La disputa por un predio clave para el agua de La Guajira

La disputa por un predio clave para el agua de La Guajira

Dos mujeres pusieron en marcha un desalojo a una comunidad wayú que rodea el cauce del arroyo Bruno.

Indígena wayú en arroyo Bruno

Carmen Sierra es la docente de la escuela rural donde estudian cerca de 15 niños de la comunidad wayú de El Rocío, en La Guajira.

Foto:

Jessica Michelmore / CAFOD.

Por: Justicia
26 de noviembre 2019 , 02:03 p.m.

En los terrenos que sobreviven entre tajos de minería, se ven los cauces secos de arroyos, mientras antiguos pobladores cuentan de la época cuando allí, en ese paisaje hoy árido, habitaban comunidades indígenas del pueblo wayú y otras afrodescendientes. Pero hay tierras todavía verdes por donde corre el agua, como las aledañas al arroyo Bruno entre Albania y Maicao, en La Guajira.

Durante tres días, integrantes de organizaciones de Centroamérica, Suramérica y Europa recorrieron algunas de estas zonas para verificar las denuncias de los pobladores.

Un predio de 19 hectáreas que sería clave para proteger el “último arroyo vivo de La Guajira”, como señalan sus habitantes, podría ser desalojado en los próximos días. Y tras ese desalojo, que involucra a cerca de 25 familias indígenas del pueblo wayú, hay una historia de conflicto armado y, ahora, una tensión permanente entre los pobladores y la empresa Carbones del Cerrejón, mediada por una sentencia de la Corte Constitucional.

Se trata de la comunidad El Rocío, un caserío en límites entre Maicao y Albania, sur de La Guajira, escondido entre la sombra de árboles y arbustos frondosos que se extienden a lo largo de la parte superior del arroyo Bruno, un afluente que la Corte protegió parcialmente en el 2016, cuando fue desviado en 3,6 kilómetros por el Cerrejón para extraer carbón en la zona de su cauce.

La tierra es rojiza, hay pocas casas, y con el ruido del cauce del Bruno de fondo se escuchan gallinas y perros. Hay casas de madera y algunas construcciones de ladrillo, como la escuela rural, donde enseña Carmen Sierra, una de las mujeres que llevan todo el año oponiéndose a una orden de lanzamiento de la inspección de policía de Maicao, calificada por los abogados del Colectivo José Alvear Restrepo, que acompañan el proceso, como “improcedente e irregular”.

Dos mujeres reclaman ser propietarias del predio: Zoraida Toncel Redondo, hermana de Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez cuando era comandante del bloque Sur de las Farc, y Nazly Hernández de González, viuda de Luis Ángel González, ‘Lucho Ángel’, quien al parecer controlaba parte del contrabando de la zona.

La comunidad de El Rocío fue dos veces víctima de desplazamiento forzado: en 1997 por grupos paramilitares, y por grupos guerrilleros en el 2012.

Según la denuncia de la comunidad, conocida por una comisión internacional integrada por representantes de organizaciones de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Perú, Bolivia y Brasil, además de una delegada de la Unión Europea, y varias de la organización británica Catholic Agency for Overseas Development (Cafod), además del Cinep, de Colombia, en 1989 el extinto Incora adjudicó terrenos baldíos a los hermanos Reginaldo Rafael Ramírez Boscán y Luis Ángel González Boscán.

Dice la denuncia que el predio de Ramírez Boscán fue vendido a Nazly Hernández de González, esposa de González Boscán, en 1994. En 2003, ella lo vendió a Zoraida Toncel, “al parecer, producto de la negociación de un secuestro que hizo la guerrilla a uno de los parientes de la familia Hernández”, según la documentación.

La irregularidad, aseguran los denunciantes, es que la ley vigente en ese momento prohibía que el Incora adjudicara baldíos ocupados por comunidades indígenas, a menos que fuera con el propósito de constituir un resguardo.

Blas Eduardo Sierra Pérez, de 52 años y uno de los indígenas asentados en El Rocío, cuenta que vive allí desde que nació, y que solo dejó esas tierras cuando fueron desplazados. Hoy, Blas es uno de los reclamantes de que la comunidad no sea desalojada, pero también uno de los defensores de que no se restrinja más el cauce natural del arroyo Bruno, que, según lo que ha observado, se ha visto afectado, incluso aguas arriba, desde que lo desvió el Cerrejón.

En las evidencias de las comunidades consta que, en el 2016, Nazly Hernández presentó una querella en Albania, para pedir que desocuparan el predio, al igual que Zoraida Toncel, ante la inspección de policía de Maicao. Mientras que en Albania no tuvo efectos, sí en Maicao, donde las autoridades emitieron, en agosto del 2018, una resolución de desalojo.

Según los vecinos de El Rocío, las diligencias para desalojarlos se dieron luego de que la empresa Cerrejón mostró interés en esos terrenos cuando se planteó el desvío del arroyo. Fue después de esto, afirman, cuando Hernández y Toncel empezaron a reclamar el desalojo de los wayús. Según cuentan, ellas habrían manifestado interés en vender sus predios al Cerrejón.

