El futuro de Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), sigue en el limbo.
Desde el año pasado, el otrora paramilitar terminó de pagar su pena de 15 años y 10 meses de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos. Y aunque desde el 27 de marzo de 2020 se esperaba que fuera deportado a Colombia, donde aún tiene deudas pendientes con la justicia, Mancuso todavía sigue en suelo norteamericano.
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Sin embargo, el próximo 15 de enero un magistrado de Justicia y Paz (el modelo de justicia transicional creado para la desmovilización de las Auc) evaluará los escenarios a los que el excomandante paramilitar se enfrentará.
Aunque ha trascendido que la defensa de Salvatore Mancuso pediría ‘casa por cárcel’ en esa diligencia, fuentes cercanas al proceso le contaron a EL TIEMPO que la solicitud será sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad por una no privativa.
Argumentando que ya cumplió los requisitos, al haber pagado cárcel en EE. UU., lo que buscaría Mancuso es no estar en un centro carcelario ni en prisión domiciliaria, sino responder ante la justicia mediante una fianza, acta u otra de las medidas contempladas. Esto, con el compromiso de seguir en el marco del proceso de Justicia y Paz.
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Según las fuentes: “El delito por el que Mancuso fue condenado en Estados Unidos tiene que ver con su pertenencia a las Auc. La Ley 975 contemplaba pagar condena en el extranjero, y él ya lo hizo, por eso deben convalidar ese tiempo. No se entiende por qué piden que Mancuso vuelva a cumplir una sentencia en Colombia”.
Este tema, no obstante, ha sido objeto de polémicas. A pesar de que la defensa del exparamilitar ha dicho que, entre bienes y dinero, Mancuso habría entregado más de 200.000 millones de pesos para la reparación de las víctimas, hay quienes aseguran que aún falta mucho en esa materia.
De hecho, esa sería una de las preocupaciones de Justicia y Paz. Según le comentaron fuentes de esa jurisdicción a este diario, una de las razones, además de denuncias por su seguridad, por las que Mancuso podría no querer volver al país, es porque “Justicia y Paz aquí puede perseguirles sus bienes” y porque al quedarse en Estados Unidos se puede “librar de seguirles respondiendo a las víctimas” en temas de verdad.
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También recordaron que el excomandante ya tiene dos condenas de Justicia y Paz por las que le falta cumplir en relación con reparación y verdad.
A la sombra del sistema transicional está otro hecho: en su momento, la Fiscalía indicó que Mancuso tenía un proceso en la justicia ordinaria por lavado de activos que habría cometido después de su desmovilización. Ese proceso también involucra a Enilce López, la ‘Gata’, parte de su familia y otras personas.
Otras de las puertas que ha tocado Mancuso es la de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las Farc.
La solicitud generó reacciones, incluso del presidente Iván Duque, quien se opuso y aseveró que los exjefes paramilitares no tienen méritos para entrar a la JEP, por lo que deben regresar a Colombia a pagar condenas pendientes por narcotráfico y delitos de lesa humanidad.
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Frente a eso, Mancuso aseguró, en un encuentro de víctimas liderado por la Comisión de la Verdad, que el jefe de Estado “le teme a la verdad, se rasga las vestiduras hipócritamente exigiendo verdad, pero impide la reconstrucción de la misma y por ello su intromisión indebida e ilegal en la autonomía e independencia de la justicia”.
Sumando las dos sentencias que Justicia y Paz profirió contra el excomandante paramilitar, Mancuso fue condenado por más de 1.500 crímenes cometidos bajo sus órdenes.
Por ahora, si definitivamente Mancuso no es aceptado en la justicia transicional, tendría que seguir (por el proceso de lavado de activos) ante la justicia ordinaria, y si se demuestra que efectivamente delinquió tras su dejación de las armas, sería excluido de Justicia y Paz, con lo que se expone a penas de hasta 40 años de cárcel en Colombia.
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Sin embargo, la justicia estadounidense aún no ha dejado en firme si enviará al exparamilitar a nuestro país o a Italia, de donde también es ciudadano. Esa segunda posibilidad, que ya ha sido rechazada por las víctimas, abriría una nueva puerta en el por ahora incierto caso de Mancuso.
REDACCIÓN JUSTICIA
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