El escándalo de corrupción en la justicia que sacude a la Corte Suprema y que ya había tenido capítulos previos en el Meta y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ahora sacude la judicatura en Bolívar.
Por un fallo que permitió la libertad del exmilitar Alexánder Moreno Carvajal, condenado a 33 años de cárcel por un ‘falso positivo’, el lunes se dictó orden de prisión contra el magistrado del Tribunal Superior de Bolívar Taylor Ivaldi Londoño Herrera.
La Fiscalía le imputó los cargos de prevaricato y falsedad ideológica, al considerar que en el 2015 tomó decisiones abiertamente contrarias a la ley y facilitó la huida de un peligroso criminal. Londoño Herrera asumió en el 2015 el conocimiento de una tutela radicada por la defensa del exoficial y dilató durante cuatro meses la decisión.
Así, dice la Fiscalía, “se produjo la suspensión ilegal de las órdenes de captura en contra de un hombre que estaba condenado por homicidio y secuestro”. Moreno está prófugo.
Durante la diligencia en el Tribunal Superior de Bogotá, a la que no asistió el magistrado argumentando razones de salud, la Fiscalía señaló que “se manipuló el sistema de reparto de tutelas para que Londoño Herrera fuera el magistrado ponente, a pesar de que él había tomado decisiones sobre el proceso y no era competente”.
El Tribunal consideró válidos los argumentos del ente acusador y ordenó enviar a prisión al magistrado Londoño Herrera, quien recientemente se había inscrito para aspirar al cargo de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y que fue compañero en el Tribunal de Bolívar del magistrado Gustavo Malo, miembro de la Corte Suprema cuestionado por el escándalo de corrupción que hoy tiene preso al expresidente de ese tribunal Francisco Ricaurte.
El Tribunal de Bogotá señaló que es necesaria la captura de Londoño Herrera para garantizar su comparecencia en el proceso. También desechó la petición de casa por cárcel porque a pesar de que la defensa asegura que el magistrado enfrenta un grave problema de salud, no existe un concepto médico que así lo certifique.
Alexánder Moreno Carvajal fue condenado por un juez de Mompox a 33 años de cárcel por homicidio agravado y secuestro simple agravado. La decisión fue ratificada en segunda instancia en febrero del 2008 por el Tribunal Superior de Cartagena.
Según la investigación, en agosto de 1994 unidades del Ejército realizaron una operación para destruir laboratorios para el procesamiento de droga en zona rural de Barranco de Loba, Bolívar. Los uniformados fueron atacados con granadas y disparos de fusil, ocasionando la muerte a un soldado y un cabo.
Tras esos hechos entró en acción un nuevo pelotón, al mando del entonces subteniente Moreno Carvajal. Este ordenó la captura de un campesino señalado de tener información sobre el ataque. El hombre apareció muerto después y reportado como guerrillero.
El presidente Juan Manuel Santos reconoció el lunes que la instituciones del país están viviendo “momentos de crisis”, especialmente luego de que estallara el escándalo de corrupción de la justicia, que involucra a magistrados, exmagistrados y a congresistas.
“Estamos sin duda viviendo un momento de crisis de confianza en las instituciones formales y también las informales”, dijo Santos.
Este es el primer pronunciamiento del jefe de Estado desde que se conocieron los hechos de corrupción en la Rama Judicial.
El escándalo se descubrió luego de que se revelara que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo y los exmagistrados de ese mismo tribunal Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos habrían recibido sobornos a cambio de favorecer a congresistas en los procesos que llevaban en su contra.
Entre los legisladores mencionados figuran el senador de ‘la U’ Musa Besaile y el también congresista y presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade.
Una de las mayores preocupaciones de Santos es el impacto que estos hechos están generando en la institucionalidad, sobre todo en los partidos políticos, los cuales calificó como “parte fundamental de la democracia”.
Dijo que las colectividades “están en un momento realmente difícil porque la gente dejó de creer” en ellas. Prueba de esto es que en las más recientes encuestas y sondeos de opinión los partidos han alcanzado sus mayores niveles de desaprobación de los últimos años.
El jefe de Estado hizo un llamado a que la ciudadanía retome la confianza en las instituciones y les dijo a los funcionarios públicos que la mejor forma de defender la democracia es hacer que las entidades del Estado funcionen bien.
“Lo más importante en la democracia es la confianza de la gente en sus instituciones”, expresó Santos. El escándalo de corrupción en la justicia se da en momentos en que el Estado se alista para poner en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz.
Este martes, Santos recibirá la lista de los magistrados escogidos para integrar esta instancia.
El pronunciamiento del Presidente se dio durante la posesión de Julio R. Piza como magistrado del Consejo de Estado.
Senador Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador.
Andrea Moreno / Archivo EL TIEMPO
En la mañana de este lunes, el senador Hernán Andrade llegó a la Corte Suprema de Justicia a rendir versión libre. Afirmó que el proceso que le llevó la Corte por el desfalco a Cajanal fue totalmente transparente. “No hubo ningún engavetamiento, hubo un fallo después de un proceso que duró seis años. Fue un proceso limpio y transparente como se demuestra y se demostrará en el curso de la investigación”, afirmó el senador.
Andrade, quien tiene todavía un proceso vigente en la Corte por la Dirección Nacional de Estupefacientes, afirmó que Luis Gustavo Moreno fue su apoderado entre el 2012 y el 2014 y que por sus servicios le pagó 200 millones de pesos.
Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema Justicia.
Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO
El caso del exsenador Luis Alfredo Ramos queda definitivamente en manos de la Fiscalía. El lunes, Ramos compareció ante la Corte y allí aseguró que nunca le pagó a Luis Gustavo Moreno –quien fue su abogado en el caso que aún tiene en la Sala Penal por ‘parapolítica’– para nada diferente al ejercicio legal de la abogacía.
La Corte, en todo caso, no ahondó mucho con Ramos, pues quedó claro que los presuntos hechos no corresponden con la época de Ramos como congresista y, por lo tanto, no tiene fuero. Por eso, el caso queda en manos de la Fiscalía.
Los magistrados de la Sala Penal de la Corte respondieron el lunes a la citación que les hizo la Comisión de Acusación de la Cámara para declarar en el proceso por supuesta corrupción en ese alto tribunal.
La célula congresional investiga a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y al actual togado Gustavo Malo por supuestamente haber recibido dinero a cambio de favorecer congresistas en investigaciones en ese tribunal.
Los integrantes de la Sala Penal respondieron que están “valorando” si dan esa declaración o no.
La argumentación de los togados es que ellos eventualmente podrían conocer los procesos contra los mismos investigados por la Comisión y, en ese caso, tendrían que separarse de esos casos.
En la carta dejan claro que en caso de entregar la declaración, los magistrados lo harían de manera escrita.
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