En la mañana de este martes, cinco agentes del CTI de la Fiscalía se presentaron en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, en el occidente de Bogotá, para hacer efectiva la captura del exsenador Plinio Olano. Dos de esos funcionarios subieron hasta la oficina del excongresista, quien es director de esa entidad desde el 28 de enero, para informarle que estaba siendo detenido por las investigaciones que pesan en su contra por el caso Odebrecht.
La captura se dio luego de que, por solicitud de la sala de instrucción que lidera la magistrada Patricia Salazar, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Olano para ser llevado a indagatoria. En esa diligencia, el excongresista responderá por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos, supuestamente cometidos desde el 2010.
Olano, quien pasó la noche en el búnker de la Fiscalía General, será presentado ante la Corte Suprema esta semana. Los magistrados lo interrogarán sobre sus supuestas gestiones para favorecer las condiciones de las megalicitaciones ganadas por Odebrecht en Colombia.
Uno de los principales testigos en su caso ha sido el empresario Federico Gaviria –asesor de la firma brasileña y quien logró un preacuerdo con la Fiscalía–. Gaviria ha dicho que Olano usó su condición de miembro de la Comisión Sexta del Senado para mover los negocios de Odebrecht.
Según la información obtenida por la Fiscalía que fue compulsada a la Corte, Gaviria les ofreció a Olano y al exviceministro de Transporte Miguel Peñaloza el uno por ciento del contrato de la adición en el contrato de la Ruta del Sol II, en la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, para que cabildearan en favor de la multinacional. También debían conseguir el aumento del 15 por ciento por concepto de peajes para la concesión y lograr que el Estado pagara anticipos extraordinarios al constructor en los años 2024 y 2025.
Olano también fue mencionado como parte del llamado ‘grupo de los buldócer’, congresistas fletados por la empresa que supuestamente recibieron coimas millonarias a cambio de garantizarle a Odebrecht que sus intereses no se verían afectados por la reforma tributaria del 2012. Esto se logró a través de un contrato de estabilidad jurídica. De hecho, al confirmar la detención de Olano, el fiscal Néstor Humberto Martínez señaló que el hecho “viene a consolidar la tesis de la Corte Suprema de que ‘los buldócer’ sí existieron”.
Según Gaviria, Olano también le exigió a la multinacional que apoyara en el 2011 la campaña a la gobernación de Boyacá de Juan Carlos Granados, hoy contralor de Bogotá. Supuestamente esto se hizo a través de un sobrecosto de 500 millones en un contrato con una empresa de confianza del exsenador.
Después de definir su situación jurídica y si decide continuar el proceso, el alto tribunal establecerá si lo envía o no a una prisión mientras se adelanta el juicio, como una medida de aseguramiento. En ese caso, la permanencia de Olano en la cabeza de la Federación Nacional de Departamentos sería inviable. De hecho, desde hace varios meses, algunos gobernadores vienen ambientando la conveniencia de exigir el retiro de Olano por causa del escándalo.
Aunque el político boyacense ha asegurado que “no hizo ni una sola gestión a favor de la multinacional”, el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, primer condenado por el escándalo, lo señaló desde un primer momento como el “hombre de Odebrecht” en el Congreso. Y el exsenador Otto Bula –también en prisión por el caso– dijo que Federico Gaviria le dijo que Olano “representaba a ciertos congresistas de la Comisión VI, de infraestructura, y trabajaba para Odebrecht”.
Incluso, cuando en el 2014 Plinio Olano se quemó en su intención de repetir curul, ejecutivos de Odebrecht le ofrecieron contratarlo como asesor.
Este martes, la Sala Penal también abrió un proceso contra el senador Antonio Guerra de la Espriella por los sobornos de la multinacional brasileña y el caso de ‘los buldócer’.
Guerra fue llamado a indagatoria por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Por ahora no habrá medida de aseguramiento en su contra. Según las declaraciones de Federico Gaviria, Guerra hizo parte de ‘los buldócer’. La Fiscalía dice que Guerra recibió al menos 200 millones de pesos de la multinacional.
La Corte Suprema abrió indagación preliminar contra varios congresistas señalados de recibir supuestamente beneficios del Gobierno a cambio de apoyar proyectos de ley. El caso se inició por una denuncia del 2013 de Ricardo Cifuentes contra congresistas a quienes supuestamente había llegado la denominada ‘mermelada’, como han diso llamados los cupos indicativos manejados por el gobierno del presidente Santos.
La indagación preliminar, que hasta ahora arranca y es obligatoria frente a una denuncia, busca determinar si como ocurrió en el famoso caso de la ‘Yidispolítica’ (la aprobación del proyecto que permitió la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe) hubo congresistas que recibieron prebendas.
“Los parlamentarios no tienen que votar a cambio de nada, sino a cambio de representar a los electores”, dijo Cifuentes, quien cree que en el manejo de los ‘cupos indicativos’ (partidas para las regiones que gestionan los congresistas) hay evidencias de corrupción.
JUSTICIA
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