Un balance de cuarenta años de lucha contra la corrupción

Un balance de cuarenta años de lucha contra la corrupción

Entre 2008 y 2017 se impusieron 3.176 sanciones penales por corrupción.

Corrupción

Con leyes e instituciones fortalecidas, el Estado viene combatiendo el desangre del erario y castiga a los corruptos.

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123rf

Por: Camilo Enciso y Gabriel Cifuentes
19 de octubre 2018 , 06:43 a.m.

Los años 80 dejaron una honda cicatriz en la historia de Colombia. Por esa época, el narcotráfico cooptó nuestras instituciones al más alto nivel, se convirtió en un motor de violencia y terror y sembró el germen de la descomposición ética y moral. Quien no se corrompía era asesinado. Quien se vendía entraba en el círculo mafioso que arrastró el país hacia el desastre.

Por esa época además los medios reportaban a diario el escalamiento de la violencia, de las masacres, los asesinatos selectivos y ataques terroristas de la guerrilla y los paramilitares. En el momento más álgido de la guerra, cerca de la mitad de los alcaldes del país no podían gobernar desde la cabecera municipal por las amenazas. Por si fuera poco, tampoco había fiscales ni jueces; el desgobierno era absoluto, e imperaba la impunidad.

La guerra –que duró más de medio siglo– acentuó la crisis de valores desatada por el narcotráfico. El esfuerzo de la sociedad colombiana por superar la violencia nos impedía ver cómo la mafia y otros actores armados ilegales seducían con sus tentáculos –armados por el dinero y las armas– el corazón, la mente y la integridad de miles de compatriotas.

Hoy sabemos, por ejemplo, que por décadas los paramilitares se apoderaron del presupuesto de la salud en las zonas más vulnerables de Colombia. Más aún, en asocio con viejos caciques de la política, dichos grupos violentos se encargaron de imponer a sangre y fuego a sus candidatos en sus regiones de influencia. Como resultado, cerca del 40 por ciento del Congreso fue tomado por esos actores.

Las cosas iban muy mal. Por fortuna, como resultado de un esfuerzo sin precedentes del Estado colombiano, y en particular de nuestras Fuerzas Militares, a lo largo de dieciséis años el país logró recuperar el control del orden público, los alcaldes pudieron volver a sus regiones, el paramilitarismo entregó las armas e iniciamos y concluimos exitosamente las conversaciones de paz con las Farc, ahora convertidas en partido político.

Esos pasos nos permitieron reorientar los esfuerzos del Estado para enfrentar otro enemigo: la corrupción –que es otra expresión de la violencia–. Pero luchar contra ella requería primero entenderla y después definir el camino para confrontarla.
Así, a través de un proceso amplio y participativo, que involucró a la academia, a la sociedad civil y a nuestras instituciones, hicimos un diagnóstico del problema, y preparamos la primera Política Pública de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la historia de Colombia y de América Latina, el Conpes 167 de 2013, que fue nuestra carta de navegación durante la última administración Santos.

Desde entonces enfocamos todos los esfuerzos del Estado en tres líneas de acción: primero, el fortalecimiento de nuestras leyes y la lucha contra la impunidad, para darle al Estado las armas necesarias para combatir la corrupción; segundo, la reestructuración de entidades de alto riesgo, y tercero, la adopción de una política de transparencia total y empoderamiento ciudadano.

En lo referente al fortalecimiento de nuestro marco jurídico y lucha contra la impunidad, el Gobierno Santos adoptó el Estatuto Anticorrupción en 2011. Este fortaleció la justicia penal, generó nuevas reglas procesales en materia disciplinaria y fiscal, reguló la ‘puerta giratoria’ y dio nuevas herramientas a los organismos de control.

Como resultado, entre 2008 y 2017, se impusieron 3.176 sanciones penales por corrupción, de las cuales un 87,78 por ciento tienen relación con delitos contra la administración pública y 10,42, con delitos contra los mecanismos de participación ciudadana.

Tras la expedición del estatuto en 2011, el número de sanciones impuestas cada año ha duplicado sistemáticamente las que se imponían con anterioridad a la expedición de la norma en el mismo periodo. Por si fuera poco, gracias a denuncias de la Secretaría de Transparencia, más de 180 personas terminaron tras las rejas, muchas de ellas hoy con sentencias penales en firme.

...la politización de la Rama Judicial está haciendo un daño inmenso a la confianza en nuestras instituciones...

También se multiplicaron las sanciones disciplinarias, se recuperaron quince veces más recursos que en el mismo periodo precedente y se fortalecieron las superintendencias, lo cual permitió castigar a los carteles de los pañales, el cemento y el azúcar, entre otros.

Pero no podemos engañarnos. La corrupción, estructural y sistémica, que ha afectado tan gravemente a nuestro país por tanto tiempo no puede corregirse en unos cuantos años. La impunidad sigue siendo un problema muy marcado en las investigaciones de corrupción, la politización de la Rama Judicial está haciendo un daño inmenso a la confianza en nuestras instituciones y a la recta administración de justicia, y la corrupción de algunas ovejas negras de la justicia ha contribuido al fracaso de casos de la mayor importancia. Nuestro Estado tendrá que seguir dando pasos en esa difícil batalla.

