Ante la jueza 28 de conocimiento de Bogotá Carmen Helena Ortiz, la Fiscalía General inició el lunes 26 de julio de 2021 la exposición de las razones por las cuales considera que se debe precluir la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigo por supuestamente intentar manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien lo ha relacionado con grupos paramilitares.
La diligencia se suspendió luego de más de ocho horas de audiencia y seguirá este martes.
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La petición de preclusión la había anunciado la Fiscalía el 6 de abril de 2021, luego de hacer una valoración del caso que recibió de la Corte Suprema el 3 de septiembre de 2020 tras la renuncia al Congreso del expresidente, acto que motivó el traslado del caso a la Fiscalía.
La diligencia inició apenas este lunes luego de que se resolvieran, en varias instancias, peticiones de reconocimiento de víctimas siendo finalmente aceptada (por orden de la Corte Suprema) como tal Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve.
El fiscal a cargo del caso, Gabriel Jaimes, inició su exposición haciendo una constancia de que en el proceso se han presentado filtraciones constantes de evidencias, materiales probatorios y demás y que se ha divulgado también una "interpretación sesgada de tales elementos para adelantar un juicio paralelo, tales hechos, que amenazan la administración de justicia, ameritan una advertencia de la juez a todas las partes. De persistir esta situación anómala sería inevitable un escenario no deseado de limitaciones a la publicidad de las actuaciones y la aplicación de medidas correctivas a las partes", dijo.
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Luego de esa advertencia y petición, el fiscal Jaimes comenzó con hablar de la definición legal de qué es la preclusión. Así mismo, examinó el momento procesal en que se está en el proceso, por ejemplo, recordó que el año pasado un juez de Bogotá resolvió la controversia sobre si la indagatoria que le hizo a Uribe la Corte Suprema era igual a una imputación en el proceso penal de la Fiscalía, y se concluyó que sí.
También dijo que tras el paso del proceso de la Corte Suprema a la Fiscalía y en virtud del cambio de sistema procesal en el caso, las pruebas recaudadas por el alto tribunal no podrían tomarse tal cual, sino que eran actos de investigación. Por tanto, la Fiscalía debió recaudar elementos materiales probatorios, y evaluar todo integralmente.
Jaimes organizó su exposición dividiendo en seis hechos jurídicamente relevantes el caso por el cuál la Corte Suprema investigó a Álvaro Uribe y dictó medida de aseguramiento en su contra el 4 de agosto de 2020.
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Se trata de la solicitud de retractación de Juan Guillermo Monsalve con intervención del abogado Diego Cadena, ocurrida entre el 21 y 23 de febrero de 2018; así como de la petición de retractación que se le hizo al testigo con intervención del exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático Álvaro Hernán Prada.
Este segundo hecho tiene que ver con Carlos López, conocido como 'Caliche', quien envió mensajes por WhatsApp a Monsalve para indicarle que personas del partido Centro Democrático lo habían buscado para que con su intermediación consiguiera un video en el que se retractara de las declaraciones que él venía realizando contra los hermanos Uribe.
En tercer lugar, se encuentran los intentos de obtener el testimonio del narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, para desacreditar a Juan Carlos Meneses, testigo contra Santiago Uribe Vélez.
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El cuarto hecho tiene que ver con la búsqueda del testimonio de Hilda Janeth Niño Farfán con intervención de Diego Cadena, en un hecho que, según la Corte Suprema, tendría a Álvaro Uribe como determinador. Niño Farfán declaró sobre un presunto complot montado por la Fiscalía, en la época en la que Eduardo Montealegre presidía la entidad y Jorge Perdomo era el vicefiscal, en contra los hermanos Uribe.
El quinto hecho tiene que ver con las declaraciones de los reclusos Máximo Cuesta Valencia, Johan Alberto Cadavid y Elmo Torregrosa, con intervención de Diego Cadena. Estas personas supuestamente dijeron que estaban dispuestos a declarar que Iván Cepeda les había hecho ofrecimientos para declarar contra Uribe.
