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Esto es lo que sigue en el caso Uribe tras solicitud de preclusión
Alvaro Uribe y fiscal Gabriel Jaimes

El caso contra el expresidente Álvaro Uribe pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía, tras su renuncia al Senado.

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EL TIEMPO y Fiscalía

Esto es lo que sigue en el caso Uribe tras solicitud de preclusión

Conductas del exsenador no son delito, dice el fiscal Gabriel Jaimes al pedir el cierre del proceso.

Seis meses después de que llegó a su despacho –proveniente de la Corte Suprema de Justicia– el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal, el fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán pidió audiencia para su preclusión.

Hasta hoy tenía plazo la Fiscalía para decidir si presentaba el escrito de acusación contra Uribe Vélez y lo llevaba a juicio o si pedía la preclusión.

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El fiscal radicó en los juzgados de Paloquemao una solicitud para que un juez de conocimiento cite a una audiencia pública en la que presentará los argumentos por los que considera que el caso debe ser cerrado: “Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso” se estableció que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.

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Varias conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que
sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe


Jaimes Durán recibió a finales de agosto del año pasado más de 70 cuadernos y 300 discos magnéticos con información de lo que había adelantado la Sala de Instrucción de la Corte Suprema antes de perder la competencia del proceso tras la renuncia de Uribe Vélez al Senado. Y desde entonces, según fuentes cercanas al caso, practicó alrededor de cien pruebas entre declaraciones, inspecciones judiciales a otros procesos y análisis de interceptaciones.

Tal como lo reveló este diario, fueron escuchados el narcotraficante Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra; el abogado Diego Cadena, procesado por el mismo caso, y Ricardo Williamson, cuñado del condenado Enrique Pardo Hache, quien ya había declarado.

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Además se ofició para legalizar los mensajes de texto, lista de contactos y llamadas entrantes y salientes, ligados a las siete SIM cards que le fueron incautadas al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella del caso. Y se accedió al historial disciplinario del abogado Diego Cadena.

Al proceso se allegaron igualmente 30 evidencias entre documentos y testimonios suministrados por la defensa del expresidente Uribe Vélez, entre ellas la del exparamilitar Francisco Javier Taborda Gómez y el hacker Andrés Fernando Sepúlveda.

El fiscal del caso no pudo acceder a testimonios como el de Juan Guillermo Monsalve, uno de los ejes fundamentales de la investigación y quien se negó a declarar; su exesposa Deyanira Gómez y Mercedes Arroyave, abogada que figura acompañando al senador Iván Cepeda a varias cárceles del país y quien no pudo ser localizada.

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Con la información obtenida en la investigación y lo que había hecho la Sala de Instrucción de la Corte, el fiscal Jaimes Durán consideró que hay elementos suficientes para pedir que el caso sea precluido, con lo que se convierte en cosa juzgada.

Esos elementos serán destapados ante el despacho de la juez 28 de conocimiento de Bogotá Carmen Ortiz, a quien le correspondió el caso por sorteo, y que tendrá que decidir si avala o no esa petición.

La decisión, como ha sucedido a lo largo de todo el proceso, generó controversia. Mientras que el expresidente Uribe Vélez escribió en su cuenta de Twitter: “Gracias a Dios por este paso positivo. Gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad”, el senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el caso, anunció que denunciará al fiscal Jaimes por prevaricato.

Esto, por considerar que “ha pretendido invalidar, de facto, lo actuado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al repetir la práctica de pruebas; retrotrayendo el proceso a fases superadas por ese alto tribunal, beneficiando con estas irregularidades a la parte imputada del proceso, el exsenador Álvaro Uribe”.

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Dijo que en la última década, el expresidente Uribe ha presentado 24 falsos testigos en su contra y que el fiscal Jaimes Durán no ha tenido en cuenta esos hechos “y, por el contrario, está llevando y utilizando testigos falsos, como Hilda Niño y el ‘Tuso’ Sierra (quienes han sido traídos al proceso para mentir también en contra de los doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo); empleando, para el efecto, el mismo modus operandi de Uribe en sus defensas”.

