Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, exsenador y jefe natural del Centro Democrático, es investigado desde el 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso formal en su contra por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
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Después de cuatro años, este miércoles tiene lugar una audiencia clave para definir si el caso continúa o es archivado.
El proceso se abrió porque supuestamente –a través de terceros- Uribe habría buscado a exparamilitares en cárceles, ofreciéndoles dádivas o beneficios a cambio de que declararan que él nunca había tenido nexos con las Autodefensas y señalaran al senador Iván Cepeda de estar fabricando testimonios en su contra.
La defensa de Uribe ha dicho que no es cierto que haya presionado testigos, que nunca ofreció dinero ni beneficios a cambio de declaraciones, que la Corte nunca le ofreció garantías –incluso habló de persecución judicial en su contra-, pues según argumentan no tuvieron en cuenta testigos a su favor y además lo interceptaron de forma ilegal.
¿Quién es quién en el caso contra Uribe?Cuando el proceso contra Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal estuvo en manos de la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal incluyó en su lista de declarantes a unas 42 personas de las que buscó escuchar su versión.
Esa lista muestra la cantidad de personas que han sonado, tenido conocimiento o que podrían estar relacionadas con uno de los casos judiciales más controvertidos.
Juan Guillermo Monsalve: el exparamilitar, quien creció en la hacienda ‘Guacharacas’ de propiedad de los Uribe Vélez y ha señalado a su familia de haber promovido a las Autodefensas en Antioquia, dijo que un abogado del expresidente (Diego Cadena) lo estaba presionando para que cambiara su versión e involucrara a Iván Cepeda en manipulación de testigos.

Juan Guillermo Monsalve señaló a la familia de Uribe Vélez de promover las Autodefensas en el departamento de Antioquia.
Archivo particular
Según la defensa de Uribe, Monsalve nunca estuvo en las Auc ni fue admitido en Justicia y Paz. Prueba de ello, dicen los abogados de Uribe, es que paga una condena de 40 años de prisión por delitos cometidos en una banda entre el 2006 y 2008. La defensa también asegura que es un testigo falso, que tiene intereses y que fue Monsalve quien los buscó para retractarse.
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Ivan Cepeda Castro se desempeñó como representante a la Cámara entre 2010 y 2014, actualmente es senador por el Polo Democrático Alternativo.
El Tiempo
Iván Cepeda Castro: el senador, quien fue reconocido como víctima en el proceso contra Uribe, asegura que el expresidente es quien ha buscado testigos para deslegitimarlo y para que se retracten de los señalamientos en los que lo relacionan con paramilitarismo.
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Carlos Enrique Vélez Ramírez: el exparamilitar, detenido en la cárcel Tramacúa, de Valledupar, aunque había sido pedido por la defensa de Uribe, dijo ante la Corte que el abogado Diego Cadena le hizo varios pagos, uno de ellos por 2 millones de pesos. La defensa de Uribe afirma que él desconocía esos giros de dinero.
Pablo Hernán Sierra: el exjefe del frente Cacique Pipintá, de las Autodefensas, ha señalado a Uribe y a su hermano Santiago de ser los creadores del Bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia.
La defensa de Uribe lo ha denunciado varias veces por injuria y calumnia afirmando que se trata de un falso testigo. Los abogados de Uribe aseguran que el expresidente no va a la hacienda Guacharacas desde 1983 y niega que en esa finca se haya creado el Bloque Metro.
Diego Cadena: el abogado, que defendió los intereses de Uribe, y quien en el pasado fue abogado de narcotraficantes, dijo que si le dio dinero a Vélez, fue como un acto humanitario porque tenía un familiar enfermo. La Fiscalía le imputó cargos la semana pasada por ofrecerle 200 millones de pesos a Vélez y asesoría jurídica a Juan Guillermo Monsalve, a cambio de que declararan a favor de Uribe.
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Diego Cadena, exapoderado de Uribe, procesado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
Archivo Particular
Enrique Pardo Hasche: condenado por secuestro, preso en La Picota, quien supuestamente habría ayudado a los abogados de Uribe a llegar hasta Juan Guillermo Monsalve, quien era su compañero de celda.
La defensa del expresidente asegura que fue Monsalve quien a través de Pardo les envió el mensaje de que se quería reunir con los abogados de Uribe para rectificar sus señalamientos. La defensa afirma que Cadena visitó a Monsalve, quien tenía grabadoras ocultas para manipular el contenido de la reunión.

