En el 2004, Jorge Eliécer Jiménez, alias Jerónimo Aljure, fue capturado con un peligroso prontuario criminal en su contra en el que se le identificaba como jefe del entonces frente 56 de las Farc.
Hoy, 15 años después, la Fiscalía General lo señala de ser el jefe de una de las disidencias de las Farc que delinque desde Venezuela, territorio desde donde, según el ente acusador, ha coordinado atentados, amenazas, extorsiones y toda clase de delitos en Arauca.
La historia delictiva de Jiménez, quien nació en Tauramena (Casanare) el 9 de octubre de 1968, inició en las Farc en 1985 cuando se vinculó al frente 10 de esa exguerrilla.
Tres años después lo trasladaron al frente 28 en donde estuvo hasta 1996.
En el frente 10 lo nombraron segundo jefe, después de ‘Granobles’, y fue en ese momento en el que, según su historial delictivo, habría participado en el asesinato de tres indigenistas estadounidenses en marzo de 1999.
Al ser consultados por Jiménez, desmovilizados de las Farc le indicaron a la Fiscalía que, como comandante, era uno de los que ordenaba fusilar a los guerrilleros que dejaban las filas. Otro de los crímenes por los que es investigado es por su presunta participación en la muerte de 62 militares en la quebrada El Billar, en Cartagena del Chairá (Caquetá) en marzo de 1998.
En 2003 se convirtió en el jefe del frente 56 que tenía presencia en los departamentos de Casanare y Boyacá. Su hermano Evert Jiménez Martínez llegó a ser parte del Estado Mayor Bloque Oriental.
Un año después Jiménez fue capturado, hasta que en el 2009 se postuló a la Ley de Justicia y Paz, proceso por el que estuvo detenido por los delitos de secuestro, rebelión, hurto, secuestro simple, reclutamiento ilícito, aborto sin consentimiento, homicidio en persona protegida, entre otros crímenes por los que cumplía una pena de 40 años de prisión.
Pero en mayo del 2017, Jorge Eliécer Jiménez, quien era muy cercano al extinto jefe de las Farc Alfonso Cano, quedó libre tras el proceso de paz con las Farc por cuenta de la Ley de Amnistía.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá lo dejó libre luego de que la Fiscalía aseguró que cumplía con los requisitos para salir de prisión. En ese momento, Jiménez firmó el acta de compromiso con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la que se comprometió, entre otras cosas, a no volver a delinquir.
Se gestan y conciben en territorio venezolano. Es necesario que la comunidad internacional repudie y censure estos hechos
Tras quedar en libertad, según fuentes, Jiménez se presentó en la zona veredal de Mesetas y luego en Colinas, en Guaviare. Pero en septiembre del 2017, según fuentes cercanas a su proceso, hizo contacto con Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, el primer guerrillero de las Farc que desconoció abiertamente los acuerdos de paz con las Farc.
Así que, lejos de cumplir sus compromisos con la JEP de no volver a delinquir, Jiménez volvió a rearmarse y hoy es señalado por la Fiscalía General de ser el jefe de una disidencia de las Farc que delinque escondido en el municipio de La Victoria, en el Estado de Apure en Venezuela. Incluso, es considerado por las autoridades como el enlace de otros jefes guerrilleros que se apartaron del proceso de paz.
Hace dos días, alias Muelas, uno de sus hombres, aceptó los delitos que le imputaron por coordinar el atentado con explosivos de hace dos semanas contra el alcalde de Saravena (Arauca), Yesid Lozano Fernández, y de secuestrar y asesinar el pasado 3 de febrero al patrullero de Policía de Tránsito, Jonathan Smith Sierra Suaza.
‘Muelas’ también es señalado de atacar un esquema de seguridad de la exintegrante de las Farc, Maritza Paniagua, hecho en el que se robó las dos camionetas blindadas con las que era escoltada. Uno de esos vehículos, según la Fiscalía, está en Venezuela en poder de Jorge Eliécer Jerónimo.
Con el caso de Jiménez, el viernes el fiscal general Néstor Humberto Martínez le hizo un llamado a la comunidad internacional para que ponga su atención en los jefes disidentes que se refugian en Venezuela. Según Martínez, estos graves crímenes “se gestan y conciben en territorio venezolano. Es necesario que la comunidad internacional repudie y censure estos hechos que se gestan desde Venezuela que no puede convertirse en un país que protege al terrorismo”.
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