Al respecto, la empresa manifestó que no hacen parte de la disputa entre la comunidad y El Rocío y las dos mujeres. "Confiamos en que este tema se resuelva de la mejor manera, dentro del marco del diálogo y el respeto a los derechos de las partes". Y que su interés es " contribuir con la conservación de estos predios que hacen parte de la cuenca alta y media del arroyo Bruno, razón por la cual hemos implementado los acuerdos de conservación firmados recientemente, con la participación de Corpoguajira y las comunidades de El Rocío y Tigre Pozo, como parte del Plan Integral de Compensación establecido por la autoridad ambiental regional" porque, según dicen, en esa zona nunca han contemplado hacer minería.

El proceso de desalojo sigue en pie y está programado para finales de noviembre. La comunidad pide que respeten los derechos adquiridos tras estar ahí por más de 40 años.

Caserío wayú

Las viviendas de la comunidad El Rocío son tradicionales y alojan entre 10 y 25 familias, pues varias se mueven constantemente.

Foto:

Jessica Michelmore / CAFOD.

Durante el recorrido por la zona se verificó la presencia de camiones cisterna que captan agua del río Ranchería, el principal afluente de una región donde ese es un recurso natural escaso. En los momentos de mayor sequía, el Ranchería y el Bruno han llegado a abastecer de agua, incluso, a los municipios de la alta Guajira, como Riohacha, Manaure y Uribia.

En noviembre del 2017, la Corte Constitucional evaluó las denuncias comunitarias por la decisión de la empresa de desviar el arroyo y dejó establecidas varias incertidumbres sobre el desvío del afluente.

El Arroyo Bruno es de relevancia ambiental definitiva como cuenca y ecosistema

La Corte puntualizó que el desvío del arroyo Bruno configuraba “una amenaza para los derechos invocados, para cuya protección es preciso adoptar las medidas orientadas a superar las referidas incertidumbres en torno a la viabilidad ambiental del proyecto o a las medidas de prevención, mitigación y compensación, que resulten necesarias”.

Se ordenó, como medida provisional, que la mesa interinstitucional “decida acerca del restablecimiento del paso de las aguas superficiales el arroyo Bruno hacia su cauce natural”, pero las comunidades afirman que nunca se restableció y por el flujo artificial, como comprobaron en recientes visitas, no está corriendo el agua. “El arroyo Bruno es de relevancia ambiental definitiva como cuenca y ecosistema, particularmente por el alto estrés hídrico de la zona donde está ubicado”, dijo el alto tribunal.

El arroyo Bruno, que desemboca en el río Ranchería, sería uno más en otras zonas del país, pero, en medio del calor y con las dificultades de esta árida región, resulta fundamental para la supervivencia de las comunidades que viven en sus laderas y aguas abajo.

Tras la visita, Emily Mulville, coordinadora de Cafod para la región Andina, manifestó que quedó con “mucha preocupación con estos impactos que continúan” y, en particular, señaló la alerta por la posibilidad de desalojo de El Rocío. “Las visitas han sido bien impactantes, hemos podido ver los efectos de la actividad minera en la región, en comunidades indígenas y afros, que van en impactos a las fuentes de agua, impactos en salud, impactos culturales y sociales, y también algunos testimonios y situaciones de incumplimiento de acuerdos que se han llevado de las sentencias que existen”, dijo.

Misael Socarrás, líder wayú que ha sido amenazado por su actividad, señala los que considera incumplimientos de la sentencia de la Corte sobre el Bruno, entre estos que las comunidades no han sido incluidas en la mesa interinstitucional y que cuando se han acercado a ellos ha sido para socializar decisiones, y no para concertarlas. “No hemos recibido ningún informe del radicado donde se tomó la decisión de mantener el arroyo Bruno por el cauce artificial”, cuenta.

El 29 de noviembre se reunirán con las entidades involucradas en el seguimiento de los impactos del desvío del arroyo para debatir las incertidumbres acerca del daño ambiental, ecológico, espiritual y cultural de esa decisión en las comunidades aguas abajo. Para entonces seguirá la expectativa sobre si desalojan o no a las familias de El Rocío, lo que para ellos abriría la puerta a prolongar la desviación del arroyo.

‘Obras están soportadas en rigurosos estudios’

Durante el proceso, directivas de la empresa Cerrejón han señalado que vienen cumpliendo con el monitoreo de la zona y que las obras desarrolladas han contado con estudios técnicos certificados.

Igualmente han manifestado que respetan los derechos de las comunidades y que avanzan en consultas previas con las comunidades de la región. Hace un par de semanas, la empresa firmó acuerdos de conservación con 37 familias de los predios Tigre Pozo y El Rocío para restaurar y proteger “325 hectáreas de bosque seco tropical, que incluyen la siembra de 17.500 plántulas de especies en veda de la región”.

“Las obras se desarrollaron siguiendo reconocidos estándares sociales, ambientales y de ingeniería, y estuvieron soportadas por rigurosos estudios técnicos emitidos por expertos nacionales e internacionales. Gracias a ello, el nuevo cauce del arroyo ha mostrado un comportamiento acorde con su diseño, emulando las mismas condiciones biológicas del cauce original, lo que garantiza la preservación de la flora y fauna del cuerpo hídrico”, señala.

También dice: “Acatamos este fallo y brindaremos todo su soporte para el cumplimiento de lo ordenado por la Corte”.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Twitter: @LopezJuanDa
REDACCIÓN JUSTICIA

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