A mediados de agosto pasado, el ingeniero Jorge Enrique Pizano empezó a tomar varias decisiones de fondo.
Según algunos de sus allegados, hizo copias de varios de los documentos que recopiló como controller (supervisor especial) de la Ruta del Sol II y buscó al menos a tres periodistas de diferentes medios para contarles su versión sobre supuestos giros irregulares que, según él, aún no han sido investigados por las autoridades.
Son 22 carpetas con información contractual que señalaba que Odebrecht, como socio mayoritario de la Ruta del Sol II, aprobó contratos sospechosos para obras, incluidos terraplenes y drenajes, que no se habrían ejecutado.
Pizano guardó celosamente correos electrónicos en los que les exigía a los brasileños que le entregaran dicha información y se quejaba por no poder localizar al representante de la auditora Price Waterhouse Coopers para que le diera los balances de la concesión.
Dos de esos contratos se firmaron con un par de consorcios, entre febrero y noviembre de 2014, y sumaron cerca de 20.000 millones de pesos. Y si bien la Fiscalía llegó hasta uno de los beneficiarios de esos desembolsos –Gabriel Dumar, ficha del exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías–, aún falta por ubicar a otro poderoso empresario.
Pizano alcanzó a señalar en sus testimonios ante diferentes entes de control que se trata de una firma de la Costa que supuestamente fue contratada para levantar terraplenes y drenajes de uno de los tramos claves de la Ruta del Sol II.
Su testimonio figura en el expediente que adelanta el tribunal de arbitramento habilitado para dirimir los conflictos entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Consorcio Ruta del Sol por la megaobra.
Sin embargo, al menos a uno de los periodistas que contactó, Pizano le habló de un supuesto plan para desacreditarlo, al relacionarlo con irregularidades en el interconector Tunjuelo-Canoas cuando era gerente del Acueducto de Bogotá.
De hecho, aseguró que aunque no firmó el contrato ni participó en las audiencia de adjudicación, el fiscal del caso recibió la instrucción de salpicarlo.
Pero este miércoles, Jaime Zetien, fiscal coordinador de los procesos del llamado ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá respondió a esas versiones.
“Se le dieron todas las garantías procesales (...) el proceso de Tunjuelo-Canoas se inició en el 2009 y no tiene relación alguna con las investigaciones que se adelantan en la primera fase de la Ruta del Sol”, precisó Zetien en un comunicado. Y agregó que nunca recibió instrucciones de sus superiores por fuera de la ley, en relación con la situación jurídica de Pizano.
“No he intervenido personalmente ni mi equipo en el comité técnico-jurídico ni en mesas de trabajo donde se hayan impartido instrucciones en casos que involucren específicamente al señor Pizano”, señaló Zetien.
Pero Pizano insistía en que incluso organismos de control lo presentaban como ficha al servicio de Odebrecht, versión que fue recogida por la prensa. Y si bien trabajaba para el consorcio y le rendía cuentas a su junta, recordaba que su designación fue hecha por Corficolombiana.
Paralelo a sus contactos con periodistas, a quienes les envió mensajes de audio con su versión, Pizano buscó otras instancias.
EL TIEMPO estableció con fuentes de EE. UU. que el controller contactó al FBI, agencia que se encargó de investigar y destapar los sobornos de Odebrecht en al menos 12 países.
Pero la fuente aclaró que en ese primer contacto no se recibió información ni se concretó la colaboración.
De hecho, aunque se divulgó que Pizano habría viajado a Nueva York para concretar un acuerdo como testigo protegido, su última salida del país fue a España, en 2015. No obstante, hace unos días dijo que preparaba viaje a EE. UU. para los contactos.
La expectativa se centra ahora en dos aspectos. El primero es el resultado de las investigaciones en torno a su muerte, el jueves 8 de noviembre, y la de su hijo Alejandro, 48 horas después.
El otro aspecto que cobra interés son las 4 horas de grabación que Noticias Uno hizo con Pizano y de las cuales se ha anunciado su divulgación en próximas emisiones. En el tiempo restante, habría revelado nombres de otras personas a las que les entregó evidencia sobre los contratos sospechosos que firmó Odebrecht.
Hasta ahora, los voceros de la multinacional han guardado silencio sobre el caso Pizano, que, a largo plazo, les podría dañar un principio de oportunidad que cocinan con la Fiscalía e incluso el acuerdo al que llegaron con la justicia de EE. UU. en 2016.
Este miércoles, el fiscal Néstor Humberto Martínez volvió a referirse a la reunión, revelada por Noticias Uno, en la que Pizano le denunció, desde 2015, las irregularidades en la Ruta del Sol.
Al respecto, le dijo al Canal Caracol que él ofició como amigo de Pizano y no como abogado de Corficolombiana, socia de Odebrecht. Además, que si bien el ingeniero descubrió unos contratos sin fundamento, nunca precisó para dónde iba el dinero y si se trataba de pago de coimas o no.
Según Martínez, eso lo descubrió posteriormente la Fiscalía General.
Al menos una semana les tomaría a los peritos de Medicina Legal establecer si hay trazas de cianuro en los tejidos tomados del cuerpo de Jorge Enrique Pizano. Las muestras biológicas tomadas en el hospital San Rafael de Facatativá, a donde fue trasladado por la Policía, ya están en manos de Medicina Legal. Añadieron que los nuevos exámenes permitirán determinar si hubo una obstrucción de los tejidos provocada por una sustancia ácida. Peritos explicaron que el cianuro bloquea las reacciones bioquímicas de las células e impide que aprovechen el oxígeno, lo que puede desencadenar un infarto.
El hospital San Rafael señaló que el jueves, a las 8:15 de la mañana, Pizano fue llevado sin signos vitales al Centro de Salud de Subachoque, donde se le realizaron, sin éxito, maniobras de reanimación. Al no tener clara la causa de muerte, su cuerpo fue trasladado al hospital San Rafael, donde se le practicó una necropsia y se tomaron restos de tejido, una acción “habitual” durante la realización de ese tipo de procedimientos. Esas muestras estuvieron bajo custodia del hospital y fueron entregadas al CTI para su envío a Medicina Legal.
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