Aunque diversas leyes, empezando por la Constitución, establecen la igualdad de derechos y la prohibición de discriminación por razones de género u orientación sexual, el país aún está lejos de cumplir esos lineamientos, una brecha que se nota aún más en el sistema penitenciario.
Según el informe ‘Diversidades en prisión’, elaborado por la Defensoría del Pueblo, en las cárceles persisten situaciones de agresión, discriminación y otras circunstancias que impiden el ejercicio pleno de derechos de las personas LGBTI.
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Por ejemplo, solo en 2019, la Defensoría acompañó 285 casos de violencia por prejuicio y discriminación, en donde 108 casos fueron hacia personas transgénero, 91 hombres gais, 62 mujeres lesbianas, 17 mujeres bisexuales y 7 hombres bisexuales. Además, 39 de estos casos correspondieron a personas venezolanas.
El informe de la Defensoría hace referencia al seguimiento de la situación de DD. HH. antes y después de la resolución 6349 de 2016, que modificó el reglamento de las cárceles para incluir la obligación del respeto de los derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Esa resolución fue producto de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que interpuso una mujer lesbiana que en distintos penales vivió discriminación institucional por su orientación sexual.
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El organismo internacional le exigió al Estado mayor protección de los derechos de personas LGBTI en prisión, pero el informe de la Defensoría concluye que si bien esto significó un avance, aún persisten barreras en esta materia.
El documento recoge que las personas LGBTI son objeto de burlas, humillaciones y amenazas de abuso sexual, e incluso hay registro de víctimas de abuso sexual a manos de personal del Inpec y otros presos, supuestamente, para que “aprendan a ser machos” o “mujeres”.
Además de la agresión, la Defensoría identificó que estos casos raramente son denunciados formalmente por miedo a represalias.
La Defensoría identificó que en los penales hay barreras para las visitas conyugales de personas con orientación sexual e identidad de género diversa.
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También se tiene información de que en algunos centros penitenciarios les imponen a los reclusos limitaciones para que se vistan o lleven su cabello de acuerdo con su identidad.
Incluso se identificó que sigue habiendo restricciones para el ingreso de medicinas y tratamientos hormonales a los centros carcelarios, elementos de especial relevancia para la construcción identitaria de las personas transgénero.
En cuanto a las dinámicas de las visitas íntimas entre parejas del mismo sexo, la Defensoría encontró que están marcadas por señalamientos y discriminación, así como por la negación reiterada de permisos por parte de las autoridades.
Esto era especialmente crítico antes de la resolución de 2016, y había casos como el de la cárcel de San Diego, en Bolívar, donde las internas afirmaron que no podían tener intimidad porque las normas del penal impedían expresiones de afecto o relaciones entre parejas del mismo sexo, e incluso, dijeron, era considerado un acto inmoral penalizado con calabozo por varios días.
Desde 2016, recoge el informe, el acceso a las visitas íntimas ha mejorado, pero sigue habiendo estigmatización tanto de guardias como de presos, y hay casos en que a las personas LGBTI les piden mayores requisitos para autorizar la visita conyugal, como una entrevista psicológica.
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Por todo esto, para la Defensoría es necesario que se tomen más acciones para impulsar el respeto de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, desde que el Inpec mejore la información que tiene sobre la población y sus necesidades específicas, hasta diseñar material pedagógico y hacer jornadas de formación sobre los derechos de las personas LGBTI.
Igualmente, la entidad hizo hincapié en la necesidad de protocolos de recepción de denuncias y acceso a la justicia con enfoque diferencial para casos de discriminación y violencia en razón de género u orientación sexual.
Los mecanismos de la ONU contra la tortura advirtieron que las personas privadas de libertad, que ya están expuestas al riesgo de tratos crueles, inhumanos y degradantestras las rejas, enfrentan otra amenaza con la covid-19.
Según cifras de Prison Insider, citadas por la ONU, hasta mediados de junio de 2020 más de 78.000 personas presas habían contraído coronavirus en 79 países, y al menos 1.100 reclusos habían muerto a causa de este virus en las prisiones de 35 países.
En ese sentido, expertos de la ONU dijeron que los gobiernos deben garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad.
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"Dichas personas deben disfrutar de los mismos estándares de atención médica disponible en la comunidad, incluyendo el acceso a pruebas para la detección del virus y tratamiento médico", dijo el doctor Jens Modvig, presidente del Comité contra la Tortura.
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