AP dice que nuevos documentos podrían afectar al general Martínez

AP dice que nuevos documentos podrían afectar al general Martínez

La agencia habla de siete pagos irregulares a informantes en casos vinculados con falsos positivos.

Entrevista con el general Nicacio Martínez

El general Nicacio Martínez fue designado en diciembre del 2018 como comandante del Ejército Nacional.

Foto:

Claudia Rubio / EL TIEMPO

Por: ELTIEMPO.COM
25 de mayo 2019 , 05:27 p.m.

Una semana después de que el diario estadounidense The New York Times publicó un informe cuestionando los efectos de una directriz del Ejército para mejorar sus resultados operacionales, argumentando que podría revivir los 'falsos positivos'; la agencia de prensa Associated Press (AP) publicó otro informe en el que indica que existen nuevas evidencias que vinculan al general Nicacio Martínez, actual comandante del Ejército, con pagos a personas vinculadas a ejecuciones extrajudiciales. 

AP afirma que recibió documentos de una fuente en condición de anonimato en los que consta que el general Martínez Espinel aprobó en el año 2005 al menos siete pagos irregulares a supuestos informantes.

"Algunas de las recompensas, que nunca superaron los 500 dólares, fueron para supuestos informantes cuyos nombres y números de identidad no coincidían. En dos casos, los investigadores judiciales encontraron que el verdadero beneficiario era el soldado Óscar Alfonso Murgas, quien sería condenado a 40 años por su papel en el asesinato de un civil. Un destinatario oculto fue un excomandante paramilitar condenado a 15 años por extorsión", dice la publicación.

Menciona otra inconsistencia, la autorización de pagos de información días antes de que los combates tuvieran lugar. "Tal fue el caso de un pago realizado el 17 de mayo de 2005 a un informante no identificado y que lleva la firma de Martínez Espinel. El pago se refiere al combate con supuestos guerrilleros el 20 de mayo, tres días después, en el que se informó que un hombre no identificado que tenía en su poder una granada y una pistola, murió", señala el reporte.

En febrero pasado, Human Rights Watch ya había hablado de uno de esos supuestos casos.

La organización criticó el nombramiento de Martínez por parte del presidente Iván Duque, entre otras cosas, argumentando que había sido el segundo al mando de la Décima Brigada en los años en los que se empezaron a investigar en su zona de influencia 23 ejecuciones extrajudiciales.

También por probar los pagos a un supuesto informante que dio lugar a un combate en el que murieron una mujer indígena y una niña de 13 años, y por el que posteriormente fueron condenados dos soldados cuando se probó que habían sido secuestradas, asesinadas y vestidas como guerrilleras para hacerlas pasar como muertas en combate.

La agencia dice que los documentos están en manos de la Fiscalía. El ente acusador señala, no obstante, que no tiene investigaciones en contra del general. De hecho, la justicia ya había dicho que los documentos entregados por HWR no eran suficientes para considerar al general Martínez como determinador de esos delitos.

Nicacio Martínez, documento de la Fiscalía

Respuesta de la Fiscalía a solicitud de información sobre si existen investigaciones contra el general Nicacio Martínez.

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Sobre las denuncias, el Ejército respondió este sábado que el general "no tiene investigación, sanción o impedimento alguno por parte de Fiscalía, Procuraduría, Justicia Penal Militar ni Justicia Especial para La Paz, por temas relacionados en Derechos Humanos que le impida ejercer cargos públicos".

Certificado de antecedentes de la Procuraduría de Nicacio Martínez

Certificado de antecedentes de la Procuraduría del general Nicacio Martínez

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La comunicación de la institución insistió en que las autoridades correspondientes son las encargadas de valorar todos los documentos que figuran en los procesos a su cargo. Y que el general está atento a cualquier llamado de las autoridades.

El Ejército fue enfático en decir que, en su papel en la Décima Brigada, el general Martínez tenía que firmar documentos de pagos administrativos, pero no era el determinador de las operaciones militares. "Como se ha advertido en las ruedas de prensa o declaraciones públicas, el cargo en la Décima Brigada era Jefe de Estado Mayor, esto significa que no tenía injerencia ni responsabilidad en la parte operacional, solo en la parte administrativa", indicó el comunicado.

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