Agentes de la DEA y del ICE tienen evidencia de que funcionarios de la seccional Nariño de la Fiscalía revenden por 2 millones de pesos panelas de coca incautadas a la mafia.
Son acusados de arreglarle casos a la mafia, vender datos reservados y entregar testigos protegidos a la ‘oficina de Envigado’.
Casi toda la droga devuelta ilegalmente es de la banda de José Feliciano Góngora, ‘Chano’, un poderoso capo preso en Nueva York que ha traficado con la columna Daniel Aldana de las Farc, el cartel de Sinaloa y hombres del ‘clan del Golfo’.
Pero el dato de los agentes antidroga no sorprendió en la Fiscalía, que ya estaba detrás de varios de sus delegados ante jueces, entre ellos Carmen Elena Burbano y Álvaro Javier Vitery, señalados de favorecer a lugartenientes de ‘Chano’ apostados en Tumaco, la nueva capital mundial de la coca.
De hecho, en marzo, hicieron un megaoperativo para capturar a los dos fiscales y a 13 funcionarios más, al servicio de la mafia. Para ese momento, el grupo de contrainteligencia que conformó el fiscal Néstor Humberto Martínez, para limpiar a la entidad, ya venía escuchando conversaciones de Hilda Jeaneth Niño Farfán, curtida y respetada fiscal de Justicia Transicional, delegada ante el Tribunal de Bogotá.
Sus colegas dicen tener grabaciones, chats y documentos reservados que prueban que la mujer favorecía a narcoparamilitares del bloque Vencedores de Arauca, incluidos sus jefes: el extraditado Miguel Ángel Mejía Múnera y Orlando Villa, alias la Mona. De hecho, dicen que este último le dio 400 millones de pesos y dos camionetas, bienes que ella usó para negociar una casa en Miami de 1.500 millones de pesos.
Al respecto, la Corte Suprema reprendió a la fiscal Niño por mantener a Mejía Múnera en Justicia y Paz a pesar de ser un narco puro. Y Villa estaba a días de quedar libre.
La evidencia en contra de la fiscal fue suficiente para que, hace 48 horas, fuera enviada a prisión y, con ella, el asistente Iván González.
Con ellos ya son 43 los funcionarios de la Fiscalía capturados, en menos de 8 meses, señalados de conductas que van desde favorecer a la mafia hasta venta de información reservada.
“La limpieza empieza por casa. Aunque somos 23.000 funcionarios, no vamos a dejar que la Fiscalía se corrompa por unos cuantos. Vienen más capturas de fiscales en ejercicio y retirados”, le anunció a EL TIEMPO el fiscal Martínez un par de horas antes del operativo contra la fiscal Niño Farfán. Bajo ese criterio, Orlando Leonel Márquez no pudo llegar a uno de los cargos más apetecidos de la entidad: director seccional, con un sueldo de 12 millones de pesos y la llave para acceder a todos los procesos que cursan en Córdoba. La pérdida de 179 kilos de coca, avaluados en 2 millones de dólares, lo tiene hoy preso en su casa.
Hace 15 días también cayó el exoficial de inteligencia y miembro del CTI Luis Alberto Jiménez, por venderles a criminales datos reservados del Spoa (base de datos de la Fiscalía). Pero José Gregorio Vergara y Carlos Rueda, también del CTI, parecen haber ido más allá. Los acusan de venderle a la ‘Oficina de Envigado’ la ubicación de un testigo protegido para que lo mataran.
Y, aunque la fiscal Niño insiste en su inocencia, se cree que ella tiene la clave para develar una red corrupta con tentáculos en la Unidad contra el Lavado y la Extinción de Dominio, en la de Justicia Transicional, en el complejo judicial de Paloquemao e, incluso, en tribunales. En esa búsqueda, el martes se incautaron discos duros de varios despachos, incluido el de la coordinación de Justicia Transicional.
Y ya se sabe que el caso de Niño está relacionado con el de Rodrigo Aldana, delegado ante el Tribunal de Bogotá, capturado hace 45 días por recibir un apartamento del exsenador Otto Bula, a cambio de beneficiarlo en procesos de extinción de bienes de los capos Álvarez Meyendorf.
Aldana, antes de ser fiscal delegado, fue abogado del bloque Vencedores de Arauca y compartía narcoclientes con Juan Carlos Restrepo Bedoya, capturado con la fiscal Niño. El abogado Restrepo resultó ser amigo de Gustavo Calero, esposo de la fiscal, quien tiene dos condenas por narcotráfico en Texas y Florida. La DEA indaga si Calero era o no ficha del capo mexicano Gilberto Rivera.
También verifican si la fiscal Niño logró ocultar la denuncia que llegó en su contra desde 2013 y si intentó favorecer a Juan José Marín Saldarriaga, un rico empresario paisa a quien la Fiscalía 28 de Extinción le embargó propiedades en Envigado, La Estrella y El Poblado. El hombre, a quien este diario intentó localizar sin suerte, habría estado en el matrimonio de la fiscal, en un hotel cinco estrellas de Bogotá. Y su esposa es mencionada en varios chats.
Ahora se espera que una procuradora y un par de comerciantes, a quienes la fiscal Niño les quedó debiendo varios millones, den información sobre sus actividades. Uno de los comerciantes ya dijo que la mujer planeaba irse a Miami a mediar en la entrega de narcos y que tiene un Audi de placa triple cero oculto en una compraventa.
Y aunque la lista de nuevas capturas es reservada, este diario estableció que un exfiscal de la Unidad de Crimen Organizado aparece en ella. A través de un abogado de alias ‘Berna’, ese poderoso exfiscal hacía acercamientos con ‘los Comba’ y ‘los Úsuga’. Lo curioso es que el abogado estaba en la audiencia de imputación de la fiscal Niño.
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