Así controlan y evalúan en tiempo real los contratos por coronavirus

Así controlan y evalúan en tiempo real los contratos por coronavirus

Equipo de la Contraloría ha detectado presuntos sobrecostos de más de 80.000 millones de pesos.

Equipo Diari de la Contraloría

Así trabaja la Dirección de Información Análisis y de Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General. 

Foto:

Contraloría General

Por: Justicia
21 de abril 2020 , 09:59 p.m.

Un equipo de 80 personas que forma parte de la Diari (Dirección de Información, Análisis y de Reacción Inmediata), de la Contraloría General, es hoy el encargado de vigilar en tiempo real los contratos que se están haciendo en todo el país para atender la pandemia de coronavirus.

El equipo ha evaluado 76.000 contratos suscritos desde el 10 de marzo hasta la fecha, de los cuales unos 11.000 están relacionados con el coronavirus. En esos contratos se han evidenciado presuntos sobrecostos superiores a los 80.000 millones de pesos. 

Según María Fernanda Rangel, directora del Diari, esta dirección se divide en tres grupos: la unidad de información, la unidad de análisis y la unidad de reacción inmediata.

En la unidad de información hay 15 personas que se encargan de conectar las bases de datos de todo el país que tengan información sobre el manejo de los recursos públicos. Rangel afirma que hasta ahora la Contraloría ha logrado conectarse a 350 bases de datos, pero la meta es llegar a 1.600 en julio.

La tarea de este grupo es obtener toda la información sobre la contratación y por ello publicó la circular 009, en la cual les informa a todos los sujetos de control (que son los organismos que manejan recursos públicos) que deben permitir que la Contraloría se conecte a todas sus bases en tiempo real.

El equipo de información, además, se encarga de verificar la calidad de los datos subidos, pues, según Rangel, “en el país no hay una cultura fuerte de datos y muchos tienen errores”. Eso significa que a veces las entidades estatales no suben todos los documentos e información que se necesita para poder hacer mucho más sencillo el control.

Después viene el trabajo de la unidad de análisis, un grupo dividido por regiones que se encarga de cruzar las bases de datos. A esas bases de datos se les ponen algoritmos que clasifican los contratos para establecer cuáles son de covid-19 y en cuáles hay temas de urgencia manifiesta. En esto también se usan diccionarios de datos. Así, cuando se encuentran los contratos, son repartidos entre las regiones que los analizan.

“Ha sido muy difícil porque muchas entidades públicas no suben la información. No suben los estudios de mercado, las ofertas ni los contratos completos. Pero al tener un dato como el valor completo del kit o el valor completo del contrato y el número de kits de alimentos o aseo contratados, podemos mirar sus ítems y compararlos con los precios de mercado para evaluar su valor real”, explica Rangel.

La Contraloría compara los precios de los kits que se están comprando con los valores  que reportan el Dane o Colombia Compra Eficiente, con el fin de saber si se están respetando esos precios o si hay un presunto sobrecosto. Esta metodología es usada por todas las regiones que están revisando contratos.

Según Rangel, aun cuando los contratos se firmen bajo la figura de urgencia manifiesta -que les permite a los municipios contratar directamente-, deben respetar los precios del mercado.

“Ellos tienen que tener un marco del mercado y para esto está Colombia Compra Eficiente, que tiene actualizados sus precios con los elementos que se están requiriendo. Y el Dane tiene también precios por región, según la canasta familiar, y hacen ajustes cada semana. Por eso los alcaldes no tienen excusa para no buscar allí los precios”, aseguró.

Ellos tienen que tener un marco del mercado y para esto está Colombia Compra Eficiente, que tiene actualizados sus precios con los elementos que se están requiriendo

En el grupo de la Diari hay gente especializada, reclutada de las universidades, como estadísticos, matemáticos, ingenieros de sistemas, economistas, ingenieros catastrales, ingenieros electrónicos, administradores de empresas en modelos analíticos, que se encargan de evaluar la contratación y recaudar la información.

Lo que sigue tras la evaluación

La Contraloría General reportó que al menos ocho municipios han ajustado los contratos que habían realizado para atender la emergencia de coronavirus, después de que el organismo de control advirtió presuntos sobrecostos en esas negociaciones que, entre todos, sumaban 5.699 millones de pesos.

Estas alertas se habían emitido en contratos que se corrigieron en Acacías y Puerto Gaitán (Meta), Sincelejo y Coveñas (Sucre), Chía, Guaduas y Tabio (Cundinamarca), y Guaitarilla (Nariño).

“El ejercicio preventivo ha surtido efectos y los propios gobiernos territoriales están optando por ajustar sus contratos, ante la solidez de nuestras alertas”, dijo el contralor Carlos Felipe Córdoba.

En Acacías se suscribió un acta modificando el contrato, reduciendo su monto, lo que permitió que las ayudas llegaran a más gente. Así, en lugar de comprar 1.472 kits con sobrecosto se comprarán 5.000 con el nuevo valor del mercado.

En Guaitarilla (Nariño) se compraron pañales para adultos mayores a 38.500 pesos, pese a que en el mercado costaban 2.294 pesos. Así, en el mercado, dice la Contraloría, se aclaró que el valor del pañal no será unitario sino por bolsa de 16 unidades, con lo que se cambia el sobrecosto de un 1.665 por ciento que se había detectado por uno del 6 por ciento

Esas modificaciones, dice la Contraloría, son una muestra de que el control en tiempo real está funcionando y de que se puede generar un cambio en los mandatarios para que usen los recursos de forma correcta.

Si las alcaldías no bajan sus presuntos sobrecostos ni cambian o modifican los contratos, el caso pasa a la Unidad de Reacción Inmediata, que se encarga de iniciar las actuaciones fiscales que correspondan. Así, hay un grupo interdisciplinario entre la delegada anticorrupción y la de responsabilidad fiscal de la Contraloría, junto con el de reacción inmediata, que se encargan de evaluar las alertas para iniciar indagaciones preliminares y actuaciones especiales.

La diferencia con los procesos que llevaba antes la Contraloría sobre la contratación es que antes se hacía un control posterior después de que se desarrollaba el contrato, y podía tardar 6 meses. Ahora, con estas nuevas prácticas que se abrieron para la Contraloría a partir de su reforma de control fiscal, se pueden hacer estas actuaciones previas para evitar que haya detrimentos patrimoniales.

JUSTICIA
@JusticiaET

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