¿Casos por abusos sexuales en el conflicto están en el limbo?

¿Casos por abusos sexuales en el conflicto están en el limbo?

Fiscalía preparó informe sobre avance de casos. Si hay impunidad, CPI puede intervenir: expertos.

Violencia sexual en la guerra

Mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Foto de archivo.

Foto:

Cortesía Centro nacional de Memoria Histórica

Por: Justicia
12 de mayo 2020 , 08:11 p.m.

Un documento de la Fiscalía General a la Corte Penal  Internacional revelado por EL TIEMPO deja preocupaciones sobre la suerte que están corriendo importantes investigaciones por delitos sexuales perpetrados en medio del conflicto armado.

En el documento, fechado el 10 de marzo pasado, la Fiscalía colombiana le envió a la Cancillería -para su envío a la CPI- las respuesta a varias de las inquietudes que planteó la Corte.

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Específicamente, la Fiscalía se refiere a procesos frente a casos priorizados por la Corte Constitucional en los autos 092 de 2008, 009 de 2015 y 098 de 2013, los dos primeros por violencia sexual y el tercero por desplazamiento. En esos autos están documentadas más 5.000 víctimas de violencia sexual entre 1985 y 2013.

Según el documento del ente acusador, por los autos 092 de 2008 y 009 de 2015 hay 623 procesos de los cuales solo 11 están en ejecución de penas por una sentencia condenatoria. En apelación de sentencias hay 4 procesos, mientras que hay imputaciones en 18 casos, y 5 casos están en juicio.

Sobre esos mismos autos, el ente acusador refirió que a octubre del 2019 los presuntos autores vinculados eran en 20,5 % las Auc; en 10 % las Farc; 9,95 %, paramilitares; 6,26%, Fuerza Pública; 5,94%, Bacrim; 4,65 %, subversión; 4,53 %, civiles; y 2,41 %, guerrilla.

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Pero en el mayor porcentaje de casos, el 33,23 %, el presunto autor de los delitos aún estaba por determinar.

Igualmente, se señalaba como presunto autor a un familiar en el 0,96 % de casos; en 0,48 % al Ejército Nacional; 0,48 % al Eln; 0,32% a la Armada; 0,32 % a un grupo armado ilegal; y en cinco porcentajes iguales de 0,16% a Auc-Armada Nacional, Auc-Farc, Autodefensas, M19 y Policía Nacional.

De otro lado, la Fiscalía también respondió al requerimiento de la CPI sobre por qué en 206 casos, en los que aparecen involucrados 234 integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, no hay patrones atribuibles a unidades militares o de policía específicas.

La violencia sexual perpetrada por algunos agentes del Estado no respondió a una concentración temporal ni geográfica que pudiera sugerir, en principio, patrones de comisión de los hechos

Al respecto, el ente acusador informó que la información recopilada muestra que “a diferencia de otros fenómenos criminales cometidos en el marco del conflicto armado, la violencia sexual perpetrada por algunos agentes del Estado no respondió a una concentración temporal ni geográfica que pudiera sugerir, en principio, patrones de comisión de los hechos”.

En todo caso, la Fiscalía aclaró que hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no asuma su competencia frente a estos hechos a través de una resolución de conclusión, el ente acusador mantiene la competencia de investigación, pero que según las normas vigentes, los fiscales no pueden adoptar decisiones que impliquen la afectación de la libertad, que determinen la responsabilidad de los investigados, o realizar actuaciones que impliquen citación a práctica de diligencias judiciales, lo que limita el alcance del trabajo que pueden hacer por el momento.

Es precisamente esa especie de limbo lo que preocupa sobre la posibilidad de una intervención de la CPI, que entra a investigar a los países cuando estos demuestran ser incapaces de administrar justicia por graves crímenes de guerra o de lesa humanidad.

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Hasta el momento, la CPI ha decidido que van a esperar a ver si la JEP funciona

De hecho, en la investigación preliminar contra Colombia, la Fiscalía de la CPI ha priorizado explícitamente los casos de violencia sexual y abortos forzados en el conflicto, explicó Mariana Ardila, abogada de la Dirección legal de Women’s Link Worldwide, quien añadió que se deben exigir avances más rápidos en satisfacer la demanda de justicia de las mujeres víctimas de estos delitos, pues el país está "claramente en la mira" del organismo internacional por este tema.

Frente a esto, Marina Díaz, de la Fundación de Víctimas de Violencia Sexual, consideró los casos de delitos sexuales en el conflicto están en el limbo porque en todo este tiempo no se ha tomado ninguna decisión trascendental, por lo que cree eue la CPI podría y debería intervenir para hacer un seguimiento y acompañamiento, sobre todo en el tema psicosocial.

No obstante, Lucia Carcano, experta en derecho penal internacional, dijo que actualmente la posición de la CPI ha sido monitorear si Colombia demuestra falta de interés o disponibilidad para investigar alguno de estos temas, y solo ahí entraría a intervenir, “pero hasta el momento han decidido que ellos van a esperar a ver si la JEP funciona”, indicó.

Incluso, Pablo Gómez, abogado de Dejustica, añadió que resultaría muy apresurado afirmar que la CPI puede conocer de estos casos teniendo en cuenta que la JEP es un tribunal que apenas se conformó, y si bien aún no existen en esa justicia transicional casos específicos respecto a delitos sexuales, ello no quiere decir que no los habrá, dijo.

En el mismo sentido opinó Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de La Mujer, quien dijo que la JEP está recogiendo información sobre los casos de delitos sexuales y que la jurisdicción todavía tiene tiempo para pronunciarse en esos casos.

Frente a esto, Ardila agregó que en febrero de este año, junto con otras 4 organizaciones de derechos humanos, le pidieron a la JEP que abriera un caso específico sobre violencia sexual y reproductiva, pues consideran que esto hará que las investigaciones avancen más rápido.

Por el momento, la JEP ha abierto 7 macrocasos y en varios de ellos ha recogido información sobre violencia sexual, como es el caso del caso 07, por reclutamiento de menores, en el que se ha recibido información sobre delitos sexuales y reproductivos contra menores. Fuentes de la JEP señalaron que se analiza la posibilidad de abrir un caso puntual para el tema de los delitos sexuales y que entre tanto los casos se han ido avanzando en el capítulo del reclutamiento forzado de menores.

JUSTICIA
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