Y el sexto hecho tiene que ver con la declaración de Carlos Enrique Vélez, 'Fosforito' y 'Racumín', y el video de Eurídice Cortés Velasco por intermedio de Juan José Salazar, abogado socio de Diego Cadena. Este caso refiere a unas cartas suscritas por los paramilitares en las que decían que les habían pagado por asegurar que Iván Cepeda buscó a personas privadas de la libertad para que declararan contra Álvaro Uribe.
La investigación contra Álvaro Uribe se centró en la Corte Suprema por varios abordajes que terceras personas le hicieron al testigo Juan Guillermo Monsalve, estando en prisión, entre el 21 y el 23 de febrero de 2018.
Días antes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le archivó una pesquisa al senador Iván Cepeda y compulsó copias para investigar a Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.
A la Corte llegaron días después informaciones sobre presuntas presiones a Monsalve para que se retractara de sus afirmaciones ante la justicia contra Álvaro y Santiago Uribe. Una de esas, según la exposición de la Corte, se hizo a través del abogado Cadena, quien habló efectivamente con Monsalve el 22 de febrero y le pidió la retractación, ante lo cual el testigo se negó.
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En la diligencia de este lunes, el fiscal Jaimes no alcanzó a exponer sus consideraciones sobre por qué, contrario a lo dicho por la Corte Suprema, de los hechos no se deriva ninguna responsabilidad penal del expresidente Álvaro Uribe.
Jaimes alcanzó a señalar que los testimonios del caso evidencian que hay versiones diferentes sobre lo que pasó esos días de febrero. Y, para ello, expuso en la audiencia apartados de tres declaraciones del testigo Monsalve, una de su exesposa Deyanira Gómez y casi dos horas de la indagatoria que rindió el expresidente Uribe en octubre de 2019.
En la diligencia de este lunes, el fiscal Jaimes expuso tres testimonios dados por Monsalve a la Corte Suprema y una al Consejo Superior de la Judicatura en las que Monsalve relata cómo Cadena se le presentó como abogado de Álvaro Uribe, le pide la retractación y lo visita ya con un documento firmado.
En el audio Monsalve menciona que un compañero de prisión, Enrique Pardo Hasche, venía diciéndole días antes que unos abogados querían hablarle y que él debía estar del lado correcto. También mencionó que durante la primera reunión que tuvo con Cadena, en la sala estaba también Jaime Lombana - quien ha sido abogado de Uribe- pero que este no habló con él.
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En los audios, que hacen parte del proceso, Monsalve dice que por no haber firmado el documento que traía Cadena preparado con su retractación, Pardo Hasche le dijo que se le iba a venir el mundo encima.
En la conversación que grabó Monsalve en video, y que envió a la Corte, se menciona al abogado Jaime Granados y según contó Monsalve en la ampliación de declaración, Granados y Juan Guillermo Villegas, amigo de infancia del expresidente, visitaron a su padre para obtener una declaración en su contra.
También mencionó al exrepresentante a la Cámara Álvaro Hernán Prada quien, a través Carlos López, alias 'Caliche', le habría pedido un video en el cual se retractara de sus declaraciones sobre Uribe.
En la última grabación que reprodujo la Fiscalía, de una declaración de Monsalve ante el Consejo Superior de la Judicatura, no solo se escucha hablar al testigo sino que también hacen preguntas los abogados Diego Cadena y Jaime Lombana, quienes interrogan a Monsalve sobre los señalamientos que hizo contra ellos en sus declaraciones ante la Corte Suprema.
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Gabriel Jaimes reprochó que Monsalve no haya aceptado declarar ante la Fiscalía y expuso una declaración de la expareja de Monsalve, Deyanira Gómez en una diligencia de 2018 ante la Corte Suprema de Justicia. Ella habló sobre esa primera reunión de Cadena con Monsalve, y dijo que Cadena buscó luego al abogado familiar para que Monsalve accediera a firmar la carta retractándose de su testimonio.
