario que los jueces asuman no solo el poder sino el deber de sancionar a los defensores
También sucede que cuando se abren procesos, estos no llegan a ninguna parte. Por ejemplo, en febrero pasado, el juez sexto especializado de Bogotá compulsó copias contra el abogado del polémico empresario Alfonso el ‘Turco’ Hilsaca, pues se cancelaron tres audiencias por su inasistencia injustificada a estas.
El juez señaló que se estaba “torpedeando la justicia” y exigió que se nombrara un abogado de oficio para acompañar a Hilsaca en la audiencia preparatoria de juicio. Pero, aunque el juzgado había compulsado copias contra el abogado por inasistencia, el tribunal disciplinario no se ha pronunciado.
Sin embargo, no solo por inasistencia se extienden los procesos indefinidamente, también por la presentación excesiva de recursos, que expertos califican de abuso del derecho. Este es el caso del proceso contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, por la falsa desmovilización del bloque ‘Cacica La Gaitana’ de las Farc, que lleva seis años sin que se inicie el juicio.
Según la Judicatura, la segunda razón por la que se cancelan más audiencias es por responsabilidad del fiscal. El año pasado, 100.244 diligencias, lo que equivale al 23 por ciento del total de aplazamientos, tuvieron que ver con inconvenientes del delegado del ente acusador. Las estadísticas dan cuenta de que 54.791 audiencias (12 % de las canceladas) no se pudieron realizar por otras causas.
El año pasado, durante la conmemoración de los 25 años de la Fiscalía, el jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, señaló que el sistema penal acusatorio está colapsando, y una muestra de ello es que en julio del 2017 había 112.461 audiencias represadas, de las cuales 17.168 eran de imputación de cargos.
De hecho, más de 2.600 estaban programadas para un año después; es decir, hoy todavía no se han realizado. Y afirmó que más del 10 % de las audiencias para instalar juicio oral toman más de un año.
La fuga hace un par de semanas de 2 internos de la cárcel Picota de Bogotá puso sobre la mesa nuevamente las graves dificultades que tiene el Inpec para cumplir con sus funciones. Y muestra de ello es que 27.853 diligencias no se hicieron porque los detenidos no fueron remitidos a los estrados judiciales.
La situación es tan crítica que, como consecuencia de los no traslados, han quedado en libertad por vencimiento de términos homicidas, ladrones, extorsionistas y todo tipo de delincuentes.
Hace cuatro meses salieron de la cárcel Las Mercedes de Montería Luis Carlos Gómez Fonseca y Rodián Chacón Guzmán, sindicados del homicidio del comerciante Álvaro Morales Manchego, ocurrido en diciembre del 2016 en Chinú, Córdoba. Los hombres no quedaron libres precisamente por demostrar su inocencia en el caso, sino porque se vencieron los términos.
Otras de las razones de los aplazamientos fueron: no disponibilidad del juez en 16.566 casos, la no citación a las partes en 7.986 oportunidades y fallas técnicas o salas no disponibles para la realización de 3.967 audiencias.Las regiones con la menor tasa de efectividad de audiencias son Riohacha, con 51 por ciento de diligencias no realizadas; Barranquilla con el 39 y Sincelejo con el 38.
Un video fue la prueba clave de la Fiscalía para sindicar a Luis Carlos Gómez Fonseca y Rodian Chacón Guzmán como presuntos responsables del homicidio del comerciante Álvaro Morales Manchego, ocurrido el 11 de diciembre del 2016 en Chinú, Córdoba.
Las imágenes muestran que dos hombres movilizados en una motocicleta se le acercan a Morales –quien estaba a punto de subir a su camioneta blanca–, le apuntan con un arma y, luego de un forcejeo, el parrillero hace dos disparos a corta distancia contra el comerciante.
De acuerdo con la investigación, Morales Manchego había retirado de una entidad bancaria, 20 minutos antes de su muerte, la suma de 20 millones de pesos con los que iba a pagar unas reparaciones de su casa y otras facturas. Al salir del banco se desplazó a una ferretería, en frente de la cual fue abordado por los fleteros.
Pese a la contundencia de las pruebas –el rostro de los atacantes coincide, según la Fiscalía, con los de Gómez y Chacón–, los hombres quedaron en libertad en diciembre pasado por vencimiento de términos. Para el juez segundo penal del Circuito de Montería, Edwin José Rodelo, transcurrieron más de 120 días desde la acusación hasta el inicio del juicio.
El 10 de febrero del 2017 se radicó el escrito ante el juzgado de conocimiento y se fijó la primera audiencia de sustentación para 13 días después. La audiencia no se realizó porque la defensa de los dos capturados no se presentó.
La nueva citación quedó para el 22 de marzo, pero la diligencia tuvo que ser aplazada porque el juez fue enviado a una comisión.
Hubo una tercera citación para el 17 de abril, pero tampoco se cumplió. En esa ocasión, la excusa fue del Inpec, que aseguró no tener disponible el medio de transporte para llevarlos de la cárcel Las Mercedes de Montería a los juzgados en Chinú, Córdoba.
Esa justificación jugó a favor de los procesados, que desde el 26 de marzo hasta el 17 de abril sumaron 26 días a sus cuentas para que se vencieran los términos.
En una nueva fecha acordada para el 24 de abril, los presos no fueron trasladados nuevamente porque, según el Inpec, no había gasolina para tanquear el carro y, por tercera vez, el 2 de mayo, el Inpec incumplió con el traslado.
El 11 de mayo no llegaron ni los detenidos ni el abogado. Los días de aplazamiento se sumaron una vez más a las cuentas de Gómez y Chacón.
Como respuesta a los no traslados, el juez decidió realizar la audiencia en la cárcel Las Mercedes, pero por demorarse 10 minutos en el protocolo de ingreso al centro penitenciario, la defensa de los acusados se negó a participar, aludiendo el incumplimiento del funcionario.
Por no tener gasolina para el traslado, la audiencia se volvió a cancelar el 14 de junio y el 4 de agosto, acercándose a los 31 días del vencimiento de términos. En el interludio entre ambas citas se acordó una para el 4 de julio, pero la defensa de los acusados no llegó. Tampoco se presentó el 25 de agosto. Finalmente, el 12 de septiembre, la Fiscalía pudo sustentar la acusación.
Ese día se acordó que para el siguiente mes, el 13 de octubre, sería la audiencia preparatoria de juicio, a la que el abogado de los detenidos tampoco se presentó.
De acuerdo con el juez Rodelo, el proceso se retrasó solo porque los detenidos no fueron remitidos a las diligencias durante 135 días.
El juez aseguró haber “utilizado todos los medios para tratar de finalizar la actuación, pero una institución que representa el Estado (el Inpec) ha dado al traste para que se configure la causal invocada por la bancada de la defensa”, según la cual se habían sobrepasado los términos.
En la audiencia, Rodelo pidió que se investigue a los responsables del traslado de los presos a las audiencias en la cárcel Las Mercedes porque hubo “abandono por parte de los funcionarios del Inpec en cumplir los requerimientos del operador judicial”.
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