Una investigación en manos de la magistrada Cristina Lombana, de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que busca establecer si existió alguna relación entre el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y las actividades ilegales del hacker Andrés Fernando Sepúlveda fue lo que motivó, el 18 de diciembre pasado, el inusual allanamiento ordenado por la Corte al batallón de comunicaciones del Ejército en Facatativá, Cundinamarca.
En el 2015, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para que evaluara si la versión de Sepúlveda, según el cual el expresidente recibía información reservada de algunos militares descontentos con el proceso de paz, tenía validez.
Fuentes oficiales le confirmaron a este diario que el día del operativo en el Batallón se cumplieron ocho declaraciones de uniformados vinculados a esa dependencia, y en medio de esas declaraciones adelantas por la Corte se realizó la inspección del lugar para obtener información de sus actividades.
El caso, explicaron fuentes de ese tribunal, no tiene relación con las nuevas revelaciones de la revista Semana sobre supuestos seguimientos e interceptaciones ilegales que habrían llevado a la salida del general Nicacio Martínez del Comando General del Ejército, a finales del año pasado.
Según la revista, en el último año se produjo un nuevo capítulo de interceptaciones ilegales realizadas desde el Ejército a magistrados, periodistas y políticos, entre otros. Esas denuncias llevaron al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a ordenar sendas investigaciones internas que, dijeron, llegarán hasta las últimas consecuencias.
La compulsa de copias que hizo la Fiscalía llegó en su momento al despacho del exmagistrado José Luis Barceló, quien lo tuvo varios años y alcanzó a practicar varias diligencias.
De hecho, en mayo del 2015, Uribe rindió versión libre en la Corte para aclarar las manifestaciones iniciales que dio el hacker Sepúlveda —condenado a 10 años de prisión por espionaje a los negociadores de paz— relacionadas con la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático.
Sepúlveda, quien fue capturado en mayo del 2014, había dicho ante la Corte que el expresidente Uribe supuestamente sabía de su trabajo para la campaña del Centro Democrático y de sus actividades para conseguir información sobre el proceso de paz.
Sostuvo que el expresidente recibió información privilegiada de sectores militares que no estaban de acuerdo con el proceso de paz. Igualmente, señaló que incluso hubo información obtenida ilegalmente que llegó a manos de Uribe.
Sepúlveda también indicó que, presuntamente, hubo una instrucción de sectores del uribismo para afectar el proceso de paz, y que ese tipo de actividades se cumplieron desde la fachada ‘Andrómeda’, una operación encubierta desde la que se realizaban interceptaciones ilegales de comunicaciones.En su momento, Uribe denunció penalmente a Sepúlveda por el delito de calumnia y señaló que el hacker tiene problemas mentales.
El abogado Jaime Granados, que representa al expresidente Uribe, señaló que la inspección realizada en diciembre nada tiene que ver con hechos recientes, y menos con operaciones supuestamente realizadas durante el mando del general Nicacio Mártínez, excomandante del Ejército.De hecho, sostuvo que cuando el exmagistrado Barceló tuvo el caso se hizo una inspección en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y en ese momento no se generó ninguna polémica.
Se están juntando cosas que no tienen nada que ver, se busca hacer 'moñona' desinformando e intentando vincular esa inspección por un caso de hace más de cinco años con otras denuncias
"Se están juntando cosas que no tienen nada que ver, se busca hacer 'moñona' desinformando e intentando vincular esa inspección por un caso de hace más de cinco años con otras denuncias", indicó Granados.
Añadió que el presidente Uribe ya dio sus explicaciones ante la Corte sobre el caso del hacker Sepúlveda y nada tiene que ver con él. "Nunca tuvo una relación laboral ni de otro tipo con Sepúlveda", indicó el abogado.
Igualmente, señaló que en tres ocasiones ha pedido que se declare el inhibitorio del caso para que se pueda cerrar ese capítulo.
Por ese escándalo, que estalló en plena campaña presidencial del 2014, el hacker Sepúlveda recibió la condena más alta (10 años), después de hacer un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Eduardo Montealegre. El caso contra el exministro Óscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo en esas elecciones, se cerró porque la Fiscalía, ya en tiempos de Néstor Humberto Martínez, no encontró un tipo penal que se adecuara a las supuestas acciones del excandidato.
De la misma manera, el exasesor del uribismo Luis Alfonso Hoyos fue absuelto en primera y segunda instancia de los cargos que le imputó la Fiscalía como supuesto contacto entre la campaña de Zuluaga y el hacker Sepúlveda. El hijo del candidato, David Zuluaga, quien fungió como gerente de esa empresa electoral, aún tiene abierto un proceso, al igual que el expresidente Uribe.
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