“La adicción a las drogas es el enemigo público número uno de Estados Unidos”. Esa frase, que pronunció el 17 de junio de 1971 el entonces presidente estadounidense Richard Nixon marcó el inicio de una guerra contra las drogas que cumplió 50 años y cuyo balance, de acuerdo con investigadores, es más que negativo.
Comenzando por lo evidente, Isabel Pereira, coordinadora de investigaciones de Política de Drogas de Dejusticia, señaló que las drogas no se han acabado. “Estamos persiguiendo una meta imposible. Desde la edad de piedra hay una relación de los humanos con sustancias psicoactivas, con fines recreacionales, terapéuticos o rituales, es una característica humana que no va a disiparse”, señaló la investigadora.
La guerra contra las drogas ha incumplido sus tres promesas: menos variedad de sustancias, menos cantidad y menos consumo, explicó Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), que trabaja en reducción de riesgos y daños por consumo de sustancias psicoactivas.
“Esta puede ser la política pública más fracasada de los últimos 200 años. Ni como prevención ni como interdicción han entregado los resultados que prometieron”, mencionó.
Incluso, David Restrepo, director de desarrollo rural y economías ilícitas del Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga (Cesed) de la Universidad de los Andes, apuntó que no solo la guerra antidrogas no ha servido para disminuir el consumo, sino que pareciera que la prohibición lo fomenta “porque genera un mercado ilícito controlado por el crimen organizado cuyo incentivo es vender la mayor cantidad posible y controlar los territorios donde opera”.
No obstante, para el general (r) Héctor Darío Castro, presidente del Colegio de Generales en retiro de la Policía, la guerra no ha sido un fracaso. “Se han conseguido muy buenos resultados pero el problemas son los intereses que hay alrededor de las drogas, pero sí ha tenido mucho éxito la Policía y todas las autoridades colombianas en el control del proceso de las drogas”.
Cada avance en interdicción impulsa la rentabilidad. Todo avance en últimas es un retroceso, ese es el problema que tiene la guerra contra las drogas, todo éxito es la semilla de su propio fracaso
Pero pese a que anualmente, en promedio, se incautan más de 400.000 kilos de cocaína, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), explicó que los avances en interdicción son marginales y están incluidos dentro de las pérdidas que el sistema del narcotráfico soporta.
“Cada avance en interdicción impulsa la rentabilidad del tráfico, fabricación y distribución. Todo avance en últimas es un retroceso, ese es el principal problema que tiene la guerra contra las drogas, todo éxito es la semilla de su propio fracaso”, dijo.
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Los costosLas drogas siguen, pero el costo de 50 años de enfrentarlas principalmente con capacidades militares, policiales y penales, ha sido muy alto en varios niveles, coincidieron todos los investigadores.
Por ejemplo, si bien no es fácil hacer un cálculo de cuántas vidas ha costado, en esa suma están las vidas de erradicadores –civiles y militares– que mueren debido a minas antipersonales en los cultivos, las vidas de líderes sociales que son asesinados por denunciar, las vidas de jóvenes que mueren en enfrentamientos entre bandas por el control del microtráfico, la gente que muere debido a sobredosis, que son evitables; entre otras, indicaron Pereira y Quintero.
Quintero estimó que entre 2.500 y 3.500 muertes al año en Colombia podrían estar ligadas a "temas relacionados a la disputa del comercio ilegal de la coca, Ahí puede haber jóvenes de barrio, líderes sociales, militares, mafiosos...", señaló. Añadió que aunque hay un subregistro en los datos oficiales, en el país "anualmente puede haber entre 40 y 60 muertes por sobredosis".
La mayoría de regiones con presencia de cultivos de uso ilícito tienen una baja presencia del Estado y altos índices de necesidades básicas insatisfechas.
Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO
También ha habido un costo, resaltó el director de la Corporación ATS en la estructura democrática en muchos países, que se ha visto afectada por corrupción; en la economía global “pues que sea la segunda economía paralela ilegal más grande del mundo –después del tráfico de armas– afecta a la economía del mundo”, señaló.
De otro lado, el costo económico en Colombia ha sido alto. De acuerdo con el senador Iván Marulanda, que presentó un proyecto de ley para regular la cocaína, cifras oficiales señalan que entre 2005 y 2015 el costo de erradicar cultivos ilícitos con glifosato fue de 8,8 billones de pesos, "es decir que en los diez años fueron 88 billones de pesos, que equivalen al presupuesto del Ministerio de Agricultura en 50 años".
