El suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, figura en la investigación de la Fiscalía para establecer si fue el determinador de las irregularidades que se habrían registrado en el contrato para la pavimentación de un tramo de la troncal de la Paz.
En su indagatoria ante la Fiscalía, realizada el 16 de abril, el mandatario señaló que ante la imposibilidad de que una sola persona esté al frente de toda la contratación, durante su primera administración creó el Consejo Asesor de Contratación, del que hacían parte las secretarías General, de Hacienda, la Dirección Jurídica, la respectiva Secretaría Delegada para la Contratación, y Planeación.
Añadió que “este órgano hacía un control con enfoque integral, normativo y jurídico” de las contrataciones que se iban a hacer y que “la robustez de sus equipos de gobierno le daba la confianza para no intervenir en los procesos de selección, sino después que se contratara”.
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Igualmente, señaló que desde su campaña a la gobernación decidieron que la pavimentación de la troncal de la Paz beneficiara a Zaragoza, El Bagre, Caucasia y que “la evaluación de los contratos se hacía con el Comité Asesor de Contratación”.
Además, Gaviria dijo que no recordaba si el contrato 2005-CO-20-335 fue objeto de reunión y que “él delega y no está direccionando ni interviniendo esa delegación; la otorga y garantiza que se tenga la competencia y calidades para que se ejerza”.
Que su firma (la del gobernador) esté ausente de muchos documentos a lo largo de este proceso contractual, como se verá en los capítulos siguientes, no significa que estuvo al margen del proceso
Por otra parte, según el gobernador de Antioquia, no conoció el programa de inversión del anticipo de este ni de algún otro contrato, pues la vigilancia y el control los hacía a través del acompañamiento del comité asesor.
“Aníbal Gaviria no tuvo injerencia en los trámites administrativos pertinentes que hoy son objeto de investigación, realizados por los servidores públicos de la gobernación, los cuales adelantaron con total autonomía administrativa, técnica y profesional en ejercicio de sus funciones. Los controles a la delegación se hicieron a través del comité de Contratación”, dijo su abogado durante el proceso.
Y destacó las “condiciones profesionales y de experiencia administrativa” de Margarita María Ángel Bernal”, quien firmó el contrato.
Igualmente, sobre el cuestionado anticipo, dijo que hubo un error de mecanografía al escribir su valor y que ello no puede ser argumento para que la Fiscalía hable de un peculado.
“En realidad, el valor del anticipo ($ 19.319'318.225) corresponde al 24,5 % del valor del contrato. Además, las partes pueden modificar las condiciones de un contrato después de la adjudicación, como lo prevé la jurisprudencia”. Indicó la defensa del mandatario.
Así mismo, “respecto del pago de anticipos sin aprobación de pólizas, (dijo que) tal constatación no está dentro de las competencias del gobernador. No hay evidencia de que se hayan pagado anticipos sin aprobación de pólizas”.
Sobre el argumento del gobernador y la delegación de la función de contratación, el fiscal del caso señaló que esta no implica el desprendimiento del poder ni de la responsabilidad de quien delega.
Dice la Fiscalía que el contrato fue firmado por la Secretaría de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia, pero que lo hizo ejerciendo la delegación del gobernador de Antioquia y por tanto en su nombre. Señala que los funcionarios que participaron en el proceso eran subalternos del mandatario.
“Que su firma (la del gobernador) esté ausente de muchos documentos a lo largo de este proceso contractual, como se verá en los capítulos siguientes, no significa que estuvo al margen del proceso”, asegura la Fiscalía en el documento de 125 páginas.
Al resolver la situación jurídica, la Fiscalía no consideró que Gaviria Correa pudiera evadir la justicia, y señaló que tiene arraigo y que ha acudido al llamado del ente acusador.
Diana Sáchez. EL TIEMPO
En principio, la Fiscalía señala que se debe resolver situación jurídica al señalar que, por la pena del delito de peculado que llega a los 12 años, es obligación del despacho definir si el investigado sigue libre o debe ser objeto de alguna medida.
