Desde presuntas irregularidades en la construcción de un puente colgante entre Yarumal y Buenos Aires (Antioquia), pasando por posibles maniobras, que se repitieron en siete departamentos, y que habrían comprometido plata del Programa de Alimentación Escolar (PAE), hasta megaobras como la modernización de la Refinería de Cartagena aparecen en una investigación de la Fiscalía que ya deja a 475 personas vinculadas en procesos penales y en las que las supuestas pérdidas para el Estado se acercarían al billón y medio de pesos.
En ocho meses de aplicación del programa ‘Bolsillos de cristal’, fiscales anticorrupción han priorizado investigaciones por todo el país, las cuales se impulsaron para judicializar a las personas, entre funcionarios, exmandatarios locales y departamentales y particulares que, según la tesis del ente acusador, se habrían puesto de acuerdo para apropiarse de recursos de los colombianos.
Por esos casos, más de 350, la Fiscalía ya llevó ante los jueces, o tiene programadas audiencias para hacerlo, a más de 400 personas que tendrán que responder por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y varias falsedades. En todo caso, serán los jueces quienes al final de los procesos penales definirán si ellos cometieron delitos o si son absueltos.
El taxímetro de la Fiscalía ya va en 1’395.850’329.044 pesos, sin contar los reportes de las investigaciones que han llevado a decisiones en la última semana. Fuentes del ente acusador señalaron que eso solo corresponde a los procesos priorizados en los últimos ocho meses, por lo que las cifras totales de la plata que se habría embolatado por hechos de corrupción sería mucho más alta. La Fiscalía tiene en despachos por todo el país 100.848 investigaciones por posibles hechos de corrupción en las que aparecen, entre otras, indagaciones contra 20 gobernadores y exgobernadores y 230 alcaldes y exalcaldes.
“Nadie puede levantar la mano ni nadie puede tirar la primera piedra, la corrupción se expresa como un fenómeno que ha venido contaminando todos los sectores de la vida pública y privada”, señaló el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en un foro promovido por EL TIEMPO en el que calificó las cifras de la corrupción como “escalofriantes”.
La ofensiva de la Fiscalía ya ha tenido capítulos judiciales en 16 de los 32 departamentos del país y la última jornada de intervención se acaba de realizar hace una semana en Villavicencio (Meta), dejando bajo la lupa de los investigadores contratos por cerca de 100.000 millones de pesos.
Allí, para una primera fase se priorizaron 16 investigaciones que incluyen presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto departamental de atención médica por medios digitales, el contrato 263 del 2011, entre la Gobernación de Meta y la Unión Temporal Vanguardia para el mejoramiento de un acueducto rural, el cual no se encuentra en funcionamiento, la construcción de la refinería Llano Petrol y la construcción de un mirador turístico en Puerto López, entre otros.
La labor de los investigadores ha permitido identificar algunas modalidades que se repiten en distintas zonas del país y que habrían llevado a un millonario desgreño. Así, por ejemplo, la Fiscalía tiene documentados 10 casos en los que “se han detectado graves problemas de corrupción”, con recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El informe conocido por EL TIEMPO señala que en los casos que se registraron en La Guajira, Atlántico, Chocó, Amazonas, Magdalena, Huila y Bolívar el Estado destinó 37.000 millones de pesos para subsidiar la alimentación de niños de bajos recursos, de los cuales se habrían embolatado 10.146 millones de pesos. Por esas presuntas irregularidades ya se han imputado cargos a 53 personas, de las cuales 15 están privadas de la libertad en cárceles, 26 tienen casa por cárcel y 12 fueron dejadas en libertad.
Por presuntos malos manejos de la plata de la salud de los colombianos aparecen capítulos en Chocó, La Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico y Bolívar. Además de los casos por tratamientos que solo se habrían prestado en el papel a pacientes que en realidad no estaban enfermos de dengue, hemofilia, enfermedades mentales o síndrome de Down, también aparecen procesos por la compra de equipos en el Hospital de Jamundí, cuyo exdirector tiene circular roja de Interpol; la compra de uniformes para los empleados del Hospital de Sincelejo y el pago de facturas, al parecer falsas, de medicamentos que habría cobrado la Nueva EPS en el Atlántico.
La Fiscalía también ha judicializado presuntos malos manejos con plata para la educación, la construcción de megaobras, las inversiones para los Juegos Nacionales del Tolima y desviaciones de dinero de las regalías.
En el expediente de la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción también aparece el caso Odebrecht, por el cual ya se han imputado cargos a cinco personas, entre ellas el exviceministro García Morales y el exsenador Otto Bula, y están proyectadas otras cuatro imputaciones de delitos en las próximas semanas.
La Fiscalía también ha judicializado a funcionarios del ente investigador y de despachos judiciales vinculados a supuestos hechos de corrupción.
En ese capítulo aparece el fiscal Rodrigo Aldana, quien aceptó los cargos imputados por recibir dádivas del cuestionado exsenador Otto Bula para favorecerlo en procesos judiciales.
También se judicializó a la fiscal de Maicao (La Guajira) Elena Alejandra Gómez y al investigador del CTI Felipe E. Castrillón García, porque, al parecer, habrían facilitado la fuga de un capturado.
En el Tolima fue capturado el fiscal Jimmy Alexánder Rodríguez, acusado de entregar información a una supuesta red de apostadores, y en Cimitarra (Santander) fue judicializado el fiscal Alberto Amaya Alean y su asistente por cobrar a una red de traficantes de madera para no procesarlos judicialmente y permitir su trabajo ilegal.
En un operativo de la Fiscalía y la DEA fueron capturados en Nariño dos fiscales, dos asistentes de fiscal y 11 investigadores del CTI, señalados de estar en la nómina de la red del señalado traficante de droga José Feliciano Góngora, alias Chano.
En otro operativo cayó el juez de El Bagre (Antioquia) Freddy Edgardo Gómez, por pedir plata a un comerciante para ordenar el desembargo de un vehículo objeto de un proceso penal.
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