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Los contratistas que buscan llegar al Congreso
Congreso de la República

Varios personajes conocidos en las regiones por ser contratistas de las administraciones locales y departamentales quieren llegar al Congreso.

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Juan Manuel Vargas / Archivo EL TIEMPO

Los contratistas que buscan llegar al Congreso

Sumas millonarias figuran en el Sistema de Contratación Pública a nombre de varios candidatos.

Iliana Margarita Garzón ha ejecutado cifras millonarias del departamento de Córdoba como contratista para temas de educación, y ahora aspira, además, a ser elegida el próximo domingo para ocupar una silla de la Cámara de Representantes por su departamento.

En la base de datos de contratistas del Estado, el nombre de Garzón está vinculado como representante legal de la Asociación Red Colombiana Solidaria (Arcosol) a dos cuantiosos contratos: uno firmado en el 2013 por 2.847 millones de pesos y cuyo objeto era la prestación del servicio educativo en las comunidades de San José de Ure y Puerto Libertador, Córdoba, y otro por 819 millones, firmado con la Gobernación un año después, para prestar el mismo servicio a los niños de Tierralta, el Cabildo Mayores río Verde y río Sinú y el resguardo emberá katío del alto Sinú.

Ambos contratos estuvieron amparados en un estudio de insuficiencia de cupos académicos de la Secretaría de Educación Departamental
y a partir del cual se decidió contratar la prestación de servicios educativos con un banco de oferentes.

Garzón es esposa de Álvaro de la Espriella, hermano del condenado por ‘parapolítica’ Miguel Alfonso de la Espriella.

Así como Garzón, otros personajes conocidos en las regiones por desempeñarse como contratistas de las administraciones locales y departamentales quieren llegar al Congreso.

Es el caso de Fredy Hernán Pérez, candidato al Senado por Cambio Radical.

A nombre del ingeniero electricista y especialista en gestión y gobierno municipal se cuentan en el registro de contratos con entidades locales y departamentales al menos 12 desde el 2008, por un valor cercano a los 20.000 millones de pesos.

Durante nueve años, Pérez estuvo a cargo de la Electrificadora del Meta y desde su salida ha seguido vinculado con las administraciones departamentales en la ejecución de sumas millonarias, especialmente para la construcción y mantenimiento de interconexiones eléctricas del departamento del Meta.

Pérez recibió solo entre finales del 2014 y junio del 2015 una cifra superior a los 10.100 millones de pesos para la construcción de redes en Puerto Gaitán, Meta. Un año antes había ejecutado 3.377 millones, como representante legal del Consorcio Eléctricas Calamar, en el sistema eléctrico de siete veredas del municipio Calamar en Guaviare. Y en el 2010 con otra cifra similar, desarrolló el alumbrado público de ocho municipios del Meta.

Otros candidatos

Aunque lejos de las cifras millonarias de Garzón y Pérez, pero también con un significativo registro de contratos de prestación de servicios aparece en la lista de candidatos al Congreso Esperanza Vargas Quimbaya.

La aspirante a la Cámara por la Coalición Colombia ha tenido más de 10 contratos relacionados con difusión de las actividades de entidades públicas del Meta y manejo de pauta publicitaria. Entre los últimos que le aparecen en los registros de contratación del Estado está uno firmado con la Gobernación en julio pasado por 22 millones de pesos, para las promociones “de la imagen positiva del Meta”.

A Éder Flórez López, candidato por el Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bolívar, le figuran seis contratos a su nombre o empresas de las que aparecía como representante legal. Con la Gobernación de Bolívar firmó en el 2015 un contrato para la “prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el desarrollo actividades propias de la Secretaría de Víctimas” por 14 millones de pesos. En agosto del 2013 le adjudicaron un contrato por casi 13 millones para el mantenimiento de un radar de la estación de control de tráfico marítimo de la capitanía de puerto de Barranquilla, y ocho meses antes tuvo otro por casi 16 millones de pesos.

Entre los excontratistas, aparecen también algunos cuestionados por presuntamente haber violado el régimen de inhabilidades. Entre ellos Salim Villamil Quessep, primo del actual alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep. Salim, aspirante a la Cámara por Cambio Radical en Sucre, trabajó como auxiliar administrativo de la Registraduría en Corozal y no habría renunciado a su trabajo en el tiempo indicado para poder aspirar al cargo de elección popular.

En una situación similar se encontraría también la candidata del Centro Democrático por Bolívar Jennifer Paola Bustillo Vergara, quien según el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) tiene un contrato para la “prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades propias de la Secretaría de Víctimas y Reconciliación de la Gobernación de Bolívar”. Lo curioso del caso es que el contrato por 18 millones de pesos se firmó el 18 de enero con un plazo de seis meses, es decir estaría vigente mientras que ella está en campaña.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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