“La administración departamental liderada por Aníbal Gaviria Correa desconoció los principios de la contratación estatal que, como se advirtió, constituyen requisitos legales esenciales, no hizo pública la decisión de contratar la consultoría para los estudios, ni la de elegir el constructor, imponiendo su voluntad contra derecho y adicionando estos objetos al contrato inicial a pesar de que con ello modificaba el alcance físico de la obra ya contratada”, señaló la Fiscalía.
El gobernador Gaviria Correa no era ajeno entonces a la evolución de la ejecución del contrato, porque, dijo la Fiscalía, apegado a su talante, visitó al menos en dos ocasiones el terreno donde se localizaban las obras de la troncal de la Paz, una de ellas, cuando la pavimentación había avanzado más o menos en un 50 %.
En el expediente hay testimonios de funcionarios que señalan que recibieron llamadas del gobernador pidiendo información del contrato y que esto es evidencia de que “la actitud del gobernador Gaviria Correa no fue pasiva, esperando solamente la rendición de informes, sino que él mismo participaba en reuniones y comités técnicos de las obras de mejoramiento y pavimentación de la troncal de la Paz; socializó con la comunidad beneficiada el propósito de construcción del puente sobre el río Nechí y llamó a sus colaboradores pidiendo argumentos sobre la conveniencia de construirlo”.
Respecto al análisis de si el mandatario es un peligro para la sociedad o la víctima, la Fiscalía afirma que “si bien es cierto desde la época de los hechos hasta la presente ha transcurrido un lapso de tiempo considerable, que no otorga lógica a la imposición de una medida privativa de la libertad, también lo es que no puede pasarse inadvertido que hoy Aníbal Gaviria Correa nuevamente ocupa el cargo de gobernador electo de su departamento” y que si mantiene su decisión de delegar la contratación, esta postura “pudiera significar que será un peligro para la comunidad, porque subsiste la posibilidad que se repitan situaciones semejantes”.
“En tales condiciones, la réplica de actos semejantes en este nuevo periodo se puede avizorar como muy posible, lo cual hace necesario y urgente precaver a través de la cautela cualquier reiteración”, se lee en el documento.
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Y añade que la medida de aseguramiento se toma “sobre la necesidad de resguardar los intereses de la sociedad en cuanto espera de los gobernantes un manejo pulcro, transparente, responsable de los dineros públicos, y que se desarrolle la administración pública con imparcialidad, eficacia, moralidad y economía”.
No se avizora razón atendible que pueda explicar tan cuestionable falta de actividad ante la necesidad de investigar hechos de tan extrema gravedad
Sobre una posible obstrucción de la justicia, la Fiscalía señala que por el tiempo que ha pasado ya las autoridades tienen todos los documentos del proceso contractual que es investigado, pero que, “en todo caso, la ascendencia del señor Gaviria Correa en el territorio antioqueño puede significar, con mucha posibilidad, que se ejerzan presiones respecto de testigos o para el normal tránsito de la actuación procesal”.
Y cuestionó que aunque se tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades en el 2011, cuando la Contraloría Departamental de Antioquia las puso en conocimiento de la Fiscalía en Medellín, solo hasta el 2018 la carpeta fue enviada a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, “sin que entre tanto se hubiera realizado actuación alguna en aquella región”.
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Y, dice el fiscal del caso, “no se avizora razón atendible que pueda explicar tan cuestionable falta de actividad ante la necesidad de investigar hechos de tan extrema gravedad como los que dan cuenta estas diligencias”.
En el proceso ya fueron escuchados más de 10 testigos entre exfuncionarios de la gobernación e interventores del contrato y contratistas, incluyendo a Carlos Alberto Solarte y su hija Paola Solarte, el primero como accionista del Consorcio Troncal de la Paz que ganó la licitación y ella como interviniente en algunos episodios.
Los dos fueron procesados por irregularidades en el contrato Tunjuelo Canoas en Bogotá, que hace parte del caso Odebrecht. Él sigue en juicio y su hija firmó un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenada a seis años de cárcel.
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