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Así mismo, hay un impacto en el medioambiente, ya que la prohibición no detiene la producción de droga, por el contrario, como lo demuestra la última medición de la ONU sobre cultivos ilícitos, pese a que la cantidad de hectáreas sembradas con coca bajó en 2020, el potencial de producción de cocaína lleva subiendo varios años. Solo en 2020 el aumento fue de 8 por ciento, al pasar de 1.137 toneladas métricas en 2019 a 1.228 toneladas en 2020.
Para que haya más coca con menos materia prima hay una tecnificación y un mayor uso de químicos que terminan en las fuentes hídricas y los suelos, señalaron expertos.
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Otro impacto es en el sistema carcelario, que tiene una grave historia de hacinamiento. Un documento publicado por Dejusticia señala que entre 2005 y 2014 la Policía capturó a 2'479.630 personas de las cuales 727.091 (el 29,3 por ciento) eran por porte, tráfico o fabricación de drogas.
Eso deja un promedio de 80.787 capturas por año por conductas de drogas, lo que equivale a 221 capturas diarias o 9 capturas cada hora. El informe del centro de estudios resalta que por concentrarse en la persecución de esta clase de conductas se deja de lado otras que tienen más impacto en el crimen organizado: en el mismo periodo, conductas como el lavado de activos o el concierto para delinquir representaron solo un 0,5 y 0,7 por ciento, respectivamente, de las capturas.
La pregunta es cuánto tiempo más vamos a durar en esta guerra, cuánto tiempo se sostendrá el sistema de prohibición. Cuanto más tiempo, son más recursos y vidas perdidas
En la actualidad, 18.426 personas recluidas en prisiones nacionales lo están por tráfico, fabricación o porte de droga, según datos del Inpec, con corte al 17 de junio de 2021. Es el cuarto delito que tiene a más gente tras las rejas, representando el 11,5 por ciento de las conductas delictivas.
“La pregunta es cuánto tiempo más vamos a durar en esta guerra, cuánto tiempo se sostendrá el sistema de prohibición. Cuanto más tiempo, son más recursos y vidas perdidas”, cuestionó Pereira.
Para los investigadores consultados, el país está en mora de pensar su política de drogas desde otro enfoque, desde la salud pública, principalmente, y analizar vías para la regulación de las sustancias psicoactivas ilegales del mismo modo en que hace décadas se regularon las que hoy son legales, como el alcohol.
Pese a que en 2020 bajaron los cultivos, el potencial de producción de cocaína subió 8 por ciento y llegó a 1.228 toneladas. En la foto, un campesino cultivador de coca en Caquetá.
Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO
La coordinadora del área de Política de Drogas de Dejusticia destacó que mientras se logra una regulación, hay que ir tras el dinero de los grupos criminales, que es, finalmente, su motivación. Esa persecución, afirmó, no puede ser solo del lado colombiano: “Así como hay carteles que mueven la droga, hay carteles que reciben la droga y la mueven en los otros países, es una responsabilidad compartida".
En este punto coincidió el general Castro, quien señaló: “Hay que enfrentar el problema nuestro, que es principalmente el cultivo y procesamiento, pero en la parte de la economía y consumo tiene que haber responsabilidad de países consumidores y entidades financieras”.
Y añadió: "Pensando en que por ahora no sería viable la regulación, en muchos frentes se podrían hacer mejor las cosas: promover la investigación y usos alternativos de las plantas; poner el foco en los flujos financieros ilícitos millonarios que hay detrás de esto, más que centrarse en delitos de menor impacto; esperar los resultados de la sustitución de cultivos, que no se ven en un año".
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Restrepo, del Cesed de la Universidad de los Andes, consideró que el paso de la prohibición a los mercados regulados también debe incluir medidas para buscar que las personas que decidan consumir sustancias pospongan su inicio lo más posible, pues está demostrado que los mayores riesgos asociados al consumo se dan cuando se comienza en la infancia o juventud.
También resaltó la importante de pensar en un tratamiento diferenciado para las poblaciones más vulnerables en la cadena de valor de las drogas, “especialmente poblaciones campesinas, afro, indígenas, que han sido tan perjudicadas”, concluyó.
El director de Cerac añadió que incluso si no se avanza hacia una regulación, es necesario cambiar de estrategia para enfrentar “la producción, las organizaciones criminales, el crimen transnacional, la adicción como problema de salud pública, el daño económico... Es necesario buscar una política antidrogas con objetivos de reducción del daño, comenzando por la reducción de la violencia”.
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