La exfiscal Hilda Niño entregó información de conductas por fuera de la ley de varios funcionarios.
Cortesía Colprensa
Hilda Niño Farfán: la exfiscal de Justicia y Paz, quien pidió cupo en la JEP, está presa desde junio del 2017 por favorecer a exparamilitares y narcotraficantes a cambio de dádivas. Según el expediente, le habrían ofrecido gabelas a cambio de desprestigiar la investigación contra Santiago Uribe. En julio del 2018 la fiscal había dicho en una audiencia que supuestamente desde la Fiscalía de Eduardo Montealegre se había gestado un plan para enlodar a los Uribe Vélez.
María Mercedes Williamson: fue citada porque el 22 de febrero del 2018 ingresó junto con Jaime Lombana, abogado de Uribe, a la cárcel La picota para reunirse con Enrique Pardo Hasche, cuñado de Williamson. La mujer le dijo a la Corte que fue a la cárcel con el abogado Lombana, no porque quisieran hablar con Juan Guillermo Monsalve ni para presionar ningún testimonio, sino porque querían exclusivamente visitar a Enrique Pardo para conversar sobre la situación jurídica de Pardo y su salud.
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Eurídice Cortés Velasco: la exjefe política de las Auc aseguró que Diego Cadena le dio 700.000 pesos como viáticos para que ella buscara a paramilitares que testificaran a favor del expresidente. La defensa de Uribe sostiene que hay interceptaciones en las que se escucha cómo Carlos Enrique Vélez supuestamente la llama con tono amenazante para condicionar su declaración con solicitudes económicas a los abogados de Uribe.

Mercedes Arroyave, abogada clave dentro de la investigación contra Álvaro Uribe.
EL TIEMPO
Mercedes Arroyave Ardila: la abogada, de 71 años, aparece acompañando a Iván Cepeda a varias cárceles del país para hablar con paramilitares. También fue abogada de Juan Guillermo Monsalve y de Pablo Hernán Sierra.
Aunque en el pasado fue citada por la Corte Suprema de Justicia y ahora por la Fiscalía General, no se pudo acceder a su testimonio. Según la defensa de Uribe, ella podría dar cuenta de los supuestos intentos de Cepeda para torcer testigos en contra de Uribe.
Iván Velásquez Gómez: el exmagistrado, conocido como el investigador estrella de la ‘parapolítica’, y quien tiene contra Uribe una demanda por injuria y calumnia, es uno de los testigos en el caso.
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Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra: el exparamilitar, quien pagó pena en Estados Unidos y está libre en ese país, es testigo de la defensa. Sierra envió una carta a la Corte en la que dijo que en el 2009 recibió una visita de una comisión conformada por Piedad Córdoba, Rodrigo Lara e Iván Cepeda para que declarara contra Uribe.

