El contrato que enredó al gobernador de Antioquia

Una decena de personas, entre ellas el contratista Carlos Solarte –en juicio por las irregularidades en el contrato Tunjuelo-Canoas, que hace parte del caso Odebrecht–, aparecen en la investigación de la Fiscalía General que enreda al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, a quien ayer el ente acusador le dictó medida de aseguramiento.

Apenas unos segundos después del anuncio, el tema ya era tendencia. Se escucharon voces de sectores políticos, incluso de orillas distintas, que mostraron su sorpresa por la medida que cobija a uno de los mandatarios con mejor imagen del país, y que manifestaron su confianza en que podrá aclarar los hechos por los cuales es investigado.

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El presidente Iván Duque anunció anoche que, en cumplimiento de las disposiciones legales, nombró como gobernador encargado a Luis Fernando Suárez, “quien actualmente se desempeña como secretario de Gobierno del departamento”. Este nombramiento es temporal y solo para garantizar que Antioquia tenga una autoridad departamental.

En el decreto expedido por el Gobierno se suspende a Gaviria, atendiendo la petición del fiscal general, Francisco Barbosa, y se designa a un encargado mientras la alianza de partidos y movimientos que inscribió su candidatura presenta una terna de la que se designará a quien asumirá el cargo. Una vez llegue la terna se verificará que las personas allí incluidas cumplan con los requisitos legales y se procederá a su nombramiento y posesión en el cargo, ante el presidente Duque.

La decisión que apartó del cargo a Gaviria y que fue anunciada por el fiscal Barbosa la adoptó un fiscal delegado ante la Corte Suprema que escuchó al mandatario en diligencia de indagatoria el pasado el 16 de abril. El investigador concluyó que había elementos de juicio para evidenciar que Gaviria pudo cometer los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por un contrato firmado en 2005 con el Consorcio Troncal La Paz, del cual era accionista Carlos Solarte.

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Por ser una investigación cuyos hechos se registraron hace 15 años, el caso se adelanta por el viejo sistema, en el que el fiscal del caso es quien resuelve la situación jurídica del investigado y no un juez. Una parte, la de Gaviria, que es aforado está en la delegada ante la Corte y la otra en la que se investigan las actuaciones de exfuncionarios de la Gobernación, contratistas e interventores está en un despacho anticorrupción de la Fiscalía.

“La decisión fue comunicada al Presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia”, dijo ayer el Fiscal.

Una vez sea suspendido, Gaviria se tendrá que presentar ante la Fiscalía para hacer efectiva la medida que cumpliría en su vivienda, la cual puede ser objeto de un recurso de reposición ante el fiscal que la adoptó. Entre tanto, los investigadores seguirán la práctica de pruebas, que pueden incluso ser solicitadas por la defensa del mandatario, y luego de su evaluación el ente acusador tendrá que tomar una decisión de fondo: lo llama a juicio por los delitos investigados o si cierra el proceso.

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El mandatario ha insistido en su inocencia y se ha mostrado dispuesto a atender el llamado de la justicia. “Con total serenidad entregaré en la Fiscalía las explicaciones que se requieran en un tema que fue promovido por mis contradictores en la pasada campaña electoral y frente al cual tengo absoluta tranquilidad. Ya la Fiscalía tiene en su poder los documentos que acreditan que no tuve ninguna participación en el contrato objeto de investigación, con lo cual espero que esta investigación termine prontamente a mi favor”, aseguró el gobernador en el momento en que fue notificado de la diligencia de indagatoria.

En la investigación, la Fiscalía señala que al momento de la firma del contrato, por 41.663 millones de pesos, Gaviria Correa era el representante legal de la gobernación y el responsable del gasto y que así hubiera delegado esa última función tenía que “ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación”.

La obra tenía como objeto el mejoramiento y la pavimentación de la Troncal de la Paz en el tramo La Cruzada-Caucasia, y se pagó un anticipo del 25 por ciento “que luego se amplió al 29 por ciento, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista”.

Para la Fiscalía, esto desconoció los principios de planeación y transparencia y el pago se hizo sin que existiera una garantía contractual para que el dinero se usara correctamente.

“La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios de la contratación pública”, señaló la Fiscalía. La primera, de cuatro mil millones de pesos, para un sector de la misma troncal; y la segunda, firmada cuatro días antes de que el gobernador terminara su periodo, contemplaba la construcción de un puente, que a juicio del ente acusador tenía que ser adjudicado en una nueva licitación.

En lo corrido del año, la Fiscalía ya ha judicializado a otros 15 mandatarios locales vinculados a presuntas irregularidades.

Aunque el común denominador han sido los procesos por contratos irregulares en el marco de la emergencia sanitaria, esta no ha sido la única razón y a algunos de ellos los han procesado por delitos electorales o por hechos que se habrían cometido durante su paso anterior por las administraciones municipales.

Hoy están en casa por cárcel los alcaldes Nelson Gómez, de Palocabildo, Tolima, y Germán Herrera, de Guaduas, Cundinamarca, por contratos para atender la pandemia. Fue imputado el alcalde Hernán Flórez, de Morelia, Caquetá, por contratos firmados cuando se desempeñó como alcalde del mismo municipio en 2010. Y fue condenado el alcalde Daniel Ricardo García, del Valle de San Juan, por ofrecer dádivas para llegar al cargo.

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