Desde el inicio de su colaboración con la justicia colombiana, hace ocho meses, el exdirectivo de Odebrecht Eleuberto Martorelli reveló que Otto Bula era conocido con el alias de Buldócer y que en la contabilidad secreta de la multinacional había una carpeta con ese nombre en la que se registraron todos los pagos ilegales que fueron a parar a sus manos.
Este miércoles, al anunciar la compulsa de copias contra los congresistas Armando Benedetti, Álvaro Ashton, Musa Besaile, Sandra Villadiego, Alfredo ‘Ape’ Cuello Baute y Martín Morales (excongresista llamado a juicio por ‘parapolítica’) como supuestos receptores de los sobornos de la multinacional brasileña, la Fiscalía aseguró que a ellos se los conocía como el ‘grupo Buldócer’, cuya función era tumbar desde el Congreso cualquier obstáculo para sus intereses.
Sus nombres se suman a los de los senadores Bernardo el ‘Ñoño’ Elías (ya preso) y Antonio Guerra de la Espriella, entre quienes tendrán que responder ante la Corte Suprema por, al parecer, haber recibido millonarias coimas por utilizar su influencia y contactos en favor de Odebrecht.
Hasta ahora, los enredados en el escándalo estaban respondiendo por actos de corrupción en la adjudicación de la Ruta del Sol II (a finales del gobierno de Álvaro Uribe), y, ya en el gobierno Santos, por la adición de la vía Ocaña-Gamarra y el megaproyecto de Navelena.
Lo que se descubrió es un nuevo capítulo del escándalo: Odebrecht también habría pagado sobornos para sacar adelante, en diciembre del 2012, un contrato de estabilidad jurídica favorable a sus necesidades.
Los congresistas, dice la investigación, cobraban “comisiones de éxito para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales”.
Desde mediados de octubre, gracias a la colaboración de varios implicados, los investigadores vienen recabando “material probatorio” según el cual Benedetti, Musa, Elías Vidal y Guerra de la Espriella habrían recibido dos millones de dólares, girados por el famoso Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Este era la ‘caja menor’ de los sobornos y operaba directamente desde Brasil.
El contrato de estabilidad tenía por objeto garantizar que al inversionista se le seguiría aplicando la normatividad vigente en materia de impuesto al patrimonio desde el inicio del proceso hasta la entrega de la obra.
La Fiscalía dice que aunque se aprobó legalmente, su trámite fue mucho más expedito gracias a que Odebrecht había ofrecido a Bula y al empresario Federico Gaviria una comisión de éxito si lo lograban antes del 31 de diciembre del 2012, antes de empezar a regir la reforma tributaria aprobada ese año por el Congreso.
“La presión que se ejerció por este grupo de senadores a través de la reforma tributaria fue abriendo el camino para ir venciendo las distintas aprobaciones de una manera exprés, rápida”, señala uno de los testimonios enviados a la Corte.
Los dos millones de dólares para el ‘grupo Buldócer’ y los bonos de a 500.000 dólares para Gaviria y Bula fueron, según el expediente, girados en marzo de 2013 desde Brasil a una cuenta en Panamá. Después, esas sumas se monetizaron en el país “para cancelar las coimas respectivas”, señaló este miércoles la vicefiscal general María Paulina Riveros.
En respuesta a los señalamientos de la Fiscalía, el senador Armando Benedetti lanzó durísimos dardos contra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, y el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, a quienes responsabilizó de liderar una supuesta campaña de desprestigio en su contra.
Benedetti convocó a una conferencia de prensa en la cual señaló de manera reiterada al Fiscal de ser “un rufián” y hasta pidió a sus asesores que le leyeran el significado de este término en el diccionario de la Academia Española de la Lengua.
También dijo que tiene pruebas de que Martínez Neira estuvo los días 26, 27 y 28 de mayo de 2014 en un apartamento del norte de la capital del país recogiendo dineros en efectivo para la campaña Santos Presidente.
Cuando los periodistas le preguntaron quién daba el dinero, Benedetti respondió con una pregunta: “¿Quién era el socio de Odebrecht? ¿Dónde está el socio de Odebrecht?”
De Vargas Lleras dijo que era un “facineroso” y un “bandido”, y que él y Cambio Radical, su partido, tienen “capturado” al Fiscal”.
Según el senador Benedetti, todas las acusaciones en su contra obedecerían a una persecución política liderada por Vargas, de quien dijo que es su enemigo político y supuestamente quiere destruirlo a él y a su familia.
También, la Fiscalía aseguró que el grupo de ‘los Buldócer’ “fue repotenciado para la adjudicación del otrosí de la ruta Ocaña-Gamarra, por el que Odebrecht habría acordado coimas por 80.000 millones de pesos, de las que solo alcanzó a pagar 50.000 millones. Este es el capítulo que tiene preso al ‘Ñoño’ Elías, cuyo entorno habría recibido al menos 17 mil millones en sobornos.
El ‘refuerzo’ habría llegado con el senador Álvaro Ashton –como Musa Besaile, enredado por los presuntos pagos de sobornos en la Corte Suprema–, la senadora Villadiego, el excongresista Morales y el poderoso expresidente de la Cámara Alfredo ‘Ape’ Cuello Baute.
