El juez Gabriel Lara Garzón, quien hace menos de un mes prendió las alarmas por la suplantación que había venido desarrollando José Edilberto Parada, –quien se hizo pasar como un fiscal para favorecer el proceso contra Pedro Aguilar, el llamado ‘zar de la chatarrización’–, fue víctima de un atentado contra su vida este fin de semana.
Lara Garzón, coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Acusatorio de Bogotá y miembro de la junta directiva de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, el domingo pasado se reunió con un grupo de amigos para jugar un partido de fútbol, y sobre el mediodía se dirigieron a un restaurante en el sector de Sanandresito, en Bogotá.
Al salir del lugar un hombre tomó del cuello al juez y los dos forcejearon. Un arma se disparó en dos ocasiones sin que lograra impactarlo.
Pero una de las balas hirió a Julian López, compañero de trabajo en los juzgados Paloquemao, quien trató de defenderlo. López se encuentra fuera de peligro. Los dos afirmaron que no lograron ver con plenitud la cara del agresor.
Lara asumió el cargo de coordinador de reparto de los juzgados en febrero de este año y aseguró que nunca había recibido amenazas contra su vida.
La Policía comenzó la investigación del caso y con el apoyo de la Fiscalía están realizando la revisión de las cámaras de seguridad del sector y recogiendo los testimonios de los involucrados. Entre tanto, sectores de la Rama Judicial le solicitaron a la Unidad Nacional de Protección estudiar el caso para brindarle un esquema de seguridad al juez.
Varias organizaciones de la Rama expresaron su solidaridad y exigieron a las autoridades prontitud en la investigación y claridad sobre los hechos.
La Federación Latinoamericana de Magistrados “ve con mucha preocupación la noticia de que ese hecho cobarde ocurrió en virtud de las acciones emprendidas por el juez Lara Garzón, en el regular ejercicio de su jurisdicción, lo que es inaceptable pues representa un incuestionable grave atentado contra el Estado Democrático de Derecho y la Democracia”.
La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia instó a las dependencias del sistema penal a “garantizar esa función, para que lo rodee y lo apoye irrestrictamente en todas las acciones que ha adelantado, a fin de darle transparencia y credibilidad a dicho sistema”.
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