Aunque la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre del 2016, trajo una disminución en el número de asesinatos por cuenta de la violencia derivada del conflicto armado, al mismo tiempo la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos ha ido en aumento y se ha dado de forma sistemática.
Esa es una de las principales conclusiones del informe ‘¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo’, elaborado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional, con base en el trabajo de seguimiento que le hacen al tema 9 organizaciones y centros de estudio del país.
El informe concluye que la violencia contra los líderes sociales es repetitiva, metódica y no aleatoria.
“Los asesinatos son selectivos y no indiscriminados, lo cual denota un proceso de identificación de la víctima por parte de los victimarios y reafirma un proceso de planeación”, subraya el informe del Iepri que tomó en cuenta trabajos previos del Cinep, Somos Defensores, Confederación de Acción Comunal, la Comisión Colombiana de Juristas, Verdad Abierta, la Asociación Campesina del Catatumbo, Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU) y el Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
Los asesinatos son selectivos y no indiscriminados, lo cual denota un proceso de identificación de la víctima por parte de los victimarios y reafirma un proceso de planeación
Un dato significativo es que al menos 106 de los líderes asesinados fueron atacados en sus sitios de vivienda, es decir un 41, 24 por ciento. El informe del Iepri hace énfasis en que hubo seguimientos previos.
Mientras que en todo el 2016 se registraron 99 asesinatos de líderes sociales, en el 2017 esa cifra fue de 144, y hasta el 31 de julio de este año la cifra de asesinados llegaba a 100, sumando un total de 257 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz.
De los muertos, 215 eran hombres; 38, mujeres, y 4 personas LGTB. Aunque la prevalencia sigue siendo sobre los hombres, el informe destaca que en los casos de las mujeres estos se llevan a cabo en un porcentaje importante con sevicia sobre sus cuerpos, deformándolos e incluyendo la violencia sexual.
Antes de ser asesinados, al menos 27 líderes sociales habían recibido amenazas previas. Además, en su mayoría las víctimas estaban en condición de vulnerabilidad socioeconómica o era sobrevivientes de hechos como desplazamiento forzado por el conflicto armado. De hecho, la violencia es perpetrada principalmente en zonas rurales y en menor medida en periferias urbanas de las principales ciudades capitales.
En general, las víctimas eran defensores de derechos de tierra y territorio, denunciaban actos de corrupción, presencia de actores armados, reclutamiento forzado y microtráfico. Otras víctimas hacían oposición a megaproyectos económicos, defendían derechos sexuales y reproductivos o trabajaban en proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito y otros referentes a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc.
Los asesinatos se han registrado en 27 de los 32 departamentos del país y en 142 municipios, es decir. Esto significa que la violencia contra ellos ocurre en el 84,37% del país.
La lista con las mayores violaciones a la vida de los líderes sociales la encabeza el Cauca, con 44 asesinatos; seguido por Antioquia, con 40 homicidios; Norte de Santander, con 19; Valle del Cauca, con 18; Córdoba y Putumayo, con 16 violaciones al derecho a la vida cada uno, y Nariño y Chocó, con 14 homicidios cada uno. En estos 8 departamentos se concentra el 70,42 por ciento de todos los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, señala el documento.
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De acuerdo con el informe, el arraigo local continúa siendo una tendencia entre las víctimas de homicidios, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos. Los líderes de juntas de acción comunal son los que más han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, con 61 asesinatos, seguidos por líderes cívicos comunales, con 52 casos, indígenas, 31 asesinatos, campesinos, 28 afro, 24.
Esa condición de arraigo con el territorio vuelve a tomar importancia al analizar los datos de líderes reclamantes de tierras y de sustitución de cultivos que han sido asesinados. Desde la firma del acuerdo de paz ha habido 27 homicidios de líderes de sustitución de cultivos ilícitos. Por otro lado, según el registro, de todos los líderes asesinados, 19 estaban involucrados de una manera u otra en actividades de restitución de tierras.
Sobre los cultivos de uso ilícito, el informe señala que, tras la firma del acuerdo de paz, estos han venido en crecimiento. De hecho, la ONU identificó que el año pasado en Colombia había 171.000 hectáreas sembradas con coca, la cifra más alta registrada.
Pero también dice el documento que con la salida de las Farc de los territorios ha habido una reconfiguración de dinámicas y otros grupos han llegado para quedarse con el negocio, causando un nuevo ciclo de violencia.
En el análisis se evidencia una coincidencia entre las regiones del país con mayor presencia de cultivos de coca y las regiones en las que han ocurrido más asesinatos de líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz, “pero más allá de la coincidencia espacial, estos hechos indican una relación causal, pues existe un patrón de asesinatos y amenazas contra líderes de procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito en estas regiones”, indica el documento del Iepri.
Más allá de la coincidencia espacial, estos hechos indican una relación causal, pues existe un patrón de asesinatos y amenazas contra líderes de procesos de sustitución de cultivos ilícitos
En cuanto a los líderes reclamantes de tierras, el análisis deja ver que hay un pico en el asesinato de defensores. En el 2016 se registraron 2 asesinatos; en el 2017, 9, y hasta el 31 de julio del 2018 había asesinado a 8.
El informe señala que en el 2017 y el 2018 finalizaron varios procesos de restitución con un resultado favorable a los reclamantes “que obligaba a los poseedores de mala fe, en su mayoría ganaderos y empresarios, a regresar la tierra despojada a los campesinos”.
Por eso, las organizaciones dicen que una de las posibles hipótesis es que, ante las decisiones judiciales que afectan negativamente los intereses de los despojadores, “estos pueden acudir a las estructuras armadas de las regiones para que ejerzan repertorios de violencia como amenazas y asesinatos para intentar revertir los procesos de restitución”.
El informe también resalta que en la mayoría de los crímenes se desconoce el grupo o actor detrás de los mismos. Del total de los homicidios en 118 casos (45,91 por ciento) se desconoce por completo la autoría; mientras que en otros 35 (el 13,61 por ciento) es posible identificar por las características de los homicidios que fue perpetrado por un grupo armado, aunque se desconoce cuál es.
Solo en 106 casos de violaciones al derecho a la vida (41,24 por ciento) se presume el autor. De estos, 44 se atribuyen a grupos paramilitares, con 19 casos; les siguen los que fueron atribuidos a disidencias de las Farc, luego están los 14 homicidios presuntamente cometidos por agentes de la Fuerza Pública, de los cuales la Policía es el presunto victimario en 3 casos y el Ejército Nacional en 11.
Al Eln se le atribuyen 8 asesinatos, otros 4 presuntamente fueron cometidos por grupos de seguridad privada, 2 casos son atribuidos al EPL y 15, a civiles cuya pertenencia a algún grupo está por establecer y que fueron capturados.
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Por otro lado, el informe señala que la mayoría de los asesinatos se cometen bajo altísimos niveles de impunidad por lo que hay una justicia parcial, además las investigaciones no siempre llegan hasta los determinadores, financiadores o autores intelectuales.
Según el informe, entre el 2009 y el 2017 solo en 49 casos (8,6 %) se ha logrado una sentencia, condenatoria o absolutoria, por el asesinato de líderes, lo que deja un 91,4 % de casos en los que aún no se alcanza justicia.
Aunque el informe destaca “un significativo avance procesal de las investigaciones en 155 casos (27,5%), que están en indagación, juicio y orden de captura”, subraya que el avance en las investigaciones o esclarecimiento de los crímenes no es igual a disminución de impunidad, “situación que solo se consigue cuando hay una sentencia”.
REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA
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