En ese esfuerzo, una reforma que consideramos fundamental es prohibir la ‘puerta giratoria’ entre Rama Ejecutiva, Rama Judicial y sector privado. No podemos arriesgarnos a tener exmagistrados, procuradores, contralores o fiscales interesados en hacer política, en el nivel nacional y regional. Las consecuencias de eso, ya lo hemos vivido, pueden ser desastrosas.

Volviendo a lo que veníamos diciendo, en 2016, el Congreso expidió la ley anti-soborno, impulsada por el Gobierno, que permite sancionar hasta con 50 millones de dólares a las empresas que ofrezcan o paguen sobornos, al igual que prohibirles contratar con el Estado hasta por veinte años. También se adoptó la ley antitrámites, eliminando cientos de trámites absurdos, como el que obligaba a los adultos mayores a hacer filas inhumanas para obtener el certificado de supervivencia para cobrar su pensión. Se expidió además la ley de extinción de dominio, golpeando a los corruptos donde más le duele: en su bolsillo; al igual que la ley de pliegos tipo, que reduce el riesgo de direccionamiento de los contratos de obra.

En materia de arquitectura institucional de entidades de alto riesgo, además de acabar con el DAS y el Seguro Social, infames nidos de corrupción, creamos entidades con los mayores estándares de transparencia y gobierno corporativo. Entre ellas, Colombia Compra Eficiente, la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Minería y Colpensiones.

También corregimos esperpentos administrativos incomprensibles, como la mezcolanza del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Vivienda, o el del Ministerio de Justicia y el Derecho con el Ministerio del Interior. A cada uno le dimos, una vez más, la autonomía e importancia necesarias.

Con las reformas hechas quedaron atrás los tiempos en que el Inco e Ingeominas rifaban contratos o títulos mineros a diestra y siniestra. Con Colombia Compra Eficiente creamos herramientas para contratar productos y servicios en línea, a los ojos de todos los colombianos y promoviendo la competencia entre los oferentes, logrando ahorros por 1,4 billones de pesos. Con la creación de Colpensiones rescatamos el sistema pensional público del estado crítico en que se encontraba, y superamos lo que la Corte Constitucional había llamado un estado de cosas inconstitucional.

No obstante lo anterior, entendimos que de nada servía mejorar nuestro marco normativo y reformar nuestras instituciones si no empoderábamos más al ciudadano, brindándole mejores herramientas para vigilar al Estado. Así, impulsamos la ley de transparencia y acceso a la información, que obliga a todas las entidades públicas a revelar toda su información. Así fueron publicados 6 millones de contratos, por 747 billones de pesos, ejecutados durante el gobierno Santos. También expedimos la ley de participación ciudadana e impulsamos la ley de protección de denunciantes, que hace trámite en el Congreso, que no le ha dado a su trámite la celeridad necesaria.

En resumen, hoy contamos con más y mejores herramientas para luchar contra la corrupción, entidades fortalecidas, ciudadanos empoderados a través del uso de nuevas tecnologías y mayores herramientas para exigir la transparencia en la administración del Estado.

Sin embargo, el camino por recorrer aún es largo. La corrupción se reinventa rápidamente, utilizando paraísos fiscales, monedas virtuales, nuevos productos financieros y compañías de cartón, lavando activos a través de la exportación de oro y sacando el mayor provecho de la globalización económica, mientras los esfuerzos globales para combatir el fenómeno aún son débiles.

Pero, más allá de la necesidad –sin duda importante– de buscar soluciones innovadoras en la lucha contra la corrupción y de estrechar lazos con la comunidad internacional para combatir dicho flagelo, lo cierto es que estamos en mora de avanzar hacia una gran revolución moral ciudadana. Ahí está el mayor esfuerzo que debemos emprender como nación.

Entre todos debemos emprender la cruzada de promover cambios de fondo en la idiosincrasia nacional, logrando que la legalidad seduzca más que la ilegalidad. Debemos llevar la lucha contra la corrupción a nuestras aulas de clase, a nuestros comedores, a nuestros hogares y parques. Necesitamos garantizar que nuestros hijos no caigan en la trampa infame de la corrupción y el ‘todo vale’. Darles impulso a las Rutas Pedagógicas para una Cultura de la Integridad, que dejamos listas desde la Secretaría de Transparencia, sería un primer paso.

En conclusión, les dejamos a las próximas generaciones una sociedad más pacífica, pero aún les debemos una sociedad más consciente de sus vicios y virtudes; una en donde la ética y la honestidad sean la regla; y en la que la integridad y la virtud sean los principios rectores del comportamiento de todos los colombianos.

En ese propósito, todos estamos en la misma nave. Aun desde la diferencia política, esperamos que el nuevo gobierno construya sobre lo construido, logre nuevas conquistas en la –siempre difícil– lucha contra la corrupción y dé renovado impulso a la transformación en valores que tanto necesitamos.

CAMILO ENCISO Y GABRIEL CIFUENTES*
*Secretarios de Transparencia, 2014-2017 y 2017-2018, respectivamente
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

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