Homicidios en zonas de sustitución de cultivos crecieron 41 por ciento

Homicidios en zonas de sustitución de cultivos crecieron 41 por ciento

Informe de la Fundación Ideas para la Paz hace balance sobre programa que vinculó a 83.161 familias.

Gobierno se reserva derecho a erradicación forzosa de cultivos

El acuerdo de paz privilegia la sustitución de cultivos.

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Archivo / EL TIEMPO

05 de septiembre 2018 , 10:52 p.m.

En los primeros siete meses del 2018, los homicidios en las zonas donde viven las familias que se comprometieron a erradicar voluntariamente sus cultivos sembrados con coca han crecido en un 41 por ciento. Así, mientras en el mismo periodo del 2017 en esas zonas hubo 471 asesinatos, este año ya van 658. Esa cifra es preocupante teniendo en cuenta que en las áreas donde no hay sustitución los homicidios crecieron pero en un tres por ciento.

Ese es uno de los datos que revela un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), conocido por EL TIEMPO, en el que se hace un balance sobre cómo va el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), uno de los puntos que hizo parte del acuerdo de paz con las Farc.

Frente a la inseguridad, el estudio afirma que en esas zonas han sido asesinados entre 2017 y 2018 unos 36 líderes que promovían la erradicación voluntaria, principalmente en Cauca y Nariño (ver gráfico). Esto se da porque hoy son más los grupos ilegales que “se oponen a la sustitución con amenazas y acciones de violencia”.

El estudio recuerda que al programa se vincularon 83.161 familias, aunque en los acuerdos colectivos aparecían unas 120.000. Los que están en el programa se comprometieron a erradicar 49.049 hectáreas, de las cuales han sustituido 26.219. Esta cifra es el 14,5 % de todo lo sembrado en el país, donde los narcocultivos están disparados con unas 180.000 hectáreas con matas de coca.

El estudio muestra que la erradicación ha avanzado poco en los municipios con extensas siembras como Tumaco (se ha erradicado solo un 6 %), pero ha funcionado mejor en las zonas con cultivos más pequeños (menos de 2.000 hectáreas) y donde las Farc tenían un fuerte control territorial en municipios de Caquetá y Meta.

Pero para la FIP, más allá del número de hectáreas erradicadas voluntariamente, la efectividad del programa se debe medir desde otra perspectiva. A su juicio “los avances en el proceso de sustitución deben ser valorados a partir de la transformación de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran estas comunidades”.

La propuesta consiste en llevar un verdadero desarrollo rural a estas regiones para darles una opción distinta a los cultivos ilícitos, teniendo en cuenta que si se compara con el resto de municipios rurales, estas zonas son más pobres, pues están aisladas y tienen un menor acceso de bienes y servicios. Así, el 57 % de familias que viven en zonas de cultivos de coca son pobres, y un 35 por ciento vive en pobreza extrema. Esto contrasta con que en el campo en general la situación de pobreza es del 36 por ciento.

Por eso la FIP asegura que la única forma para bajar de forma sostenible las hectáreas sembradas, es “cambiar las condiciones de los territorios que hacen competitivos los cultivos ilícitos”. Eso implica no sólo contener la inseguridad, sino que el Estado haga una presencia integral.

Falta control en subsidios

Otro dato del informe es el bajo control sobre los subsidios que reciben las familias para la sustitución. El programa contempló pagos anuales de 12 millones de pesos, y hasta ahora el 19 por ciento de familias ya terminaron de recibir esos dineros.

La FIP recomienda revisar los pagos por dos razones: la primera, es que de los 51 municipios donde opera el programa, en el 60 por ciento están recibiendo subsidios sin asistencia técnica. La segunda, es que el 63 % de familias ya han recibido el primer pago (de 2 millones de pesos) pero en muchos casos no se ha verificado si ya erradicaron las matas. En este punto la FIP afirma que la verificación que hace Naciones Unidas “continúa teniendo dificultades logísticas de seguridad y limitaciones de personal” en el territorio.

La Fundación dice que el uso de los subsidios preocupa porque –además de que fue uno de los alicientes para el crecimiento en el número de hectáreas sembradas en el último año– “no tienen impactos de larga duración”.

En Tumaco, Nariño, unas 8.375 familias han recibido el pago pero, de las 2.313 hectáreas censadas por Unodc, solo se ha podido verificar la erradicación en 1.324. En San José del Guaviare, Guaviare, 2.833 familias recibieron el pago, pero únicamente se han certificado erradicaciones en 916 hectáreas y en Puerto Asís, Putumayo, 2.639 familias recibieron subsidios pero se ha verificado 139 hectáreas erradicadas. Donde Naciones Unidas sí ha podido hacer la verificación de la erradicación, el cumplimiento es de un 91 por ciento.

‘No se debe frenar sustitución’

La FIP hizo recomendaciones para que el gobierno de Iván Duque pueda rebajar las 180.000 hectáreas sembradas. La Fundación asegura que ninguna herramienta (sustitución, erradicación forzada o una posible aspersión) funciona por sí sola, y dice que, pese a las críticas de varios sectores al programa, el Gobierno no debe frenar abruptamente la sustitución voluntaria porque podría activar la resiembra y generar “movilizaciones sociales que configuren un entorno hostil para la política de drogas”. La FIP invita al Gobierno a mejorar la seguridad de quienes sustituyen, y llevar desarrollo a estas regiones.

MILENA SARRALDE DUQUE
REDACCIÓN JUSTICIA@MSarralde

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