13 años después del ‘carrusel de contratos’, la plata aún no aparece

Hace casi diez años, el país se indignó cuando salió de las sombras un caso de corrupción que se gestó en el corazón de Bogotá y al que se denominó el ‘carrusel de contratos’.

Ese entramado corrupto se dio en el 2007, cuando al Grupo Nule, un poderoso emporio que manejaba negocios de infraestructura en la capital, se le adjudicó el 70 por ciento de la construcción de la troncal de TransMilenio por la calle 26 y la rehabilitación de la malla vial, proyecto por el que habrían pagado sobornos, que se extendieron a exconcejales, contratistas, un contralor distrital, un personero, entre otros.

Trece años después, varios de sus principales protagonistas (hubo más de 26 detenidos) han quedado libres o tienen beneficios de casa por cárcel.

Justamente, este jueves, el caso se sacudió porque un juez consideró que el exsenador Iván Moreno, hermano del entonces, y también condenado, alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, ya había cumplido las tres quintas partes de la condena de 14 años que le impuso la Corte Suprema de Justicia y ordenó su detención domiciliaria. Según el fallo, él usó su posición para influir en la adjudicación de los contratos para la fase III de TransMilenio al Grupo Nule.

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Aunque obtuvo ese beneficio, Iván Moreno no saldrá libre, por ahora, ya que tiene una medida de aseguramiento de la Corte, impuesta en abril pasado. Esa medida se tomó por otro caso de corrupción en el que él también habría participado a cambio de coimas: el ‘carrusel de las ambulancias’, un contrato de 67.000 de pesos, del 2009, en el que también participó Samuel.

Precisamente, una de las penas más altas por la corrupción del ‘carrusel de contratos’ ha sido la de Samuel Moreno, detenido en la Escuela de Carabineros, quien en octubre sumó su tercera condena. Tiene penas de 24, 30 y 39 años de prisión, que, aunque no se acumulan, sí le dan el mayor número de años para un condenado por este desfalco.

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En cuanto a los primos Miguel, Manuel y Guido Nule, y su socio Mauricio Galofre, en el 2017 la Sala Penal de la Corte les aumentó la pena. De 14 años pasó a 19 años y cinco meses en el caso de los Nule, y de 10 años pasó a 13, en el caso de Galofre. El alto tribunal dijo que, aunque habían aceptado sus delitos, no podían obtener la rebaja de su pena ya que no pagaron su multa; cada Nule debe devolver $ 13.055 millones y, Galofre, 6.000 millones.

Pese a esos reparos, los Nule han conseguido obtener la detención domiciliaria. El primero fue Guido Nule, en 2015. Y el año pasado, un juez lo había dejado en libertad condicional, pero en noviembre otro juez revocó ese beneficio al considerar que no podía salir ya que no ha pagado su millonaria multa, por lo que lo devolvió a detención domiciliaria en el exclusivo Barrio Golf de Barranquilla.

Y en 2016, Miguel Nule, con seis años efectivos de prisión logró que un juez lo enviara a su casa en Sincelejo para que terminara de pagar allí su sentencia. El juez argumentó que Miguel Nule tenía hipertensión, cardiopatía, depresión e hipotiroidismo.

Y en septiembre del 2019, cuando llevaba 8 años preso, Manuel Nule logró que un juez lo enviara a su casa por cárcel. Tres meses después, Galofre quedó en libertad condicional.

Mientras otros de los principales protagonistas como el abogado Emilio Tapia, el exgobernador Álvaro Cruz o la exdirectora del IDU Liliana Pardo están libres –los dos primeros por libertad condicional y la tercera porque sigue prófuga–, uno de los puntos que más preocupa a los entes de control es el dinero que no aparece.

Por ejemplo, aunque en noviembre del 2016 Samuel Moreno y Pardo fueron condenados fiscalmente a pagar 174.996 millones de pesos por los sobrecostos y daños al erario con el contrato de TransMilenio, ese dinero, según fuentes del órgano de control, no ha sido resarcido. 

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Aunque las aseguradoras han reintegrado una importante suma, ninguno de los condenados, como Samuel Moreno, han pagado su multa y el detrimento sigue sin recuperarse.

Mientras tanto, la Fiscalía sigue investigando casos como el del exembajador de Colombia en Venezuela Fernando Marín, con quien llegó a un preacuerdo hace tres semanas para que, a cambio de contar cómo lavó miles de millones de sobornos del ‘carrusel’, le den una pena de seis años.

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