Gómez contó también que posteriormente su exesposo le entregó una carta para llevarla a la Corte Suprema en la que decía que se retractaba de sus declaraciones y pedía perdón por ensuciar el nombre de Uribe. Gómez se reunió con Cadena en el centro de Bogotá y le expuso que esa carta había sido producto de una presión y finalmente no la radicó.
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El fiscal Jaimes presentó un apartado de la diligencia de indagatoria del expresidente Álvaro Uribe en la que este asegura que conoció a Diego Cadena a través de su primo Mario Uribe, abogado que le comentó que algunos de sus clientes decían conocer hechos sobre el proceso de su hermano Santiago Uribe, en juicio por presunta conformación de grupos paramilitares.
Uribe aseguró que dio mandato verbal y luego por escrito a Cadena para que fuera a la Fiscalía sobre esos hechos, bajo dos premisas: "constatar la verdad y proceder de acuerdo a la Constitución y la ley".
Y afirmó, tajantemente, que nunca autorizó a Cadena para dar beneficios a Monsalve ni a otros testigos. "Lo único que me ha interesado es la verdad, nunca he pretendido alterar un testimonio", dijo Uribe.
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En cambio, señaló que Cadena le dijo que fue Monsalve el que le pidió un recurso de revisión, contrario a lo dicho por el testigo, y aseguró que el abogado no le dijo que iba a ir a visitar al testigo con un documento ya hecho.
El expresidente dijo que las declaraciones de Monsalve son mentirosas y que, en su desespero, acudió a su amigo Juan Guillermo Villegas para preguntarle si entonces en la región del Nus hubo paramilitares ante lo cual este dijo que no.
El expresidente Uribe dijo que no es cierto, como dijo Monsalve, que lo hayan escoltado paramilitares en alguna ocasión. Y reiteró que supo, por terceras personas que lo buscaban a él, como Vicky Jaramillo, que supuestamente Monsalve decía públicamente en la cárcel que había mentido y que se quería retractar. La respuesta de Uribe fue pedirle que le contara eso a Cadena.
"Mi única instrucción en este caso es que solo me interesa la verdad", insistió varias veces el expresidente. Además, aseguró reiteradas veces su preocupación por la seguridad del testigo ante el temor de que algo le pudiera pasar y que ese hecho le fuera adjudicado a él por la opinión pública.
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El expresidente insistió en que no dio órdenes a Cadena para hacer cosas contrarias a la ley, ni para dar ofrecimientos o dádivas y señaló, que la visita de Jaime Lombana en la cárcel el día 22 de febrero, a hablar con Enrique Pardo, obedeció a una circunstancia totalmente diferente y que no había nada premeditado en ello.
"Esa reunión no fue de coartada, no fue de un acuerdo entre Diego Cadena y Jaime Lombana. En alguna ocasión Lomabana me dijo que (cuando eso pasó) no conocía a Diego Cadena", dijo Uribe quien señaló que fue, al menos un mes después, en que Cadena le dice a él que para una futura reunión debía ir o el abogado Jaime Granados o Jaime Lombana.
Se espera que este martes 27 de julio de 2021, la Fiscalía exponga sus conclusiones sobre este primer hecho y las razones por las cuales no hay motivo para seguir investigando al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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Piden investigar a abogadoEn la primera parte de la diligencia, la juez 28 de conocimiento de Bogotá Carmen Helena Ortiz negó reconocer como víctima al abogado Luis Alfredo Castro en nombre propio y en representación del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro, reportado como desaparecido en Bogotá en noviembre de 1996.
La decisión se tomó la verificar que la desaparición del sacerdote no tiene relación con el caso por el que es investigado el expresidente.
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La jueza, que ya había negado por escrito el reconocimiento, lo volvió a hacer en audiencia pública luego de decidir no anular la primera decisión como lo había pedido la Procuraduría.
Tras tomar la determinación, la jueza declaró desierta la apelación y un recurso de reposición ante lo cual el abogado adujo una falta de garantías y declinó presentar la documentación sobre por qué debería ser tenido como víctima.
Además, la jueza compulsó copias para que fuera investigado disciplinariamente al considerar que el abogado Castro, con su petición, produjo una dilación manifiesta e injustificada del proceso.
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