“Tendrá que desvirtuar las 1.560 páginas de la formulación de cargos y medida de aseguramiento contra Uribe”, señaló una fuente de la Corte.

A su turno, el abogado Jaime Granados, que representa al expresidente Uribe, señaló que la Fiscalía tomó una decisión ajustada a las evidencias que se han recolectado desde el comienzo. Sostuvo que, más allá de los cuestionamientos, será en la audiencia ante un juez “en donde se tendrá que dar el verdadero debate” y se tomarán las decisiones del caso ajustadas a la Constitución y la ley.

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“Allá, de cara al país, se van a conocer todas las evidencias y es allá donde se va a tener que argumentar, más allá de los alaridos desaforados de quienes se sienten defraudados porque no pueden manipular a la justicia y que siguen haciendo llamados desesperados que irrespetan la administración de justicia”, manifestó Granados Peña.

Lo que sigue en el caso

A la petición de la Fiscalía aún le queda un largo camino por recorrer. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, dijo que las víctimas acreditadas pueden oponerse y expresar sus argumentos, lo mismo que la defensa del procesado y la Procuraduría.

Si el juez acepta la solicitud de preclusión, las víctimas podrían apelar y el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá. Y si, por el contrario, el juez niega la solicitud, la Fiscalía se enfrentaría a la decisión de presentar una acusación con lo que tiene o acudir a la apelación. En este escenario, el caso también iría a parar al tribunal.

Y esta instancia no sería la última pues se podría llegar incluso a interponer el recurso extraordinario de casación, con lo que el caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia.

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Las reacciones que desató la decisión en la arena política

La decisión del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Gabriel Jaimes Durán de presentar una solicitud de preclusión en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por soborno y fraude procesal, desencadenó una controversia en las esferas políticas.

Mientras el Centro Democrático celebró la decisión y resaltó “la imparcialidad” de la Fiscalía, sectores de oposición pidieron que los jueces rechacen esta solicitud del ente acusador.

“Siempre hemos defendido la honorabilidad del presidente Álvaro Uribe y seguimos confiando en la imparcialidad de las instituciones en el camino que permita demostrar la verdad a todos los colombianos”, señaló el senador del Centro Democrático Gabriel Jaime Velasco.

La senadora Paloma Valencia también celebró y aseguró que “en un país tan ávido de justicia reconforta la decisión de la Fiscalía”.

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Por su parte, la senadora uribista María del Rosario Guerra aseguró que “la búsqueda de la verdad es el fin de la justicia, y hoy brilla para el presidente Álvaro Uribe. Hombre de recto actuar y respetuoso de la Constitución y la ley. Doy gracias a Dios por esta decisión de la Fiscalía”.

Guerra, además, lanzó una dura crítica al senador Cepeda, quien actúa como víctima en el proceso contra Uribe: “Se le cae el montaje a Iván Cepeda. Estaba acostumbrado a visitar cárceles para manipular y comprar testigos. Pero la verdad tenía que brillar”, expresó la senadora.

Por su parte, desde la oposición pidieron al juez del caso negar la solicitud de la Fiscalía.

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“Estaba cantada la decisión de la Fiscalía de solicitar la preclusión del expresidente Álvaro Uribe, poniendo en duda la independencia de la justicia del país. Esta solicitud debe ser negada, en una democracia nadie puede estar por encima de la ley”, expresó el senador de Alianza Verde Antonio Sanguino.

Frente al tema también se pronunció la representante de oposición Ángela María Robledo: “Este es un episodio más de la vieja estrategia con la que durante décadas Uribe se le ha escurrido a la justicia: ‘todo fue a sus espaldas’”, dijo Robledo.

En un sentido similar se refirió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López: “Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas”, apuntó.

JUSTICIA
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