La Procuraduría General respaldó la petición de preclusión del proceso contra Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos.
El delegado del Ministerio Público dividió su intervención en dos casos y argumentó su posición frente a cada uno de ellos.
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El procurador del caso, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, comenzó la semana pasada la argumentación de ocho elementos que puso sobre la mesa para tomar la decisión, que aunque no es vinculante cuenta con amplia relevancia y da luces sobre lo que puede venir en el caso.
Recordó que la Fiscalía pidió la preclusión por tres causales: la atipicidad de la conducta, la ausencia de intervención del investigado y la imposibilidad se desvirtuar la presunción de inocencia del procesado.
El procurador Sanjuán Gálvez señaló que solo se referirá a hechos posteriores al 18 de febrero de 2018, que hacen referencia al proceso puntual que es investigado y por el que se pide la preclusión.
Indicó que la Fiscalía incurrió en una omisión al pedir la preclusión por hechos y no por delitos y que eso tiene unas consecuencias jurídicas.
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Sostuvo que aunque se han fallado varias tutelas en el caso esto no compromete en nada la presunción de inocencia del procesado.
El funcionario indicó que la Procuraduría se pronunciará solo en los términos de la ley y de forma imparcial sin ningún interés particular para que "se llegue a una decisión justa y en derecho".
Indicó que se necesita de una probabilidad lógica de los hechos para que la Fiscalía pueda pasar a la acusación contra Uribe Vélez. Luego se refirió a los señalamientos por supuestas presiones para que cambiara la versión el testigo Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Diego Cadena.
Añadió que hay una alta probabilidad de que Monsalve no hiciera parte de los grupos paramilitares y, por tanto, no se podrían dar sus señalamientos como ciertos. Y que luego de ser condenado a una pena alta fue que el testigo empezó a declarar para lograr ser beneficiado de las sentencias alternativas de la justicia transicional.
Concluyó que frente a la alta posibilidad de que el testigo no hiciera parte de las Autodefensas queda la misma duda sobre la veracidad de sus señalamientos contra el expresidente Uribe.
Igualmente calificó a Monsalve como un testigo sospechoso.
Y enfatizó que ante el hecho de que a Monsalve no le consta lo manifestado, al no ser integrante de las Autodefensas, en consecuencia no podía ser testigo de los señalamientos y menos podía ser objeto del delito de soborno a testigo.
Precisó que con ese panorama no hay una probabilidad de lograr avanzar en la investigación.
Añadió que los servicios que requirió Uribe Vélez de Diego Cadena, al menos al comienzo, no era de abogado sino de investigador para explorar las declaraciones que se venían haciendo en centros carcelarios.
Así mismo señaló que fue Diego Cadena quien buscó a Uribe, lo que a su juicio desvirtúa la versión de las víctimas del caso de que Uribe "buscó a un abogado para que cometiera irregularidades. Y que para la época, febrero de 2017, no había elementos de juicio para dudar de la honestidad o transparencia de Cadena.
Además indicó que el expresidente Uribe tampoco contactó a Enrique Pardo Hasche, quien se encontraba en la misma cárcel que Monsalve, sino que fue el mismo Hasche quien buscó que el testigo se reuniera con abogados cercanos al expresidente.
Para el procurador del caso quien mostró interés en la retractación de Monsalve fue Pardo Hasche.
Luego de la intervención de la Procuraduría, le corresponderá el turno a la defensa del expresidente Uribe y a él mismo.
Al finalizar esa intervención, todo estará listo para que la juez del caso tome una decisión sobre la preclusión del proceso.
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