Capturan a gobernador sanandresano por contratos por $120.000 millones

Capturan a gobernador sanandresano por contratos por $120.000 millones

Según la Fiscalía, Ronald Housni habría integrado una red para desangrar el departamento. 

Gobernador de San Andrés y Providencia, Housni Jaller

El gobernador Housny Jaller, que está suspendido desde abril, fue detenido con la exgobernadora Aury Guerrero y 7 personas más.

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Procuraduría

09 de octubre 2018 , 05:25 p.m.

En la tarde de este lunes la Fiscalía capturó al gobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, quien había sido suspendido por la Procuraduría,  y a la exgobernadora Aury Guerrero Bowie, por haber -supuestamente- desviado recursos del departamento. 

De acuerdo con el ente acusador, los dos, con otras siete personas, habrían  "montado un esquema de corrupción".

Por estos hechos, la Fiscalía también compulsará copias a la Corte Suprema para que investigue al exrepresentante a la Cámara Jack Housni Jaller, hermano del suspendido gobernador, por su presunta participación en estos hechos. 

La Fiscalía aseguró que tiene información sobre irregularidades en la adjudicación de contratos por alrededor de 120.000 millones de pesos, que supuestamente habrían sido entregados a cambio de coimas, las cuales podrían superar los 11.000 millones de pesos.

Según los investigadores, los contratistas Hernán Moreno Peréz y Fernando León -quienes enfrentan otro caso por obras de valorización en Armenia- supuestamente pagaron el 10 por ciento del valor de los contratos para la construcción de colegios y parques en el departamento isleño. Ambos cumplen una medida de aseguramiento en detención domiciliaria y  serán citados a formulación de cargos por este nuevo episodio de corrupción. 

"Este porcentaje era pagado en las casas de los involucrados, oficinas y en vehículos oficiales. Los contratistas entregaban el valor pactado a intermediarios. Estos serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y a otros funcionarios", dice la Fiscalía. Todo con el fin, presuntamente, de manipular las licitaciones públicas y descartar a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley. 

Entre los capturados, aparte del Gobernador y la exgobernadora, están el secretario de infraestructura de San Andrés, Alejandro Lozano; la exsecretaria de Educación, Edelmira Archibold; la jefe de la Oficina Jurídica, Aín Zulema Conolly; la secretaria de Planeación de San Andrés,  Tatiana Pérez García; la supervisora de los contratos adjudicados irregularmente, Elizabeth O'Neill; los contratistas Mauricio Jose Rodriguez y Sergio Fabián Lever; el supervisor de contrato Luis Albeiro Urrego y el ingeniero civil Juan Diego Alvis. 

La Fiscalía les imputará a todos los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y concierto para delinquir. 

Entre los contratos cuestionados, resalta la construcción del Centro de Educación Media Diversificada (Cemed), que fue suscrito por 50.000 millones de pesos y que debió entregarse hace casi cuatro años. Hoy la obra no supera el 50 por ciento de la ejecución. 

Gobernador titular y encargado involucrados en contratos 

Sobre el  gobernador Housni Jaller pesa una suspensión desde abril pasado y por diez meses, por haber suscrito con la Cámara de Comercio un convenio para la celebración del Green Moon Festival sin que la entidad contara con la idoneidad para ejecutar el objeto contractual.

En su lugar, se había designado como encargado a Alain Enrique Manjarrés. 

La Fiscalía afirmó que tanto Housni como Manjarrés estarían involucrados en la adjudicación de tres contratos con una fundación 'fantasma' y estos habrían causado un detrimento patrimonial superior a los 2.000 millones de pesos. 

El ente acusador les imputará a ambos los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

"Por estos hechos, se hizo efectiva la captura del contratista Roberto Francis Simpson, quien habría participado en la aprobación de los dineros como representante de la fundación, y a la señora Consuelo Britton Taylor, jefe de la oficina de Familias en Acción de la Gobernación, que habría facilitado las instalaciones de la dependencia a su cargo", dijo la Fiscalía. 

JUSTICIA 

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