Tres semanas después de haber perpetrado el robo de joyas y otros elementos valiosos de la vivienda de la exministra y precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, la banda de ‘los Balseros’ fue desmantelada por la Fiscalía.
La cabeza de la red era un agente del CTI de la Fiscalía y en el expediente aparece que los mismos delincuentes empezaron su accionar delictivo atacando lujosas casas campestres de la vereda La Balsa, en el municipio de Chía, Cundinamarca. Según la investigación, en cada uno de los atracos habían logrado apropiarse de bienes avaluados entre 300 y 700 millones de pesos.
Los nueve capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.
La investigación arrancó hace cinco meses, cuando hubo un aumento de este tipo de robos contra residencias campestres en Cota, Cajicá, Chía, Granada y La Calera (Cundinamarca).
Tras la denuncia de la exministra Ramírez, cuya vivienda está en La Calera, la Fiscalía aumentó los recursos para los equipos que estaban trabajando en la zona. Así logró descartar que el hecho tuviera alguna relación con la actividad política de la dirigente conservadora y reforzar el caso contra ‘los Balseros’.
En esa oportunidad los asaltantes, portando diferentes tipos de armas de fuego, entraron a la casa, golpearon y amarraron a dos empleados. Las autoridades lograron determinar, después de recopilar imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de varias de las víctimas, que el hecho tenía conexión con los otros robos en la Sabana en los que se repetía el mismo modus operandi.
Investigadores de la Sijín de Cundinamarca realizaron unas 60 entrevistas y varias interceptaciones telefónicas.
Las capturas se dieron después de siete allanamientos en diferentes sectores de Bogotá, en donde se encontraron algunos de los elementos robados en varias viviendas. Según fuentes allegadas a la investigación, el miembro del CTI estaba adscrito a la Unidad de Desaparecidos en Bogotá y utilizaba su cargo para ubicar posibles objetivos de la banda y recoger información sobre los sistemas de seguridad en las casas que después serían asaltadas.
En su momento, Ramírez pidió reforzar su esquema de seguridad argumentando los riesgos derivados del ataque a su residencia y de su condición de líder de la oposición. El miércoles, consultada por EL TIEMPO, Ramírez afirmó que una vez conozca los detalles de la investigación hará un pronunciamiento sobre los resultados de la investigación.
En la noche del miércoles se estaban realizando las audiencias de legalización de captura contra las nueve personas, que se enfrentan ahora a la posibilidad de una condena superior a los diez años de prisión.
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