Juan Carlos el 'Tuso' Sierra.
Archivo
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Línea de tiempo: así ha sido el proceso judicial contra Uribe Vélez16 de febrero del 2018: La Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia del expresidente y senador Uribe Vélez contra Iván Cepeda. Consideró el Tribunal que había indicios de que no era Cepeda quien, al parecer, estaría intentando manipular testigos y compulsó copias contra el expresidente.
24 de julio del 2018: La Corte abrió una investigación formal contra Uribe y lo llamó a indagatoria, sin dar a conocer la fecha. El caso se abrió por el supuesto intento del expresidente y del exrepresentante Álvaro Hernán Prada de influir ante Juan Guillermo Monsalve.
15 de septiembre del 2018: Se conoció que la Corte Suprema de Justicia interceptó por error el teléfono del expresidente Álvaro Uribe. Según la Corte, la interceptación se hizo sobre el teléfono que aparecía en el expediente del excongresista chocoano Nilton Córdoba Manyoma, teléfono que resultó siendo el de Uribe. La 'chuzada' se ordenó desde el 7 de marzo hasta el 22 de marzo. Nilton Córdoba negó que hubiera entregado ese teléfono como suyo. El hecho llevó a que la Comisión de Acusaciones iniciara una investigación contra el entonces magistrado Barceló.
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2 de noviembre del 2018: El caso de Uribe, que estaba en el despacho del entonces magistrado José Luis Barceló, pasó a manos de la nueva Sala Especial de Instrucción, principalmente en cabeza de la magistrada Cristina Lombana.
7 de febrero del 2019: La Corte admitió a Iván Cepeda como parte civil en el proceso.
18 de febrero del 2019: La Sala Especial de Instrucción rechazó una solicitud de Uribe de anular su investigación. El expresidente había pedido tumbar el proceso afirmando que en su caso lo habían chuzado ilegalmente, cuando su teléfono apareció como abonado en el caso contra el exrepresentante Niltón Córdoba.
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10 de mayo del 2019: La Sala Especial de Instrucción aceptó la recusación de Cepeda contra la magistrada Cristina Lombana para que se apartara del proceso. A cargo del caso contra Uribe quedó el magistrado César Augusto Reyes Medina.
9 de julio del 2019: Por decisión de la Sala de Instrucción se llamó a indagatoria a Uribe para el 8 de octubre, y al representante de la Cámara Álvaro Hernán Prada el 9 de octubre.
3 de septiembre del 2019: Inició la etapa de recolección de testimonios con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez.
8 de octubre del 2019: Álvaro Uribe asistió a la indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Quedó vinculado formalmente por los delitos de soborno y fraude procesal.
9 de octubre del 2019: Álvaro Hernán Prada fue citado a la Corte a su indagatoria.
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4 de agosto del 2020: La Sala de Instrucción de la Corte ordenó medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra el senador Álvaro Uribe Vélez.
18 de agosto del 2020: El expresidente Uribe renuncia a su curul en el Senado en medio del proceso que la Corte Suprema le seguía por su presunta participación en la manipulación de testigos y en el cual fue ordenada su detención domiciliaria. Después de esto, la investigación pasaría a la Fiscalía General de la Nación.
Precisamente en la carta de renuncia, dirigida al entonces presidente del Congreso, Arturo Char, Uribe habla sobre esa investigación y hace algunas consideraciones al respecto.
Renuncia al Senado: pic.twitter.com/JaoRDVt9i2
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 18, 2020
6 de noviembre del 2020: El expresidente presentó una tutela en contra de la decisión que tomó el el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá que lo declaró formalmente imputado por presunto fraude procesal y soborno.

Álvaro Uribe expuso un cuaderno de notas durante la intervención en su audiencia de preclusión.
Captura de video
18 de febrero del 2022: Se reanudaron las audiencias de la investigación contra Uribe. La defensa del expresidente, en cabeza del abogado Jaime Granados, expuso los motivos para precluir el caso.
La defensa se tomó seis días para argumentar la petición de preclusión del proceso en contra de Uribe Vélez por fraude procesal y soborno a testigos.
18 de marzo del 2022: El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez intervino ante un juzgado de Bogotá en el que, por varios meses, se ha realizado la audiencia de preclusión de una investigación en su contra por fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. Uribe tuvo la palabra directamente, quien cerró las intervenciones, y tras de ello, solo falta esperar la decisión de la juez.
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13 de abril del 2022: Se negó por unanimidad el recurso de nulidad presentado por la defensa del expresidente. En virtud de esa decisión, el proceso contra Uribe siguió su curso.
Luego de un reñido debate, en noviembre de 2021, la Corte negó la tutela asegurando que la indagatoria que rindió el expresidente cuando era senador ante la Corte Suprema tiene una equivalencia funcional con la imputación de cargos del sistema penal acusatorio.
Por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó la decisión de tutela mediante la cual mantuvo a finales de 2021 la calidad de imputado del expresidente y exsenador Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno.
27 de abril: Desde las 8 de la mañana de hoy, se lleva a cabo la audiencia en la que la juez, tras una extensa revisión, definirá si se precluye o no la investigación.
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