Ante la Corte, Defensoría habla del "fracaso del sistema carcelario"

Ante la Corte, Defensoría habla del "fracaso del sistema carcelario"

El alto tribunal realiza una audiencia sobre la situación carcelaria en el país. 

Corte Constitucional

Los magistrados tendrán que definir si el Estado ha podido superar o no los problemas carcelarios.

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Corte Constitucional

Por: Justicia 
25 de octubre 2018 , 10:08 a.m.

En representación de la Defensoría del Pueblo, Paula Robledo, delegada de asuntos consitucionales en esa entidad, aseguró que esa entidad ha constatado en diferentes ocasiones “las graves vulneraciones de los derechos de la población privada de la libertad, pese a los pronunciamientos de la Corte”.

Según Robledo, el avance de la infraestructura carcelaria requiere partir del estado actual del índice de hacinamiento. “Es imposible garantizar condiciones dignas de reclusión mientras persista el hacinamiento” dijo. Por eso, Robledo afirmó que hay un "fracaso en el sistema carcelario". 

Robledo hizo esta afirmación en medio de una audiencia que se desarrolla este jueves en la que la Corte Constitucional revisa qué tanto ha avanzado el Estado para poder superar un estado de cosas inconstitucionales en las cárceles del país. 

La funcionaria dijo que las cárceles hoy tienen cupo para 80.203 personas, pero están presas 119.000 personas, con una sobrepoblación de 39.000, lo que implica un hacinamiento del 49 por ciento.

Dijo que 102 cárceles del país tienen hacinamiento grave con un 20 por ciento de más de su capacidad real. Esto implica que unas 94.000 personas presas sufren hacinamiento crítico, es decir, sólo en el 12 por ciento del universo de los presos no es que no se tenga hacinamiento, sino que es menor.

“La Defensoría reconoce que la Uspec ha realizado importantes esfuerzos en cupos nuevos y rehabilitación de cupos. Sin embargo, esa no puede ser la estrategia principal para disminuir la sobrepoblación carcelaria. Para que esta estrategia resulte exitosa, debe estar acompañada de una política criminal integral y coherente, pues de lo contrario es imposible disminuir el hacinamiento”.

Si bien han crecido los cupos, el hacinamiento se incrementó del 46 al 49 por ciento. En enero había 115.000 personas, y a octubre hay 119.000 personas. “Aunque se amplíen los cupos, si la tendencia legislativa en el país sigue siendo incrementar las penas y criminalizar nuevas conductas, el impacto será negativo y seguiremos en el fracaso del sistema penitenciario del país”.

La Defensoría dijo que hay graves preocupaciones en las cárceles como la resocialización, pues el acceso a programas de educación y trabajo es sumamente restringido para la mayoría de presos.

La causa de esta restricción es la falta de inversión de recursos del Estado para estos programas. "No hay datos certeros frente a lo que se invierte en resocialización", dijo Robledo.

La funcionaria asegura que hoy en día se confunde la redención de pena con la resocialización, no hay continuidad en los programas, por lo que empiezan trabajos de carpintería y se truncan porque la contratación se termina y no hay una planeación para que una persona aprenda un oficio que le permita después salir a la sociedad nuevamente.

“Esto conduce al incremento del hacinamiento, ya que si la población privada de la libertad no puede redimir su pena con trabajo y estudio tiene que permanecer el 100 por ciento de su pena en prisión”, dijo.

Afirmó que el Estado colombiano no tiene hoy planeado cómo hacer un diagnóstico que permita tomar decisiones de política pública en la materia.

También dijo que frente a las URI se siguen identificando problemas como la reclusión conjunta de condenados, e indiciados, y que permanecen más tiempo del que deberían. Además, frente a los que tienen medida de aseguramiento, dijo que no hay presupuesto para atender las solicitudes de revocatoria de personas que piden estar en su lugar de residencia.

La Defensoría dijo que lo que más preocupa es la salud de los presos. Pues aunque hay mejoras en las citas de salud general, hay una deficiencia en equipos biomédicos, y hay un retraso significativo en citas con especialistas. 

Robledo habló de casos dramáticos, como el de Buenaventura donde hay 200 detenidos en una bodega de la sociedad porturaria. Y la URI de Pasto que tiene capacidad para 20 personas, tiene hoy a 80 distribuidas en tres celdas.

Dijo que se debe exhortar a la creación de una política criminal coherente, abandonando el populismo punitivo, y que comprometa los fines de la pena.

También, ampliar la resocialización, modificar el sistema de tercerización de prestación del servicio de salud, y considerar la posibilidad de crear una entidad macro que articule a las tres instituciones que hoy manejan el tema.  

