El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, que logró dilatar en tres ocasiones la imputación de cargos en su contra por corrupción y terminó de testigo estrella de la Fiscalía en el caso por el pago de sobornos a magistrados y abogados, finalmente tendrá que acudir ante la justicia este martes.
Lyons Muskus, que tiene un estatus de protección de testigos y está libre en Miami, asistirá por videoconferencia a la imputación de cargos por las irregularidades en el manejo de las regalías durante su administración, cuyo descalabro supera los $ 80.000 millones.
El exmandatario, que ya declaró ante la justicia contra el senador Musa Besaile y varios de sus socios, funcionarios de la administración y políticos de la Costa, recibirá por su colaboración beneficios judiciales que en todo caso implican que tendrá que pagar cárcel en Colombia, una vez testifique en cortes de los Estados Unidos contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla.
Además tendrá que ser testigo en los procesos que por el caso adelanta la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.
Lyons Muskus se exponía a una pena de más de 20 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Pero logró dar un giro de 180 grados a su situación al denunciar los supuestos pedidos de dinero que le habrían hecho Moreno y Pinilla para beneficiarlo en los procesos en su contra.
Con su denuncia, Lyons Muskus pasó de protagonista de un sonado caso de corrupción a testigo protegido que aspira a sustanciales rebajas de pena por sus delitos.
Como parte del acuerdo tendrá que devolver dinero obtenido irregularmente y debe entregar los bienes adquiridos con plata de las regalías del departamento.
La Fiscalía estableció que en el acuerdo no se le darán beneficios en la investigación que lleva un fiscal delegado ante la Corte Suprema por el asesinato del director de Regalías de Córdoba Jairo Zapa Pérez.
JUSTICIA