Caen 7 funcionarios del ICA por tráfico de reses y brote de aftosa

Caen 7 funcionarios del ICA por tráfico de reses y brote de aftosa

La Polfa los señala de falsificar guías para que entren al país desde Venezuela, algunas infectadas.

Contrabando de reses

El 11,07 por ciento de la carne que se consume en Colombia llega de contrabando.

Foto:

Archivo particular

02 de septiembre 2018 , 11:28 p.m.

Desde mediados de abril, cuando el país tuvo que congelar algunas exportaciones de carne por culpa de un brote de la fiebre aftosa, varios hombres de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) se infiltraron en distintos puntos de atención del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para establecer cómo estaban llegando los semovientes infectados desde Venezuela.

Fingieron, incluso, ser jornaleros de fincas en Arauca, Santander y Cundinamarca, para establecer qué ganaderos estaban involucrados en el tráfico de reses con aftosa.

Ya sabían que en al menos 10 fincas venían ingresando camiones repletos con ganado en pie, de contrabando, cuya carne terminaba siendo comercializada en Cúcuta, Cartagena del Chairá, Florencia, Girardot, Flandes y Arauca.

Las labores de inteligencia empezaron a develar que un puñado de funcionarios del ICA estaban alterando el Sistema de Información para Guías de Movilización (Sigma), con el propósito de aparentar que los movimientos de semovientes eran legales.

La información recaudada permitió la captura, hace 72 horas, de 12 personas involucradas en la red criminal autodenominada ‘los corraleros’ y que, además, expedían documentación para que se realizaran movimientos ficticios de ganado que permitían abrir los cupos para el ingreso de los semovientes ilegales.

Entre los detenidos hay cinco reconocidos ganaderos y siete funcionarios del ICA, entre técnicos operativos y veterinarios. Estos últimos fingían hacerles visitas a los hatos de la red y daban fe de que las reses estaban supuestamente en buen estado.

Ahora estamos atacando las cabezas de esta economía criminal y persiguiéndoles la plata y sus bienes, para que no se reproduzcan

“Esta operación impacta de manera categórica una mafia de corruptos y contrabandistas, aliados para ingresar y comercializar ganado ilegal de Venezuela. Ahora estamos atacando las cabezas de esta economía criminal y persiguiéndoles la plata y sus bienes, para que no se reproduzcan”, explicó el general Juan Carlos Buitrago, director de la Polfa.

Agregó que la institución contó con el apoyo del ICA y del Ministerio de Agricultura para desarticular esta banda que estuvo a punto de causarle al país un daño económico cercano a los 100 millones de dólares, por el veto a la carne infectada. De hecho, cifras de Fedegán indican que el 11,07 por ciento de la carne que se consume en Colombia llega de contrabando.

‘Los corraleros’

Entre los siete funcionarios capturados hay tres mujeres que fueron identificadas como Érika Lorena Flórez Gordillo, Fabiola Castro López y María Isabel Uribe Silva. Todas se encargaban de expedir las llamadas guías sanitarias falsas, alterando el Sigma. La primera de ellas lo hacía desde Cartagena del Chairá; la segunda, desde Arauquita, y la otra, desde Girardot.

Los otros funcionarios implicados fueron identificados como Carlos Javier Mendoza Guarnizo, Jhoiner Duván Cortázar Quimbaya, Lin Hawer Escobar y Diego Alejandro Ángel.

Todos ellos recibían dinero y dádivas de Hilder Yohanny Arango, el señalado líder de la red y quien aparece en los documentos del ICA con varios cupos irregulares para mover reses. Arango estaba conectado con el ganadero Julio Carrillo Salguero, dueño de la finca Iniciador Bajo, en Girardot. También con el finquero Giovany Durán Díaz, propietario de la finca El Sol, en San Vicente del Caguán, y con Jaime Alberto Vargas López.

Este último aparece como propietario de las fincas Las Vegas, El Progreso y Villa Angélica, en San Vicente del Caguán. El grupo de capturados lo completan el ganadero Jorge Iván Bohórquez Godoy y Víctor Alfonso Fierro.

Los funcionarios del ICA serán acusados de falsedad en documento público, favorecimiento por servidor público y concierto para delinquir. Mientras tanto, los ganaderos deberán responder por contrabando y concierto para delinquir, que dan penas superiores a los ocho años de cárcel.

Por sobornos de entre 500.000 pesos y un millón, los funcionarios implicados entraban al sistema y habilitaban los cupos que se le asignan a cada finca. Incluso, se inventaban nombres de haciendas para justificar los movimientos irregulares de ganado infectado. Nunca midieron el daño que le estaban haciendo al país”, le explicó a EL TIEMPO uno de los investigadores.

EL TIEMPO estableció que la Polfa y el ICA están rastreando a otros funcionarios involucrados en la red, localizados en al menos ocho departamentos más. Este operativo se ejecutó dentro del plan gubernamental ‘El que la hace la paga’.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En twitter: @uinvestigativa

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