Zuleidys Rizo Ibarra, de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, dijo que se está empleando un exceso en la posición criminal.

Aseguró que "ha habido un auge desproporcionado de aumentos punitivos, creación de nuevos tipos penales, y ampliación de los tipos". Así, afirmó que entre el 2002 y 2005 hubo 11 reformas de política criminal que aumentaron penas,  entre 2006 y 2010, 42 reformas, y del 2011 al 2015, se crearon 53 reformas. 

Aseguró que las modificaciones que se presentan son aisladas, pues a veces buscan el aumento de penas y en otras la rebaja de penas. Dijo que las iniciativas que han intentado crear una política criminal racional han encontrado poco apoyo en el legislativo, como proyectos en el 2017 y 2016 que se hundieron. 

Dijo que una progresividad en el sistema carcelario busca la aplicación de subrogados penales, pero por ahora no hay una propuesta que busque equilibrar los sistemas punitivos que han incrementado en los últimos años las penas carcelarias. 

También agregó que hay unas 9.477 personas que llevan entre 11 y 25 meses de detención intramural preventiva, y 5.472 llevan más de 26 meses por lo que tampoco han sido efectivas las normas que pretenden limitar la detención preventiva. 

María Adelaida Palacio, de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil, dijo que mientras no exista una forma de resocialización efectiva en las cárceles, lo que seguirá existiendo en estos centros  es una desocialización. Aseguró que las personas LGBTI siguen teniendo problemas para tener un enfoque diferencial en prisiones, y tampoco hay un enfoque distinto para la población indígena. 

Carlos Medina, procurador delegado, aseguró que la formulación de la política criminal ha sido reaccionaria. Dijo que mientras el consejo de política criminal hace esfuerzos por emitir conceptos que recomienden normas, hay muchas instituciones que "no se sienten aludidas ni por los conceptos del Consejo de Política Criminal, ni por lo que ha dicho la Corte". 

Medina afirmó que hoy hay problemas graves en el Inpec, pues por un lado ha resultado un problema para la resocialización. También añadió que hay 86 sindicatos, por lo que se debería ver cómo esto puede limitar su servicio. 

Dijo que debería haber cambios legislativos par que las penas se ajusten a criterios de proporcionalidad, y para que se haga un énfasis en medidas preventivas antes que punitivas.

"Las decisiones de la Corte han sido fundamentales para establecer un marco racional, por lo que es este tipo de Corte la que pueda zanjar un poco esos debates que se están dando entre las instituciones. Cuando hay voces que dicen que nuestra legislación es en extremo garantista, que el Estado legisla a favor de los victimarios, o que es culpa de los jueces que haya criminalidad en las calles, uno puede ver a esta Corte", dijo, afirmando que es ese alto tribunal el que puede contener esas afirmaciones falsas.. 

Libardo José Ariza, director del grupo de prisiones de los Andes, dijo que se deben adoptar medidas de choque que generen una intervención más fuerte de la Corte frente a las cárceles, ya que van cuatro estados de cosas inconstitucional en el sistema carcelario. "Llevamos desde 1998 intentando superar ese estado de cosas inconstitucional, por lo que los esfuerzos de la Corte han resultado insuficientes para proteger a la población carcelaria", dijo. 

Aseguró que según el derecho comparado, no es extraño que haya una intervención judicial en el sistema carcelario, pues ya ha pasado en otros países como Brasil, Perú y Estados Unidos. Dijo que más que reducir el hacinamiento, lo que se debe hacer es garantizar los derechos de la población privada de su libertad. 

Dijo que la Corte debería emitir un auto sobre la garantía de los fines de la pena para personas que están en detención en URI, y en estaciones de Policía, y cárceles distritales. También, agregó que se debería buscar un programa de excarcelaciones parciales bajo los siguientes criterios: el primero es que considere la liberación temprana de personas privadas de la libertad que han alcanzado un nivel alto de cumplimiento de la pena intramural, que permita presumir que su retorno a la libertad no afecta la seguridad ciudadana. 

Para esto se deberían establecer grupos que puedan conocer los perfiles de los detenidos. 

El segundo criterio, dijo, debería ser sustituir la detención preventiva para quienes se encuentren presas por más de un año. "Aquellos que se encuentran en espera de juicio, y llevan más de un año en las cárceles, se les debe sustituir la medida de aseguramiento o revoque en su caso". Para ello dijo que la Corte le debería ordenar al Inpec que entregue un plan de sustitución de la medida de aseguramiento para quienes cumplan con criterios. 

Una tercera medida de choque que propuso es buscar medidas de excarcelación por razones humanitarias para quienes son adultos mayores, tienen discapacidades físicas o sensoriales. 

JUSTICIA

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