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Investigación

El saqueo que produjo el revolcón al Programa de Alimentación Escolar

La Unión temporal PAE 2018 responsable del programa debe entregar  90.217 raciones de alimento a los niños de Cartagena.

La Unión temporal PAE 2018 responsable del programa debe entregar 90.217 raciones de alimento a los niños de Cartagena.

Foto:Yomaira Grandett/ El TIEMPO

Tamales facturados por empresas de grúas y pechugas vendidas por ferreterías, entre los escándalos.

Unidad Investigativa
Comida descompuesta en raciones para niños del Chocó; tamales facturados por empresas de grúas, a 35.000 pesos; pechugas vendidas por una ferretería a 45.000 pesos la unidad...
Estos son algunos de los escándalos de corrupción que llevaron al gobierno de Iván Duque a darle un revolcón al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
De acuerdo con las cuentas de la Contraloría General, por el saqueo al programa hay 154 procesos de responsabilidad fiscal, los cuales suman pérdidas por 84.000 millones de pesos.
El ente fiscal tiene investigados a 5 gobernadores, 7 exgobernadores, 8 alcaldes y 45 exalcaldes por mala administración de recursos y sobrecostos. Asimismo, son investigados los congresistas Richard Aguilar, Didier Lobo Chinchilla y Erwin Arias Betancur.
La Fiscalía también adelanta un paquete de investigaciones contra los llamados ‘zares’ de las raciones, entre quienes figura Germán Trujillo, quien tiene medida de casa por cárcel y es esposo de la exgobernadora de Huila Cielo González.
Hay activas investigaciones penales en 35 regiones del país. De hecho, ya hay condenados. Una de ellas es Luisa Fernanda Flórez Rincón, representante legal de la empresa Surcolombiana de Inversiones, quien deberá pagar 42 meses por las irregularidades en un contrato con Santander en 2016.
Y la Procuraduría, por su parte, tiene abiertos 145 expedientes de responsabilidad disciplinaria por irregularidades similares. “La existencia de mafias que se han adueñado de la contratación de la alimentación en diversas regiones del país se ha venido fortaleciendo con el desorden administrativo, normativo e institucional de la alimentación escolar”, advirtió el Ministerio Público.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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