La madrileña Patricia Rodríguez Revuelta, ejecutiva de un prestigioso banco ibérico, es la dueña del apartamento 1803 del edificio Alto Prado, ubicado en el exclusivo barrio Country Club de Barranquilla, hoy en la mira de la Guardia Civil española.
Autoridades de ese país creen que la joven abogada es la testaferro de su padre, Edmundo Rodríguez Sobrino, exdirectivo del grupo Canal Isabel II, que se paseaba por Cartagena y Barranquilla en una camioneta Range Rover con blindaje cinco, que ponía al servicio de congresistas.
Rodríguez es acusado de participar en el saqueo de al menos 25 millones de euros del grupo español, usados para comprar lujosos bienes. Pero también para sobornar alcaldes y patrocinar campañas a cambio de jugosos contratos de servicios públicos y cobro de impuestos en Colombia, Brasil y República Dominicana. Además, para alimentar la caja negra del Partido Popular español (PP).
En Colombia, el ilícito se cometió a través de Inassa, el tentáculo de los españoles en América Latina que se apropió de la mayoría accionaria de la empresa Triple A de Barranquilla, a través de maniobras que hoy tienen en la mira a cuatro exalcaldes de la Arenosa: Édgar George, Bernardo Hoyos, Humberto Caiaffa y Guillermo Hoennigsberg.
Pero la lista de políticos colombianos implicados en el caso, conocido como Blas de Lezo, es más larga y el eslabón de los sobornos ya está identificado: “Es un barranquillero, perteneciente a un clan político y socio de El Casino, un reputado club social madrideño”, dijo un investigador que pidió no revelar el nombre del implicado.
Pero confirmó que hay cientos de horas de grabaciones que han permitido reconstruir la ruta del saqueo. Una de estas data de 2014, cuando la hija de Rodríguez trabajaba en la oficina de Londres del Banco Santander y su padre le acababa de traspasar el apartamento en Barranquilla.
“No te preocupes que no es problema. Es un tema de hacerlo con discreción”, se le oye decir a la mujer, a la que también le rastrean un apartamento en Londres valorado en 3.500 millones de pesos y otro en un balneario de República Dominicana, de 750 millones de pesos. Se cree además que maneja cuentas en la isla de Jersey, paraíso fiscal británico, y en Panamá, donde se escondería parte del tesoro ilícito de Inassa.
Entre los audios, algunos reveladas por la prensa española, hay otro que interesó al fiscal Néstor Humberto Martínez y al procurador Fernando Carillo, quienes viajaron a Madrid en busca de información.
En este, Edmundo Rodríguez le relata a su exdirectora financiera Fernanda Richmond que el colombiano Diego García Arias, cabeza de Inassa, se encargaba de los sobornos.
“Ha pagado campañas de presidentes, campañas de alcaldes (…) Estoy harto de decirle a Diego y a todo el mundo que la única manera de cerrar esta historia para siempre es con la venta. ¡Es la venta! ¡Es la venta! Olvidarnos de todo”.
En efecto, desde 2010, David Maestre, representante en la Triple A del alcalde de Barranquilla Álex Char (Cambio Radical), estaba ofreciendo la empresa. EL TIEMPO y otros medios revelaron un audio en el que le dice al ahora confeso estafador de Interbolsa, Tomás Jaramillo, que se quede con la Triple A, porque los españoles estaban desesperados por venderla.
La fortuna de García, quien espera de su extradición a España, es uno de los rastros del saqueo. EL TIEMPO estableció que, en agosto de 2014 compró por 521 millones de pesos un apartamento en Cartagena. Y lo traspasó 6 meses después a familiares, miembros de una iglesia cristiana, que dicen haber pagado 630 millones de pesos.
En esa ciudad también adquirió un apartamento en el condominio Brisas del Mar que, un año después, vendió por 277 millones de pesos a un familiar. Y en Santa Marta desembolsó 808 millones de pesos por un apartamento en el Rodadero y compró otro, de 414 millones de pesos y 300 metros, en el edificio Bellini de Barranquilla.
La carrera política del exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo ha estado llena de investigaciones, señalamientos y peleas. La más reciente la libró contra el Canal Isabel II, al que le logró quitar el recaudo de impuestos en Santa Marta (que tenía a través de R&T) y el control de Metroagua, gracias a una acción popular.
A esa pelea, que salpica a poderosos del Magdalena, atribuye que le estén reviviendo una investigación por nexos con ‘paras’. Varios desmovilizados aseguran que en 2003 Caicedo, entonces rector de la Universidad del Magdalena, les pidió matar a tres personas y les entregó tres contratos. En 2011, Caicedo fue vinculado al proceso, y aunque ha declarado 22 veces y ha pasado por 45 fiscales, aún no hay una decisión de fondo.
EL TIEMPO conoció que un comité técnico de la Fiscalía, de marzo de 2015, concluyó que existían “notables contradicciones en los testimonios” y vacíos en la investigación. Por eso frenaron la medida de aseguramiento que le iban a imponer.
La defensa de Caicedo dice que la supuesta reunión con los ‘paras’ fue posterior a los contratos y a los asesinatos. Además, que el testigo Luis Carlos López, ‘Orejas’, se retractó en 2016 y otros ‘paras’ asumieron los crímenes, sin mencionar a Caicedo. El tema se volvió a mover ahora que Caicedo aspira a la Presidencia y tras enfrentamientos políticos como el que protagonizó por Metroagua. De hecho, Caicedo acaba de denunciar a 7 alcaldes samarios y a directivos del acueducto, entre los que está Diego García, pedido en extradición por España por el caso Inassa.
Y recientemente se enfrentó a Álvaro Cotes, padre del exgobernador de Magdalena Luis Miguel ‘Mello’ Cotes.
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