Más de cien investigaciones disciplinarias y 10 uniformados suspendidos de sus cargos dejan hasta ahora las pesquisas de la Inspección General de la Policía por los hechos de violencia registrados en Bogotá hace un mes, luego del homicidio del estudiante de derecho Javier Ordóñez.
Por su responsabilidad en la muerte de Ordóñez, la Fiscalía ya les imputó cargos a dos uniformados y tiene en el radar a otros cinco por la omisión de su deber de proteger a la víctima de la golpiza que le habrían propinado los patrulleros Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, quienes ya responden penalmente por los delitos de homicidio y tortura.
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Por los hechos en los que murieron 13 personas por arma de fuego en Bogotá y Soacha, en medio de las protestas tras el homicidio de Ordóñez, siguen las investigaciones y aún no hay resultados concretos. Ni penal ni disciplinariamente se han tomado decisiones de fondo contra uniformados o civiles vinculados a esas muertes.
Por los lados de la Fiscalía, fuentes oficiales señalaron que avanza la práctica de pruebas como cotejos de armas y municiones de los uniformados que ya reconocieron que dispararon sus armas en medio de las protestas en las calles de Bogotá. Los peritos ya realizaron las reconstrucciones de los hechos en cada caso y evalúan los dictámenes de Medicina Legal sobre la distancia y trayectoria con la que entraron las balas a las víctimas. Igualmente accedieron a las explicaciones que dieron los uniformados a la inspección sobre las razones por las que hicieron uso de sus armas.
Por instrucciones del fiscal general, Francisco Barbosa, los procesos fueron priorizados y se ordenó evaluar los casos zonalmente para verificar la situación concreta de cada sector de la ciudad donde se dieron los hechos.
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Solo cuando termine la recolección de evidencias técnicas se empezará a llamar a uniformados a interrogatorio.
En la Procuraduría hay indagaciones con base en documentos entregados por la Inspección de la Policía, en una reunión el pasado 30 de septiembre, sobre el censo de armas disparadas y munición faltante, las razones que dieron para disparar e información sobre uniformados identificados que dispararon sus armas. Luego de la reunión, la Procuraduría ha pedido más información de seguimiento para avanzar en la definición de cuáles procesos los asumirá el Ministerio Público por poder preferente y en cuáles se le pedirá a la Policía abrir investigación con vigilancia de la Procuraduría.
Para este proceso, el Ministerio Público pidió además videos de cámaras de seguridad de los días de las protestas en Bogotá, Medellín, Cali, Soacha, entre otras; y evalúa también 256 quejas sobre presuntos excesos de policías que fueron enviadas por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. De esas 256 quejas, 119 fueron por hechos del 9 y 10 de septiembre.
Alirio Uribe, que representa a tres de las familias de víctimas, señaló que avanzan lentamente y advirtió que la Justicia Penal Militar sigue indagando a testigos de los hechos. Añadió que esas investigaciones deben ser adelantadas por la justicia ordinaria en lo penal y, disciplinariamente, por la Procuraduría y no por la Inspección de la Policía.
El miércoles, en la cuarta jornada de juicio disciplinario en la Procuraduría contra los dos uniformados vinculados al homicidio de Ordóñez, se dieron a conocer videos grabados dentro del CAI de Villa Luz minutos antes de su muerte. Se observa cómo llega una patrulla al CAI, ingresan a una persona de chaqueta amarilla, que es Wilder Salazar, uno de los amigos que estaba ese día con Ordóñez. Luego se ve cómo, entre varios policías, entran arrastrado a la víctima y la llevan a la parte trasera.
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En la diligencia habló también el patrullero Harby Rodríguez, quien reconoció que su compañero Juan Camilo Lloreda le pegó a Ordóñez dentro del CAI.
“Fui al baño a lavarme las manos y vi que el compañero Juan Camilo Lloreda lo está golpeando con sus pies, aproximadamente 4 veces, en el estómago y las costillas”, contó, y añadió que le pidió a su compañero no pegarle más a Ordóñez.
También declaró Wilder Salazar, amigo de la víctima, quien señaló que a Ordóñez le volvieron a pegar cuando ya estaba reducido dentro de la sede policial.
“En el CAI eso fue una pesadilla, los policías lo insultaban, lo lastimaron mucho, con un palo de madera de color café de unos 50 centímetros le pegaron varias veces. Yo les dije que por favor no lo lastimaran más, y él también decía ‘ya no más’”, narró Salazar.
REDACCIÓN JUSTICIA
EL TIEMPO
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