Con la captura, el pasado fin de semana, de un líder de derechos humanos y su escolta ya son tres los casos en los que aparecen involucrados en delitos vehículos o integrantes de equipos de seguridad asignados a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
En el caso más reciente, fue enviado a la cárcel Bucheli, de Tumaco (Nariño), Wálter Édinson Cabezas, líder comunitario de la Red de Consejos Comunitarios, Recompas, y su escolta de la UNP, César Mauricio Ramírez.
Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento y detención intramural para facilitar la investigación de los hechos que rodean la incautación de 17 kilos de base de coca que eran transportados en la camioneta blindada al servicio de la seguridad del líder comunitario.
En horas de la mañana del domingo, efectivos de la Armada realizaron un puesto de control militar en la vía que de Tumaco conduce a Pasto, y en la labor de rutina le solicitaron al conductor de la camioneta oficial que se detuviera.
“Me reportaron que el señor Cabezas se negó a la requisa del automotor aludiendo que es un líder social bajo protección. Esta negativa más el nerviosismo de los otros pasajeros prendieron las alarmas de los uniformados, quienes cumplieron con la verificación, encontrando la base de coca en un balde plástico que iba en el baúl”, le dijo a EL TIEMPO el coronel Federico Torres, comandante de la Brigada de Infantería de Marina n.° 4.
El líder de Recompas les dijo a las autoridades que desconocía que en la camioneta se llevara el estupefaciente y aseguró que había recogido a tres personas, integrantes de una misma familia, entre ellas un menor de edad, como un favor para llevarlas a Pasto.
“Estamos a la espera del informe final de las autoridades y la Fiscalía para evaluar la situación del protegido y su escolta”, le dijo a este diario Diego Mora, director de la UNP. El funcionario agregó que, por obvias razones, el servicio de protección del líder comunal está suspendido y que será evaluado con base en el dictamen judicial.
El pasado 14 de agosto fueron capturados Jaime Guerrero Casanova y Rodrigo Salazar Quiñones, por contrabando de hidrocarburos y porte ilegal de armas. Salazar es el actual coordinador de la Guardia Indígena de la zona rural de Tumaco y cuenta con una camioneta blindada y dos escoltas de la UNP para su seguridad personal.
Salazar había denunciado amenazas contra su vida, por lo que se procedió, por parte del Gobierno, a brindarle protección.
El día de su captura en Llorente, zona rural de Tumaco, el líder indígena iba sin su esquema de seguridad en una camioneta particular en la que la Policía encontró 90 galones de gasolina de contrabando y una pistola Pietro Beretta.
En su defensa, Salazar argumento que un amigo le había pagado 100.000 pesos por llevar la gasolina, la cual afirmó no sabía que era de contrabando. “Sería bueno que se verificaran las actividades reales de algunos líderes sociales que, al parecer, están abusando de la protección y bienes del Estado para delinquir”, dijo un funcionario que pidió la reserva.
Y en junio pasado fueron encontrados 73 kilos de cocaína en un vehículo que estaba asignado como parte del esquema de seguridad del exalcalde de Montañita (Caquetá), Álex Gómez López.
La droga fue hallada camuflada en las llantas del vehículo blindado en el que se transportaban Yamith Gómez López, hermano del protegido, y su escolta José Andrade Buendía, a pesar de que el carro oficial no debía ser usado por nadie distinto al protegido.
Estas dos personas fueron detenidas en flagrancia en posesión del alcaloide, avaluado en el mercado negro en más 167 millones de pesos, droga que, supuestamente, iba a ser entrega a narcotraficantes en el departamento de Risaralda, que la comercializarían a través de microtrafico en el Eje Cafetero.
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