Ellos, señaló la Fiscalía, habrían entrado a apoyar las actividades ilegales que supuestamente adelantaba el entonces ministro de Transporte Miguel Peñaloza Barrientos.
Peñaloza, dice la investigación, “se habría encargado de promover este proyecto de infraestructura, inicialmente radicado en el Fondo de Adaptación, para que quedara asignado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), lo que facilitaba su ejecución mediante el mecanismo de adición al contrato Ruta del Sol”.
Los testigos señalan que la entrega del otrosí “iba muy lenta”, por lo que Bula decidió supuestamente “ampliar la presión con más congresistas, porque si no había un bloque grande y fuerte para pelear el asunto, era imposible lograrlo”. En ese contexto, la Fiscalía dice que “habrían contribuido a impulsar la adición Ocaña-Gamarra los congresistas Benedetti, Besaile, Elías, Guerra y Ashton”, apoyados por los otros parlamentarios mencionados.
El nombre del exsenador Plinio Olano Becerra, que ya había aparecido en la investigación, fue también mencionado por los nuevos testigos. Ellos señalan que en 2010 habrían ido a parar a sus bolsillos 500 millones de pesos del sobreprecio de un contrato de obra que se firmó con una empresa con la que él tenía nexos. Este pago habría sido una “reciprocidad” por su labor en favor de la multinacional.
Además, habría realizado gestiones ante Odebrecht para favorecer al exgobernador de Boyacá y actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que el excongresista habría intervenido en la adjudicación de la Fase 2 de la Transversal de Boyacá, entregada en 2012 por Invías a Odebrecht .
Olano Becerra expidió este miércoles un comunicado en el cual señala que “es completamente falso que haya tenido compromisos o acuerdos de reciprocidad con Odebrecht”: “No soy propietario ni accionista de empresas de construcción ni tengo algún grupo de confianza”, afirmó.
Sin embargo, la Fiscalía ya lo había mencionado en la imputación de cargos contra Federico Gaviria y Eduardo Zambrano.
EL TIEMPO publicó el domingo pasado los detalles de la audiencia de imputación contra los empresarios, en los cuales la Fiscalía sostiene que “Gaviria fue el más activo en la consecución de las empresas mediante las que se lavaría el dinero con el cual se pagaría el cohecho a los diferentes congresistas” y funcionarios.
El fiscal del caso señaló que “Federico Gaviria ejerció indebida influencia sobre Plinio Olano y Miguel Peñaloza” y que les “ofreció el 1 por ciento del valor del contrato” para que se movieran en favor de los intereses de la multinacional. Y agregó que ese ofrecimiento ilegal “aparentemente fue aceptado por estas personas” (Olano y Peñaloza).
La Fiscalía anunció también que citará a interrogatorio a Luis Bernardo Villegas, quien ha sido mencionado por los testigos entre “quienes habrían participado o resultado beneficiados por Odebrecht”.
Villegas fue secretario de Movilidad en Bogotá en la administración de Samuel Moreno Rojas. En la construcción del proyecto Tunjuelo-Canoas, que fue una de las primeras obras de Odebrecht en Colombia, medió el pago de un soborno, por el cual Samuel Moreno enfrenta un nuevo proceso por corrupción.
El senador barranquillero es uno de los grandes electores del partido de ‘la U’ y ha sido protagonista de primera línea en la política colombiana en los últimos quince años. Fue también uno de los principales defensores del proceso de paz y continúa siendo de los grandes aliados del Gobierno en el Congreso.
Además de los señalamientos, en la Corte tiene una indagación preliminar por el escándalo del ‘cartel de la educación’ en Córdoba. Aspira a repetir curul en el Senado, donde forma parte de la Comisión I, de Asuntos legales y constitucionales.
El senador del partido de ‘la U’ enfrenta varios procesos en su contra por escándalos como el de Odebrecht y el saqueo a Córdoba. Ante la Corte Suprema de Justicia y medios de comunicación, Besaile confesó haber pagado $ 2.000 millones en el 2015 para evitar ser capturado en un proceso por ‘parapolítica’. Esa plata, según dijo, la entregó a través de su abogado, Luis Ignacio Lyons (también investigado), al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno en Bogotá. Besaile aseguró que a través de Moreno, la red de los expresidentes de la Corte Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte lo extorsionó con la amenaza de una orden de captura.
Plinio OlanoLa Fiscalía ya había compulsado copias a la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador en la investigación por las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de Ruta del Sol 2. En expedientes judiciales aparece la declaración del condenado exvicemininistro de Transporte Gabriel García Morales, quien lo había calificado como el “hombre de Odebrecht” en el Congreso. Ingeniero de profesión, Olano fue miembro de la Comisión VI, que se encarga de temas de infraestructura, y es reconocido como uno de los expertos en el tema. Se quemó en las elecciones del 2014 y está hoy en la Federación de Departamentos.
Miguel PeñalozaEl exministro de Transporte Miguel Peñaloza es investigado disciplinariamente por la Procuraduría y penalmente por la Fiscalía. Ya fue escuchado en interrogatorio en la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de Ruta del Sol 2, por el que se pagaron sobornos por 6,5 millones de dólares. Testigos aseguran que le habrían ofrecido el uno por ciento del valor del millonario contrato de adición de la ruta Ocaña-Gamarra. Su caso está próximo a definirse en la Fiscalía General .
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